Teresa Ribas Ariño: “Las diferentes encuestas han arrojado altos porcentajes de aceptación social de la ayuda para morir, entre un 78% y un 88%”

Entrevistamos a la doctora Teresa Ribas Ariño, integrante de la asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’ (DMD).

Por Sol Gómez Arteaga | 31/05/2024

Teresa Ribas Ariño estudió y se licenció en Medicina en la Universidad Central de Barcelona a principios de los 70, donde posteriormente se doctoró en 1994 con una tesis sobre Tumores Cerebrales; uno de los polos de preferencia en su trabajo fue la neuropatología. Posteriormente, se especializó en Anatomía Patológica vía MIR En el Hospital General de Asturias de Oviedo. Tras un periodo de trabajo en Cataluña, llegó al Hospital de la Diputación de León en 1987 donde afrontó el reto de crear desde cero un Servicio de Anatomía Patológica inexistente. Tras la fusión con el Hospital Virgen Blanca, se hizo cargo de la Jefatura del Servicio unificado, hasta su jubilación. Dicho Servicio ha llegado a ser referente en la Comunidad de Castilla y León, gracias a una imprescindible una labor de equipo.

El término eutanasia deriva de los vocablos griegos «eu» cuyo significado es bueno y de «thanatos» que significa muerte, por consiguiente su significado etimológico es «buena muerte». ¿Qué es la Asociación Derecho a Morir Dignamente?

La asociación Derecho a Morir dignamente, tiene su embrión en una carta dirigida al diario El PAÍS en noviembre de 1983 por Miguel Ángel Lerma, haciéndose eco de una entrevista anterior a miembros de la Asociación Francesa Derecho a Morir con Dignidad. Declara en ella pertenecer a The Voluntary Euthanasia Society, con sede en Londres, e insta a las personas interesadas a contactar con él con el fin de crear un clima social favorable tanto a las voluntades anticipadas como a legalizar la ayuda para morir en determinadas circunstancias. Cerca de 200 personas contactaron con él y fueron los creadores de la Asociación española, redactando unos estatutos fundacionales. Inicialmente se les negó la inscripción en el registro nacional de Asociaciones, alegando que contravenía el Código Deontológico de la profesión médica. Sin embargo, el apoyo posterior de intelectuales y organizaciones internacionales similares hizo posible su inscripción en diciembre de 1984; posteriormente, en 1989, la asociación trasladó su sede a Barcelona y fue presidida por Salvador Pániker, siendo vicepresidenta Juana Teresa Betancor. En 2009 y hasta su fallecimiento en 2019, se hace cargo de la presidencia el Doctor Luis Montes, recordado no solo por su trabajo al frente de DMD, sino también por el acoso sufrido por parte de las autoridades político sanitarias de la Comunidad de Madrid. Actualmente, a nivel nacional es Javier Velasco quien ejerce esa labor.

De modo que este año celebramos el cuarenta aniversario de una asociación no vinculada a ningún partido político, con estructura federal a nivel nacional, que impulsa valores de libertad como el derecho a decidir sobre el propio final, luchando para superar la incomodidad que supone hablar de la muerte. Nuestra labor se materializa promoviendo el Testamento Vital o Voluntades Anticipadas, asesorando sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida y llevando a cabo acciones para que se cumpla la Ley de Eutanasia.

La ayuda a morir dignamente en España está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, ¿crees que con dicha ley está regulada suficientemente la eutanasia en la actualidad? ¿Qué mejoras o avances propondrías?

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) se ha dicho desde que comenzó a gestarse que era una ley ”garantista”, es decir que jurídicamente sería una ley tutelada en su ejercicio y de difícil vulneración. Esa garantía lo es fundamentalmente para los médicos y para la sociedad, y no tanto para la persona que se acoge a la misma. Para ejercer ese derecho, el ciudadano que lo precise, además de encontrarse en el contexto adecuado, tiene que solicitarlo a los servicios sanitarios, cumplir un protocolo que le obliga a deliberar y afirmar por dos veces su voluntad. Para ello, hay varios actores intervinientes cuya labor resumo: Médico Responsable (MR), Médico Consultor (MC), Comisión de Garantía y Evaluación (CGE).

El primero suele ser el profesional que está más al cargo del paciente (MR) siempre que no sea objetor; en ese caso la Administración Sanitaria debe asignar otro MR. El MC, es otro facultativo requerido por el anterior, y la CGE es un órganismo deliberativo, diferente en cada Comunidad Autónoma, asignado por el gobierno de turno, y cuenta con un mínimo de siete profesionales del ámbito sanitario, jurídico y de trabajo social. Lamentablemente en algunas de estas Comunidades, la CGE está entorpeciendo y enlenteciendo el desarrollo del proceso y de la LORE.

En los países en los que la eutanasia es legal desde hace muchos años, esta CGE sólo interviene revisando el procedimiento al final del mismo. Lo que está sucediendo al cabo de estos tres años tras la regulación en nuestro país, es una desigualdad manifiesta entre unas y otras Comunidades, desigualdad claramente marcada por el sesgo ideológico del gobierno de cada una de ellas. En algunas Comunidades, en la CGE hay personas que se manifestaron en su momento públicamente en contra de la eutanasia, y es fácil comprobar cómo ello influye tanto en los retrasos en la designación de MR al inicio del procedimiento, como en su posterior desarrollo.

A mi juicio, es uno de los aspectos que hace que la LORE sea manifiestamente mejorable. Y será preciso deliberar de qué modo estas CGE pueden y deben estar desprovistas de prejuicios y sesgos ideológicos. Todo el respeto para aquellas personas que no deseen la eutanasia, todo el respeto para la objeción de conciencia; pero es exigible el mismo respeto para aquellos que quieran acogerse a la Ley.

Solicitar ayuda para morir, pedir la eutanasia, no es una cuestión banal; quienes lo hacen, lo tienen muy pensado y madurado, no es una decisión que se tome a la ligera. Y prolongar el sufrimiento es claramente una crueldad.

Otro aspecto que modificaría sería la edad de acceso a la prestación; actualmente el requisito es ser mayor de edad. Pero ¿que ocurre con algunos adolescentes maduros, que pueden estar inmersos en un sufrimiento insoportable? Es a mi modo de ver otro aspecto que se debería debatir y revisar.

Explícanos qué pasos/procedimiento tenemos que seguir los ciudadanos de a pie para que, llegados a una situación extrema, podamos acogernos a la eutanasia.

Para solicitar la ayuda para morir, hay que seguir una serie de pasos que intentaré resumir: una persona española o con residencia legal en España, mayor de edad e inmersa en un sufrimiento insoportable y con pronóstico de vida limitado, debe acudir a un facultativo que será su Médico Responsable (MR), que no debe ser objetor de conciencia. Por ello, aconsejamos preguntar previamente al profesional al que se va a solicitar la ayuda su posición al respecto. Si el MR acepta continuar con el trámite, se sientan juntos a deliberar acerca de alternativas si las hubiera, acerca del pronóstico y de la posibilidad cuidados paliativos si los hubiese. Debe quedar claro que la persona solicitante no es objeto de ningún tipo de presión externa que le lleve a desear morir, y que ese deseo procede exclusivamente de su padecimiento y su voluntad. Tras ello, quince días después el paciente se reafirma en su deseo presentando una nueva solicitud, comenzando un segundo proceso deliberativo para atender a dudas o necesidades. Es el momento en el que el paciente firmará el consentimiento informado.

Tras esa fase, el MR solicita un informe a un facultativo consultor (MC), que estudiará la historia clínica y examinará al paciente si lo considera necesario, redactándolo en un plazo no superior a los diez días, y que se integrará en la historia clínica del paciente. Si dicho informe es favorable, continúa el proceso, mientras que si es desfavorable, el paciente puede recurrir a la CGE. En caso de informe favorable del MC, la citada CGE recibe un informe del MR , la cual en el plazo de dos días debe designar a dos de sus miembros, un jurista y un sanitario, para que comprueben si concurren todas las condiciones para que la prestación se lleve a cabo; y si es así se le comunica al MR en un plazo máximo de siete días para que proceda a realizar la ayuda para morir, cuando el paciente lo decida y en el lugar que quiera que se lleve a cabo: hospital, domicilio, residencia. Con el máximo cuidado y profesionalidad.

Una vez autorizada esta ayuda, el paciente puede desistir, aplazar o renunciar de manera verbal, comunicándolo al equipo sanitario, que escribirá en la historia clínica todas esas circunstancias.

Si la CGE rechaza la prestación solicitada, puede recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En vuestra memoria de la Asociación leo: “Hoy en día se muere bien, mal o regular, dependiendo del equipo médico que te toque y de la planificación que hayas hecho”. ¿Os habéis encontrado como asociación con trabas administrativas o de determinados sectores que coartan el respeto a la libertad de conciencia de la persona de decidir sobre su vida en situaciones vitales extremas?

Primero de todo, quiero remarcar que nuestra Asociación no efectúa ningún procedimiento de eutanasia; esta ayuda es un derecho sanitario incluido en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y es allí donde acuden los pacientes.

DMD únicamente realiza labores de asesoramiento; y en este contexto sí se tiene conocimiento de dificultades y trabas en las diferentes etapas del proceso. Cuando las personas solicitantes de la ayuda o sus familiares se encuentran con problemas es cuando acuden a nuestra organización, que cuenta con personal voluntario también en el ámbito jurídico para intentar resolverlos. Surgen tanto por la existencia de objeción de conciencia o de conveniencia, como por las trabas que supone la actuación de algunas CGE, organismo que finalmente es el que estima procedente o no una solicitud. Más que coartar la libertad de conciencia de las personas de una manera directa, lo que ocurre es que dificultan de tal manera el proceso que lo hacen inoperante.

Algunos casos se han hecho públicos porque los familiares fueron valientes y tomaron esa decisión. Sin embargo, no se puede pedir lo mismo a todos aquellos que se han encontrado con trabas, ya que mantener la confidencialidad y la discreción es un imperativo categórico, es primordial.

Desde el punto de vista burocrático, el procedimiento es complejo. En los inicios del desarrollo de la Ley, había escasa formación e incluso escasa información a los profesionales. Poco a poco, es un aspecto que creo que va mejorando.

Desde que comenzasteis a trabajar como asociación hace cuarenta años, ¿hay un avance en la sociedad respecto a la eutanasia?

Por supuesto que la sociedad ha cambiado y madurado mucho debatiendo ese tema.

Tras el registro de DMD como asociación, y como punta de lanza para la regulación de la eutanasia, hubo otros momenos destacables, como la presentación de diversas intervenciones parlamentarias, e incluso en el año 1993 un anteproyecto de Ley por parte de Cesáreo Rodríguez-Aguilera, senador del PSOE. También Pilar Rahola, entonces diputada por ERC promovió en 1994 una proposición no de ley en torno a la eutanasia.

Un momento clave fue el suicidio de Ramón Sampedro, ocurrido en 1998, y la posterior realización de la película “Mar adentro” sobre ello. Ahí se intensificó un debate en una ciudadanía con mayor desarrollo y más secularizada que en épocas anteriores. Fueron cobrando fuerza valores como la libertad y la autonomía personal que, de algún modo, son parte definitoria de nuestro entorno colectivo actual. El conocimiento y publicidad de todo ello, obligó a reflexionar tanto a los legos en la materia como a profesionales sanitarios y juristas.

Posteriormente ha habido otros casos que han alcanzado relevancia mediática. Merece la pena destacar y mencionar aquí el suicidio asistido de María José Carrasco, ayudada por su marido Ángel Hernández, tras padecer durante 30 años Esclerosis Múltiple; Ángel fue imputado por violencia de género (sic) por un hecho del que él se autoinculpó y posteriormente absuelto al retirarse la acusación tras aprobarse la LORE.

La LORE también obtuvo un amplio apoyo parlamentario, aunque sus detractores posteriormente presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional, recurso que fue denegado. Las diferentes encuestas han arrojado altos porcentajes de aceptación social de la ayuda para morir, entre un 78% y un 88% según diferentes encuestas publicadas. Estas cifras hacen pensar que muchos votantes de los partidos que no apoyaron la regulación de la eutanasia, están, sin embargo, a favor de la misma.

La muerte continúa siendo un tabú del que no se habla, pero va intrínsecamente asociada al hecho de vivir. Vivimos en una cultura que ignora la muerte y la relega a espacios cerrados, salas de espera, habitaciones de hospitales ¿Crees que habría que llevar a cabo acciones para visibilizar la muerte, normalizarla, conocerla y comprenderla mejor, integrarla en nuestra vida y cultura?

Efectivamente, la muerte no es un tema fácil de abordar. Es frecuente observar un rechazo en el auditorio cuando surge ese tema, parece que siempre son los otros los que se mueren. Y, sin embargo, como dijo recientemente el expresidente uruguayo José Mújica, la muerte es lo más absolutamente democrático que hay. La muerte de los demás nos parece asumible; la nuestra no, pensamos que podremos dialogar con ella. Pero no sabemos cuando nos va sorprender.

Para visibilizar ese fin de la biología y la biografía, nuestra asociación organizó una exposición itinerante, La Muerte Digna e Ilustrada, en la que a través de las obras de diferentes artistas plásticos se reflexionaba ampliamente acerca de ello. Esta exposición recaló en León, albergada por la Fundación Sierra Pambley, en diciembre de 2022.

Por último, y en pocas palabras, como profesional de la Medicina, ciencia que nos ayuda a nacer y vivir mejor y también morir mejor, ¿qué consideras que no es la eutanasia?

El debate acerca de la LORE ha suscitado controversia y afirmaciones que han podido llevar a confusión.

Una de ellas ha sido el obstinamiento terapeútico. Limitar el esfuerzo terapeútico, dejar de aplicar tratamientos que únicamente prolonguen una vida sin sentido es buena praxis médica, no es eutanasia.

No es la eutanasia un medio para eliminar a personas molestas o envejecidas, argumento torticero y grosero emitido por detractores de la Ley. La eutanasia hay que solicitarla y cumplir los requisitos que anteriormente se mencionan.

No es tampoco una “pendiente resbaladiza” por donde se vayan a provocar fallecimientos no deseados. En los Países Bajos, donde es legal desde hace más de 20 años, se ha comprobado que esta opinión no se sustenta. La ayuda para morir sólo se solicita en situaciones límite y aquellas personas contrarias a este procedimiento jamás se verán abocadas a llevarlo a cabo. La eutanasia no es obligatoria, es una solicitud voluntaria y personal para evitar una mala muerte, lo cual es indeseable desde todos los puntos de vista.

Y para finalizar, la eutanasia no es una confrontación con los cuidados paliativos. Ambos son necesarios, complementarios y diferentes en la ayuda a la muerte médicamente asistida. La sedación paliativa la decide y ofrece el profesional médico en un estado terminal. La eutanasia la solicita el paciente inmerso en un sufrimiento insoportable. La primera es una práctica clínica, la eutanasia es un derecho de la persona. En la conciencia de los profesionales sanitarios, la mala muerte es también una situación de emergencia, que es necesario intentar paliar.

Como le dijo Miguel Hernández en una carta a su amigo Carlos Rodriguez Spiteri, despidiéndose: “Lo importante, que no hay nada importante, es dar una solución hermosa a la vida “.

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