Tres años amordazados

Javier F. Ferrero

El 1 de julio se cumplieron tres años  de vigencia de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), forma menos incisiva de llamar a la “ley mordaza”, un látigo invisible que azota nuestra libertad de expresión y produce una brutal indefensión ante la policía y la justicia.

Ilustración de Clifford Harper

Esta ley fue redactada en plena crisis económica cuando se sucedían las protestas por los recortes y su fin era contener las mismas, a pesar de que, según datos de Interior, no se había registrado ningún incidente en el 99% de las manifestaciones convocadas en 2013. ¿Que por qué no la retiran ahora?, pues porque ni ha acabado la crisis, por más que nos diga lo contrario el Ibex, ni interesa dar marcha atrás a una ley tan útil para un Gobierno. Comodidad adquirida.

Qué sanciona la “ley mordaza”

Esta ley sanciona, entre otras, cuatro acciones que han adquirido protagonismo en estos años negros de gobierno popular.

  1. La más sangrante es la paralización de los desahucios. Al paralizar un desahucio estarías incumpliendo dos normativas: la relativa a “impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales” y la que hace referencia “a la desobediencia o la resistencia a la autoridad“. Por intentar que una familia no se quede en la calle, te puede caer una multa de entre los 601 y 30.000 euros. Castigan la pobreza y la solidaridad y nos dicen que es por nuestra seguridad.
  2. La manifestaciones que se celebren sin comunicar en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad están tipificadas como falta grave, y la sanción está comprendida entre los 601 euros y los 30.000 euros.
  3. Fotografiar a los policías. Es otra que las acciones que se podrán multar en cualquier manifestación. Concretamente, la ley recoge lo siguiente: “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información“. Tendrá una la sanción económica entre los 601 y 30.000 euros al estar considerada como una falta grave. Y recuerda, la palabra de un policía siempre valdrá más que la tuya. Buena combinación.
  4. No es posible escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños es otra de las acciones que han levantado polémica. Está considerada como una falta leve y el importe sancionador está comprendido entre los 100 euros y los 600 euros. Se trata de una medida diseñada para censurar los mensajes de las ONG, como Greenpeace, que usaba este método para dar voz a sus denuncias.

Según la ONG Anmistía Internacional, “tanto la LOSC, también denominada Ley Mordaza, como la reforma del Código Penal están sirviendo para procesar penalmente o sancionar administrativamente a personas usuarias de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas, por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “El nuevo gobierno de Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos que puedan socavar estos derechos: estaremos pendientes de que así sea porque después de tres años ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación”.

Entre 2015 y 2017 se ha condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo o la humillación a sus víctimas, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. Además, de las casi 19.500 sanciones impuestas por la aplicación del art. 37.4 de la LOSC, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad” en 2016 se ha pasado a 20.700 en 2017, a las que se añaden las 4.361 del primer trimestre de 2018 del que se tienen datos.

Qué es necesario cambiar

Para empezar, es necesario revisar en profundidad la legislación para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información, como por ejemplo la imposibilidad de la celebración de reuniones espontáneas, o las prohibiciones genéricas para celebrar reuniones en ciertos lugares. Somos personas libres y con derechos, nadie debería negarnos la posibilidad de reunirnos si eso es lo que queremos.

El Gobierno deben asegurarse de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban la formación adecuada en materia de derechos humanos, y garanticen, respeten y hagan respetar el derecho de reunión, expresión e información de toda la población, permitiendo que las y los periodistas pueden realizar su trabajo, incluido grabar y difundir información de la policía, sin injerencias injustificadas. No poder grabar acciones policiales nos deja a la población en clara indefensión ante las fuerzas del estado, su palabra vale más que la nuestra. Es necesario incorporar mecanismos independientes y adecuados de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

Esta ley ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y ha aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, atacando a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información.

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