Conversamos con Mari Ángeles, integrante del SAD de Sevilla, Plataforma de Servicio de Ayuda a Domicilio dedicada a atender necesidades de individuos y/o grupos familiares, cuando estos se encuentran en situaciones en las que no es posible la realización de sus actividades cotidianas.
¿Cómo resumirías la problemática que tenéis las mujeres del SAD? Porque es un tema del que no se habla nunca en medios.
Bueno, en nuestro trabajo cada vez hay más hombres, pero es principalmente un trabajo feminizado. La historia del SAD tiene 30 años, pero la mayor problemática que tenemos es la privatización del servicio. La competencia recae sobre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, pero al ser privadas en muchos sitios, se ha convertido en un negocio que mueve muchísimos millones de euros.
Entiendo entonces que vuestra principal proclama es la municipalización.
Sí. Para poner un ejemplo, en Jerez de la Frontera pusieron en marcha la municipalización y han anunciado contratos de hasta 120 compañeras nuevas. Esto en una empresa privada no se podría porque la privada necesita beneficios como negocio que es. En Sevilla han llegado a llevarlo cuatro empresas. Ya no solo estamos hablando de beneficios, sino de multiplicar por cuatro los directores, los subdirectores , las oficinas, etc. Se aprovechan de nuestras condiciones para ello.
Además, estas empresas privadas hacen requetenegocio, porque dan pequeñas formaciones con otras organizaciones que reciben también dinero del Estado, como Cruz Roja, y hacen cursos de 50 o 100 horas. Cuando la titulación obligatorio exige muchas más horas y prácticas.
Cada vez más la mitad de la plantilla son personas extranjeras. Nos encontramos con que les hacen contratos de 20 horas a 24 horas, y unos cuadrantes de 49 horas. De lunes a domingos. Si fuera una empresa pública, esto tendría una transparencia mínima. Además, les parten los turnos cundo no deberían, lo que les imposibilita que puedan buscarse otro trabajo. Tienen que estar disponibles las 24 horas cuando no las cobran y con unas condiciones infrahumanas.
Sois uno de los sectores que más riesgos laborales sufre.
La empresa está obligada a tener un estudio de riesgos laborales, pero como vamos a domicilios privados, nuestro derecho como trabajadoras choca con el derecho del usuario de su intimidad y privacidad. Vamos a domicilios privados y se nos niega que exista una valoración del domicilio del usuario por un técnico de riesgos laborales. Hay compañeras que se han partido literalmente la espalda porque la cama del usuario no estaba preparada para trasladarle de un lado a otro.
¿Y si os tenéis que dar de baja?
Pues tenemos a una compañera de baja porque el usuario tenía como te comentaba una cama que dificultaba trasladarlo, pero si el usuario no acepta que ese haga una revisión del domicilio, el ayuntamiento no puede facilitarnos nada. Encima, la compañera que la sustituyó también terminó con la espalda rota.
Después, hay compañeras que han trabajado en edificios donde había ratas y nadie valoraba nada porque el domicilio es privado. Otra compañera se contagió de tuberculosis porque por la privacidad del usuario no nos dicen qué enfermedades tienen de entrada para poner medidas.
También son cada vez más los usuarios con enfermedades mentales y no nos avisan. Por ejemplo personas con alzheimer cundo están en la etapa agresiva. Un usuario tenía un cuchillo con el que pudo hacerle daño a una compañera, pero una acompañante del usuario le avisó. Esto pone en peligro nuestra integridad física. Nos ponen impedimentos porque al ser una empresa privada es un negocio y eso supondría mas gastos para ellos. Si fuese publica, seria un servicio más.
¿La enfermedad profesional por COVID os la cubre este tipo de contrato?
Nos han puesto como profesionales esenciales, se nos da de baja como los sanitarios, pero se nos paga el 75% si nos damos de baja del salario base. Se nos quita el 25%. La paga extra también la tocan.
La mayoría de trabajadoras durante los dos primeros meses no teníamos los EPIs necesarios. Somos el segundo sector más contagiado después de los sanitarios. El 16,3% de contagios. Estábamos en riesgo porque no solo íbamos a las casad de los usuarios, sino que también les acompañábamos a los centros de salud, le hacíamos la compra, etc. Y las casas nadie las desinfectaba porque no es nuestro trabajo.
¿Para la vacunación os tratan como trabajadoras esenciales?
A las trabajadoras de por ejemplo instituciones como residencias se les ha vacunado con la Pfizer. A nosotras con la AstraZeneca. Y más tarde.
¿De cuánto es aproximadamente vuestro salario?
Nuestro salario base es de mil euros.
¿Cómo os tratan desde las instituciones cuando presentáis incidencias?
El Ayuntamiento mira hacia otro lado. Llegó a decir que solo había recibido 6 incidencias cuando hay un montón de denuncias que llegan hasta el techo.
Lo que no se está cumpliendo con vosotras es algo tan básico como el Estatuto de los Trabajadores.
Exacto. En cuestión de riesgos laborales, formación, reconocimiento, etc. Hay compañeras que les hacen un contrato y las tienen todo el día en la calle. Desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Eso es hacerles la vida imposible.
Además, estas empresas que están tras todo esto son grandes multinacionales. Es un negocio. Les damos igual.
¿Y el tema jubilación? Ahora que el PSOE anunciaba el posible retraso de la edad de jubilación.
La cantidad de compañeras que no llegan a lo 65 años por los riesgos laborales es inmensa. Cuando saben que no van a poder seguir haciendo el trabajo, las machacan con hasta cuatro usuarios diarios. Las empeoran las condiciones para que se vayan ellas solas y no haya que echarles ni pagarles la indemnización, etc, etc.
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