El gobierno de Nicaragua canceló el registro legal de seis ONGs financiadas por EEUU y la UE que incumplían obligaciones de informar sobre su estado financiero.
El Gobierno español está incumpliendo los artículos 156, 157 y 158 de la Constitución, pues el modelo de financiación autonómica no cumple con los principios constitucionales de autonomía financiera, igualdad y solidaridad
