Este hallazgo confirma que los grupos del crimen organizado siguen perfeccionando sus técnicas para borrar cualquier rastro de sus víctimas, mientras las familias continúan la búsqueda en medio del miedo y el abandono institucional.
Por Isabel Ginés | 16/03/2025
El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha quedado marcado como un punto clave en la crisis de desapariciones en México. El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que este predio era utilizado como un crematorio clandestino, un sitio de exterminio y un campo de adiestramiento del crimen organizado.
El hallazgo es estremecedor: entre cenizas y tierra removida, el colectivo encontró cinco lotes de restos óseos fragmentados, 400 prendas de vestir, calzado, mochilas, libros, casquillos de bala y otros objetos personales. Todo esto apunta a que el sitio funcionó como un centro de desaparición forzada, operado con total impunidad.
La intervención fallida y las omisiones de las autoridades
El caso de Teuchitlán cobra mayor relevancia al considerar que en septiembre de 2024 el Rancho Izaguirre ya había sido intervenido por las autoridades. En ese operativo, se detuvo a 10 personas y se liberó a dos más, además de hallarse el cuerpo sin vida de un civil. También hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y sujetos armados, de los cuales algunos lograron escapar.
Sin embargo, pese a haber sido asegurado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió que los sellos del predio habían sido rotos, lo que permitió que continuara operando como un sitio de exterminio. La Fiscalía de Jalisco ha anunciado que revisará la intervención anterior para determinar si hubo omisiones en los procedimientos y si las autoridades locales permitieron que el crimen organizado siguiera operando con total impunidad.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha declarado que se abrirá una investigación para esclarecer estos hechos, pues considera “increíble” que una operación de esta magnitud pasara desapercibida para las autoridades estatales y municipales. Las investigaciones han revelado un nuevo método utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para desaparecer cuerpos: los restos calcinados eran enterrados bajo bloques de ladrillo y cubiertos con una capa de tierra, lo que dificultaba su detección en inspecciones previas.
Este hallazgo confirma que los grupos del crimen organizado siguen perfeccionando sus técnicas para borrar cualquier rastro de sus víctimas, mientras las familias continúan la búsqueda en medio del miedo y el abandono institucional.
El caso de Teuchitlán es solo una muestra más de la crisis de violencia y desapariciones en México. La existencia de crematorios clandestinos operando impunemente refleja no solo la brutalidad del crimen organizado, sino también la negligencia o complicidad de las autoridades.
Si no fuera por la incansable lucha de los colectivos de búsqueda, estas atrocidades permanecerían ocultas. Son las madres, hermanas y esposas de los desaparecidos quienes han asumido el papel que el Estado ha abandonado: el de buscar justicia.
La impunidad sigue siendo la norma. Mientras los criminales encuentran nuevas formas de desaparecer a sus víctimas, las familias continúan escarbando en la tierra con la esperanza de hallar un rastro de sus seres queridos. El hallazgo en el Rancho Izaguirre es un recordatorio de que la violencia no solo arrebata vidas, sino que deja comunidades enteras sumidas en el miedo y el dolor.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo?
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