La gestión del gobierno de extrema derecha, aunque contenida por los demás poderes y por las instituciones de control, promovió la destrucción de muchos servicios públicos y conquistas nacionales.
La investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia en Brasil difícilmente tendrá los efectos penales propuestos, pero desgastó gravemente al presidente Jair Bolsonaro, que intenta reaccionar con golpes económicos que pueden terminar por ahorcarlo.
Los peores niveles de inseguridad alimentaria se registran en las zonas norte y nordeste de Brasil: la inseguridad grave afecta a 18% de la población y a 14% de los hogares respectivamente, cuando el promedio nacional es de 9%.
Un análisis de Datafolha del 26 de septiembre señala que Bolsonaro perdió 35% de los que votaron por él en 2018 y que el 23% ya declaró que votará a Lula
A esta violencia policial sistemática se une el discurso de odio de muchos políticos de extrema derecha y que la población general parece haber asumido.
