Todos somos El Jueves, menos El Jueves

Por Luis Aneiros | Ilustración de Bezerradas Nocturnas

Allá por 1985, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, manifestó que “La Justicia es un cachondeo”, a raíz de la suspensión por orden de un juez de la orden de demolición de un chalet de Bertín Osborne en zona no urbanizable, afirmación que le costó una condena de seis años de inhabilitación. Pedro Pacheco se equivocaba, sin lugar a dudas. Un cachondeo implica diversión, y si hay algo muy poco divertido en España es la Justicia y su administración.

No puedo hablar desde un punto de vista técnico porque soy un perfecto ignorante en la materia, pero hay un aspecto que, como español, me preocupa enormemente: si la justicia está al servicio del pueblo y de los ciudadanos, ¿no es cuando menos preocupante esa sensación que hay en la calle de que las cosas no son como deberían de ser?

Me explico:

Enero de 2015. Doce personas fallecen en un atentado de corte yihadista contra la sede del semanario francés Charlie Hebdo, supuestamente debido a algunas caricaturas satíricas o burlonas sobre el Islam y sobre Mahoma. Los líderes europeos no dudan en participar en una multitudinaria manifestación a favor, entre otras muchas cosas, de la libertad de expresión. A esa manifestación acudió, como no podía ser de otra forma, el presidente de España, país que ha visto como, en los últimos días, un juez  imputa a la revista El Jueves por una publicación en la que se insinuaba que miembros de la Policía Nacional consumían cocaína. Imaginémonos ahora que un grupo de policías nacionales con una posible tendencia a la extrema derecha y de fácil uso de la violencia (que yo no digo que los haya, ¿eh?… es sólo una suposición ficticia) se acercan a la redacción de El Jueves y se lían a tiros con sus miembros por la ofensa recibida. ¿Se pondría nuestro presidente del lado de la libertad de expresión o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y su derecho al honor? ¿Encabezaría una manifestación con el lema “Todos somos El Jueves” al lado de otros líderes políticos europeos? ¿O la libertad de expresión sólo es aplicable cuando se critica a musulmanes, pero no tiene validez cuando se opina sobre los servidores de la ley y el orden? ¿Será acaso que “todos somos El Jueves, excepto El Jueves?

Destaco este ejemplo por reciente, pero la lista podría ser interminable. ¿Es la justicia justa cuando se envía a la cárcel a ex delincuentes totalmente integrados en la sociedad, por asuntos sucedidos diez años atrás, ocasionando rupturas familiares y problemas laborales? ¿No hay otras opciones más que la prisión? ¿Por qué, sin embargo, se es tan comprensible con otro tipo de condenados, casualmente miembros de formaciones políticas de la alternancia gobernante o de la élite social, a los que no ordena su ingreso en prisión ni después de sentencias condenatorias firmes? ¿Deben los miembros del Govern  sufrir prisión preventiva por riesgo de fuga, debido a su alto nivel adquisitivo, mientras Iñaki Urdangarín disfruta de una tranquila estancia en Suiza con una condena a sus espaldas, acompañado de su esposa, libre ella de todo cargo posiblemente gracias a su pertenencia a una familia privilegiada? ¿Las sospechas de la fiscalía, que sirven para dictar orden de detención de un expresidente de la Generalitat, no son tan dignas de tener en cuenta cuando se refieren a la “probada” financiación ilegal del PP?

Como he dejado claro antes, mi absoluta ignorancia en la materia me lleva a no poder pronunciarme sobre estos asuntos más allá de la negativa percepción que de la justicia se tiene por parte del pueblo español. Cuando, a raíz de lo sucedido en Cataluña y sus consecuencias judiciales, escucho a expertos, tanto del periodismo como de la judicatura, hablar de la independencia y la despolitización de la administración de la Justicia en España, no puedo menos que esbozar una triste sonrisa de resignación. Si quienes pueden cambiarlo lo niegan, es que las esperanzas son pocas. ¿Son los culpables los jueces que se dejan llevar por su ideología, que la tienen? ¿O lo son los fiscales que obedecen órdenes de quienes los nombran y les pueden cesar? ¿Es la Ley, que es así? Evidentemente, la diferencia entre Justicia y Ley es que esta última existe para mantener tranquilos a los que dirigen nuestros destinos. No necesariamente van de la mano, y me atrevo a añadir que jamás podrán hacerlo, porque la Justicia tiene como misión principal igualarnos con los mismos que diseñan las leyes para mantener la desigualdad.

La libertad de expresión o de manifestación son logros de la sociedad española que, a día de hoy, se ven cercenados por leyes que no dudan en llamar delincuentes a quienes ejercen dichas libertades pacíficamente.

El tema catalán da para mucho, y ha evidenciado en gran medida los límites reales de nuestra sociedad. Estas semanas se ha hablado mucho de fascismo y franquismo como algo muy arraigado en nuestras instituciones, incluida la Justicia. Y eminentes personalidades de toda índole se apresuraron a desmentir ese arraigo. Desde muchos ámbitos y colores políticos surgieron declaraciones del tipo de “Durante el franquismo se encarcelaba por opinar y ahora hay libertad para hacerlo”, o “los regímenes fascistas torturan y asesinan a sus disidentes, y hoy eso no ocurre en España”. Pero eso es como si alguien dijera que una persona que porta una bandera neonazi y manifiesta su odio a los negros o los homosexuales no es nazi porque “Hitler asesinó a 6.000.000 de judíos en campos de concentración, y este hombre de la esvástica en el antebrazo no lo hizo”. No lo hace porque no puede, no porque no le gustaría hacerlo. Y sobre España y su deriva franquista se puede decir lo mismo. La Ley Mordaza es una prueba de las intenciones, evidentemente con los límites que impone la UE y los nuevos tiempos, que tiene el gobierno de Mariano Rajoy.  ¿De qué sirven los derechos democráticos que ampara la Constitución si después se instauran leyes que los limitan? La libertad de expresión o de manifestación son logros de la sociedad española que, a día de hoy, se ven cercenados por leyes que no dudan en llamar delincuentes a quienes ejercen dichas libertades pacíficamente. Si llamar a la resistencia pacífica “atentado a la autoridad” no es muestra de un régimen totalitario, no sé qué puede serlo. Y… ¿se escapa la Justicia a esta deriva? Evidentemente no. Y no lo haría aunque quisiera porque la Justicia aplica las leyes y, cuando éstas son totalitarias, su aplicación ha de serlo también. Otra cosa es que consideremos que algunos jueces se sientan realmente cómodos con estos “nuevos aires” de la política española. Y que esos sean, casualmente, los que terminan instruyendo o sentenciando los casos que afectan a las actuaciones de nuestros políticos, dictando sentencias cuando menos previsibles.

¿Casualidad? La publicación de El Jueves sobre el consumo de cocaína por parte de policías nacionales destinados en Cataluña tiene fecha de 5 de octubre. Después de numerosas quejas de los miembros de la Policía Nacional, el juez decide imputar a la publicación el 2 de noviembre, casi un mes después. ¿Para enmarcarlo dentro de las distintas acciones judiciales que estos días pretender devolver a España a la “normalidad”? No lo sé, pero me parece mucho tardar. La imagen del Gobierno, de la Policía, la Guardia Civil y la Justicia serán claves en el juego electoral que nos espera en los próximos meses. Y no me refiero a las elecciones del 21 de diciembre, que son sólo un parche con poco pegamento y mucha saliva, sino a las que sin duda tendremos en España para que el PP pueda sacar rédito de las tropelías cesarianas de Puigdemont. Y en este juego, hasta un chiste sobre policías de un semanario puede tener utilidad cuando no cuentas más que con el sentimiento nacional para tapar las miserias de un partido y un gobierno añorantes de tiempos en los que todo era más fácil porque ya en las escuelas aprendían a obedecer por miedo y no por convicción.

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