Por Eloy Bermejo
Para aquellos que nos hemos formado en las diferentes disciplinas históricas, delimitar cronológicamente los procesos de cambio supone una obligación. Es una de las decisiones inherentes establecer un principio y un fin a los procesos históricos, seguramente para promover debates interminables sobre los mismos. Para el caso de la transición existen estudios con enfoques diferentes que dependen en cada caso de la intencionalidad política con la que se planteen y asuman esos enfoques. Si nos atenemos a criterios estrictamente jurídicos, podemos fijar el inicio de la transición en la Ley para la Reforma Política de diciembre de 1976 y su conclusión con la proclamación del nuevo sistema político-institucional a través de la tipificación legal de la Constitución de 1978. El enfoque legalista tiene de esta manera algunas lagunas, y es que los verdaderos cambios no se producen cuando se consagran legalmente, sino cuando en la práctica se reordena la convivencia y se regula la vida social. Es evidente, por lo tanto, que la España de 1978 no tenía mucho de democrática si la entendemos en términos estrictamente liberales, ni tan siquiera la aprobación de la Constitución suponía la aprobación del resto del entramado jurídico del nuevo sistema implementado (códigos, reglamentos, estatutos autonómicos…)
Fuera de los enfoques o criterios legalistas, existen otros que situarían el comienzo en octubre de 1982 con la victoria electoral del PSOE. Quienes apuntamos en esta dirección lo hacemos porque este hecho supuso la primera alternancia en el Gobierno a cargo de un partido distinto que provenía del bando derrotado de la guerra civil y que se presenta como un proyecto reformista. También lo es porque supuso la caída del Gobierno de UCD, partido que creció bajo el amparo del régimen franquista y que era hasta ese momento, el encargado de guiar la reforma de dictadura a democracia. Por último, porque este hecho supuso el resquebrajamiento del PCE, el partido que había guiado el proceso de lucha contra la dictadura y verdadero impulsor de la ruptura con el régimen. La fecha tiene por tanto un sentido práctico y simbólico como fin del proceso, sin embargo, este hecho traía implícito un relato que presenta al PSOE como garante de la democracia y que escondía un proceso continuista del viejo sistema político-institucional.
Ese continuismo estuvo marcado por la gran presencia del franquismo durante el proceso, lo que condicionó el resultado del mismo, sobre todo en la pervivencia como sistema político-institucional. Sobre esto último, la evidencia radica en algunos factores, como que hasta abril de 1979 los ayuntamientos siguieron gobernados por los mismos alcaldes de la dictadura o la continuidad del poder judicial y cuerpos de seguridad del Estado, que prácticamente se mantuvieron invariables. La estrategia del PSOE a partir de su llegada al poder en 1982 consistió en la puesta en marcha de un proyecto que modernizase la sociedad con un sentido tecnocrático que no se asemejaba en nada con los proyectos socialdemócratas clásicos, sobre todo porque en 1982 el escenario europeo socialdemócrata se había agotado, tanto por el cambio en el paradigma económico como por las transformaciones posteriores en la composición sociológica. La estrategia del PSOE consiguió encajar bien con las expectativas de las clases medias españolas y también, porque el Estado de Bienestar producía una serie de estímulos que acogieron de buena manera las clases populares y trabajadoras del país, sobre todo como mediadores del conflicto social. Las posibilidades de desarrollo económico descansaron también en el desarrollo autonómico, donde el PSOE integró a una mayoría social muy heterogénea en el nuevo sistema político instaurado, y lo hizo de tal manera, que hasta el Partido Popular pudo desempeñarlo sin demasiados tira y afloja.
La confrontación entre PSOE y PP fue durante más de treinta años ideológica, fue más partidaria y simbólica dentro de los debates institucionales y mediáticos que de rechazo a sus políticas y diferencias en los conflictos materiales de la sociedad. Con la llegada de la última crisis la representación del conflicto y de sus actores no permitió diferenciar entre uno y otro partido, sobre todo tras el pacto para hacer frente al freno económico a través de medidas antisociales. Los últimos cambios internos en el PSOE magnifican la inseguridad de un partido que, citando a Juan Andrade Blanco, “no deja de bascular entre un casting de jóvenes talentos y el eterno retorno del felipismo”.
El proyecto de intento socialdemócrata del PSOE no llega porque las autodenominadas clases medias han visto mermar su capacidad económica y social y con ello su desafección. A todo esto, hay que sumar la ruptura del bipartidismo con una nueva fuerza a su izquierda y la falta de proyecto territorial una vez que su federalismo es de marcado cariz conservador. El PSOE ha entrado en una fase de descomposición social e ideológica que supone una crisis en el sistema que comenzaron guiando e incluso la verdadera aplicación de un programa en términos socialdemócratas con las fuerzas a su izquierda, aunque solo fuera en términos fiscales y redistributivos les asusta, sobre todo porque atenta contra aquellos con los que durante estos últimos treinta años han compartido posición económica, de poder y prestigio. Pedro Sánchez se presentó a la reelección prometiendo volver a ser un partido socialdemócrata, el problema es, que el PSOE adapta el nombre a un discurso conservador.
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