La Organización Mundial del Trabajo (OIT) y UNICEF creen que la ya de por sí brutal cifra de menores trabajando puede aumentar por la crisis derivada del Covid-19.
Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responda a sus necesidades y su bienestar
La privatización del Sistema ha sido denunciada, incluso, por la ONU, que señala que “acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”.
«Con voluntad política, todos podemos hacer frente a esta situación. Cada sector y cada parte de la comunidad puede marcar la diferencia para hacer que la sociedad sea más segura para los niños»
