La Fiscalía General del Estado ha elaborado un informe en el que señala a la Iglesia española indicando que su respuesta ante los casos de pederastia es muy deficiente. En el texto se propone al Gobierno que tome medidas y sugiere la creación de comisiones nacionales independientes, al estilo de las de Australia u Holanda, para escuchar a las víctimas e indemnizarlas. Se trata de la primera reacción de los poderes públicos ante las crecientes denuncias de abusos en la Iglesia.
La actitud de la Conferencia Episcopal sigue siendo la de esperar. Ni siquiera ha creado, como ya exigió Roma en el plazo de un año, una oficina de atención a las víctimas, que pueda escuchar sus casos, investigarlos y, en su caso, indemnizarlas.
Como medida de presión ante esta situación, las diputadas de Izquierda Unida Roser Maestro y Eva García Sempere han registrado en el Congreso una batería de preguntas que dirige al Gobierno para que, entre otras cuestiones, aclare si “piensa realizar algún tipo de investigación para conocer la dimensión de los abusos a menores en la Iglesia católica”.
Se busca, de esta manera, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a la vista de lo ocurrido en otros países, diga públicamente si tiene intención de requerir a la jerarquía católica “que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos, tal y como han hecho otros países europeos”.
Las parlamentarias de IU reconocen en su iniciativa que “no es fácil conocer la justa dimensión” de este grave problema, principalmente “porque ni la Conferencia Episcopal Española (CEE) ni las diócesis facilitan suficientes datos”.
Algo similar ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, donde fue la Prensa la que comenzó a destapar delitos de esta naturaleza aunque luego, como pasó en Alemania, Holanda o Irlanda, las propias cúpulas católicas nacionales hicieron más tarde rigurosos informes y los respectivos gobiernos tomaron cartas en el asunto de forma decidida.
Roser Maestro y Eva García Sempere apuntan que, por lo visto hasta ahora, parece que “la Conferencia Episcopal no va a investigar nada”. Existe un breve informe de la Fiscalía General del Estado, solicitado por el Ministerio de Justicia, que concluye que las respuestas de las instituciones ante los casos de pederastia en la Iglesia son ‘insuficientes’, y aporta algunas propuestas, pero sin dar datos concretos.
En nuestro país, medios de comunicación como el diario ‘El País’ han hecho un compendio de los casos conocidos en los últimos años, a pesar del oscurantismo y la manifiesta ocultación por parte de la jerarquía eclesial. A día de hoy dicho recuento arroja 108 casos con, al menos, 357 víctimas desde 1986, lo que prácticamente iguala la cifra de todos los que se conocían hasta entonces.
García Sempere y Maestro completan su iniciativa parlamentaria, a la que el Gobierno debe responder por escrito, interrogando sobre “qué iniciativas va a poner en marcha para prevenir, detectar, perseguir y reparar este tipo de abusos en la Iglesia católica” y también si “piensa denunciar los Acuerdos con la Santa Sede para revisar todo aquello que contraviene las esencias de un Estado aconfesional”.
La pregunta es sencilla y los próximos días tendremos la respuesta: ¿Tiene el PSOE intención de investigar la dimensión de los abusos a menores en la Iglesia católica española?
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