Las viviendas-contenedor instaladas en La Palma incumplen la normativa de habitabilidad, con signos evidentes de oxidación en techos y estructuras apenas meses después de su
entrega.
Por Fernando Ariza | 8/05/2025
Han pasado más de tres años desde que el volcán Tajogaite, en la Cumbre Vieja de La Palma, erupcionó el 19 de septiembre de 2021, dejando un rastro de devastación que aún hoy marca la vida de miles de palmeros. La erupción, que duró 85 días, destruyó más de 1.600 viviendas, sepultó 1.200 hectáreas de terreno y obligó a evacuar a unas 7.000 personas. Sin embargo, en 2025, la isla sigue sin cerrar las heridas de esta catástrofe, y más de 100 familias continúan malviviendo en casas-contenedor, unas viviendas modulares provisionales que, lejos de ser una solución temporal, se han convertido en un símbolo de abandono y precariedad.
Un ‘gueto de metal oxidado’
Tras la erupción, el Gobierno de Canarias dispuso casas-contenedor en Los Llanos de Aridane y casas de madera en El Paso como medida de emergencia para alojar a quienes perdieron sus hogares. Estas estructuras, entregadas a partir de noviembre de 2022, casi un año después del fin de la erupción, fueron presentadas como una solución transitoria. Sin embargo, en 2025, según datos de Cáritas y asociaciones de afectados, al menos 85 familias (unas 200 personas) siguen viviendo en estas casas-contenedor, mientras que otras 36 familias residen en casas de madera. Estas cifras reflejan una realidad alarmante: lo que debía ser una solución de meses se ha prolongado durante años, condenando a los afectados a condiciones indignas.
Los contenedores, descritos por los vecinos como un ‘gueto de metal oxidado’, presentan graves problemas de habitabilidad. Informes técnicos, como el encargado por los afectados en 2023, concluyen que estas viviendas incumplen la normativa de habitabilidad establecida por el Decreto 117/2006, con signos evidentes de oxidación en techos y estructuras apenas meses después de su
entrega. Los inquilinos denuncian filtraciones, falta de aislamiento térmico y un mantenimiento nulo, lo que agrava las condiciones de vida en un entorno ya de por sí marcado por el trauma de la pérdida. Además, algunos afectados, como los de Puerto Naos y La Bombilla, no pueden regresar a sus hogares debido a la persistencia de gases tóxicos, lo que prolonga su dependencia de estas infraviviendas.
El drama humano detrás de las cifras
Más allá de los números, las historias personales reflejan la desesperación de los afectados. Según Cáritas, más de 3.000 personas siguen recibiendo asistencia en la isla, muchas de ellas enfrentándose a la paradoja de pagar hipotecas por viviendas que ya no existen. La burbuja inmobiliaria generada tras la erupción ha disparado los alquileres, que se han triplicado en zonas afectadas, y la conversión de pisos en alquileres vacacionales ha reducido aún más las opciones de vivienda digna.
La pasividad del gobierno: promesas vacías y burocracia
La respuesta de las autoridades ha sido ampliamente criticada por su lentitud e ineficacia. A pesar de que el Gobierno español ha movilizado 929 millones de euros hasta febrero de 2024 para la recuperación de La Palma, solo 150 millones se han destinado a ayudas directas a los afectados, mientras que el resto se ha invertido en infraestructuras. La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja 2021 reclama 100 millones de euros adicionales para 2024, destinados a compensar el valor real de las viviendas perdidas, fincas rústicas y segundas residencias, así como a ofrecer soluciones urbanísticas para terrenos cubiertos por más de 10 metros de lava, declarados inservibles.
Las promesas de construir viviendas dignas no se han materializado. En octubre de 2024, la Consejería de Vivienda del Gobierno canario reconoció que las casas-contenedor presentan ‘condiciones indignas’ y problemas de diseño, pero las soluciones siguen sin llegar. La burocracia y los plazos administrativos han consumido el tiempo y la paciencia de los afectados, mientras que medidas como la bonificación del 60% en el IRPF o la suspensión de intereses de créditos han sido criticadas por beneficiar a toda la isla, en lugar de centrarse en las zonas devastadas. Asociaciones como Tierra Bonita y Jaraco denuncian un ‘exilio en su propia tierra’ y acusan al gobierno de ocultar información clave.
Un grito de indignación
La situación en La Palma es un reflejo de la desidia institucional. Mientras el turismo comienza a repuntar y la isla recupera conexiones aéreas, los afectados del volcán siguen olvidados, atrapados en contenedores oxidados y promesas incumplidas. La Plataforma de Afectados lo resume con claridad: ‘El volcán nos arrebató nuestras casas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha’. Es hora de que el Gobierno de Canarias y el Estado español actúen con urgencia, priorizando la reconstrucción de viviendas dignas y compensaciones justas. La Palma no puede seguir siendo un cementerio de esperanzas, ni sus habitantes rehenes de una catástrofe que, tres años después, sigue sin resolverse.
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