El Senado de Argentina ha dicho no al proyecto de ley que legalizaba el aborto para que las mujeres pudieran elegir libremente su maternidad y mantienen así una ley escrita en 1921. Por 38 votos frente a 31, el no ha ganado en la Cámara Alta y ha quedado bloqueada la ley que ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados.
La Argentina del siglo XXI e integrada al mundo que pregona Mauricio Macri seguirá en deuda con las mujeres. Actualmente, las mujeres argentinas solo pueden interrumpir su embarazo en caso de violación o de riesgo para su vida. El proyecto que ha sido rechazado, muy parecido a la ley española, establecía el aborto libre en las primeras 14 semanas. Además, garantizaba el acceso al aborto en el sistema sanitario público.
Para los partidarios de la legalización, lo que se dilucidaba en el Senado era, en esencia, una elección entre el aborto legal y el aborto clandestino, no entre la vida y la muerte, como plantean los antiabortistas. Ahora, cientos de mujeres seguirán buscando furtivamente una clínica clandestina realizar un aborto. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina. Como siempre, las gestantes con menores recursos son las que peor lo pasarán al recurrir a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.
La iniciativa no se podrá volver a abordar hasta el año que viene y, si nada cambia en el ámbito legislativo argentino, es posible que no se debata de nuevo hasta después de las elecciones de 2020. La reivindicación a favor del aborto legal, seguro y gratuito seguirá en las calles. Las mujeres argentinas no pueden ser forzadas a dar a luz, deben elegir cómo y cuándo ser madres.
Nada será igual en Argentina y se acabará consiguiendo el objetivo. Lo que comenzó con las multitudinarias marchas para denunciar el femicidio y la discriminación de género ha creado las condiciones políticas para reclamar los derechos reproductivos. Según diferentes sondeos, un 70% de las menores de 35 años y un 70% de las mujeres apoyan la despenalización. La lucha sigue.
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