Cerdán se reúne en público con el estado mayor de JxCat para limar las últimas diferencias del acuerdo entre socialistas e independentistas.
Por Jayro Sánchez
Cuando los generales de la antigua Roma finalizaban con éxito una campaña militar en territorio extranjero, tenían derecho a realizar un desfile triunfal por las calles de la ciudad para que el pueblo celebrara su victoria. Con la cara pintada de rojo, una corona de hojas de laurel sobre la cabeza y una toga púrpura bordada en oro cubriéndole el cuerpo, el comandante en cuestión se paseaba por la urbe montado en un carro tirado por cuatro caballos.
Rodeado por los miembros de su escolta y arropado por los vítores de los ciudadanos, solo tenía que seguir a una larga estela humana formada por prisioneros de guerra encadenados, piezas del botín capturado, soldados desarmados de su propio ejército e importantes magistrados de la ciudad.
Dentro de pocos días, estas escenas podrían recrearse en las vías públicas de Madrid, Barcelona y Waterloo, aunque tendrían algunas diferencias con respecto a las del pasado.
Desde el fallido intento de investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha estado negociando con las organizaciones políticas nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia para continuar en el poder otros 4 años.
De momento, ha conseguido llegar a acuerdos con Euskal Herria Bildu (EH Bildu), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Solo le falta el apoyo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que obtendrá al precio de añadir unos pequeños «detalles técnicos» adicionales en la futura ley de amnistía y de comprometerse a cumplir todas las disposiciones acordadas en el Estatuto de Guernica de 1979.
Implicaciones jurídicas
Parece probable que Sánchez pueda permitirse desfilar con la cara pintada de rojo y las vestimentas «triunfales» en las próximas jornadas. Es cierto que nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han emitido una declaración en contra de la proposición de ley que los expertos jurídicos del PSOE y JxCat todavía están ultimando, aunque su toma de postura no es vinculante.
El juez Manuel García Castellón, que instruye la investigación del caso Tsunami Democràtic, también ha movido ficha para intentar implosionar la negociación entre socialistas y catalanistas, así como la posible formación de un nuevo Gobierno de izquierdas.
Lo ha hecho acusando al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de ser los cerebros que orquestaron los actos «terroristas» cometidos por la plataforma homónima en el verano de 2019, cuando algunos de sus miembros colapsaron el aeropuerto barcelonés de El Prat y cortaron un tramo de la autopista AP-7 cerca de la frontera entre España y Francia.
Sin perdón
Mientras tanto, la derecha está dando respuesta a las acciones ejecutadas por el PSOE para hacer naufragar el reciente intento de investidura de Feijóo con una campaña de manifestaciones callejeras en contra de la ley de amnistía y de las negociaciones emprendidas por Sánchez y su equipo con los nacionalistas «periféricos».
Dentro del bloque conservador, el PP está creando un discurso público de línea moderada que expresa el rechazo al indulto de los condenados, acusados e investigados por el procés organizado por los independentistas catalanes el 1 de octubre de 2017, pero que, a la vez, incita a los manifestantes a ejercer su derecho a la disidencia sin grandes exhaltaciones.
En cambio, el partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal, Vox, aboga por la utilización de una retórica más agresiva. A pesar de que sus dirigentes no sienten la más mínima simpatía por los catalanistas, han aprovechado la situación para dirigir algunas de sus críticas más duras contra el PSOE y, en particular, contra el presidente en funciones.
Las dos formaciones pelean para ostentar el liderazgo de las protestas por sus posibilidades de explotación mediática. Además, sus altos cargos saben que, si consiguen dirigirlas, serán vistos como los «cabecillas» de la oposición contra el Gobierno.
Jefe solo hay uno
En Cataluña, ERC y JxCat también se atrincheran y afilan sus bayonetas para competir por la jefatura del movimiento independentista. Desde las elecciones generales de 2019, Esquerra ostentaba su control de una forma cuasi indiscutible, pero los «coalicionistas» han ido recuperando posiciones poco a poco y, ahora, amenazan con eclipsar a los «republicanos» protagonizando el proceso de negociación con el Gobierno central.
El presidente de estos últimos, Oriol Junqueras, no parece estar dispuesto a sufrir tal humillación. Al fin y al cabo, él ingresó en una prisión española mientras su adversario y antiguo president, Puigdemont, cruzaba los límites territoriales españoles escondido en el maletero de un vehículo para vivir exiliado, pero en libertad, en Bélgica.
Durante cuatro años, ERC ha dominado las parcelas de poder político y electoral del catalanismo, pero las elecciones celebradas el pasado mes de julio han demostrado la reducción del peso del partido entre los catalanes.
Las «maniobras de calentamiento» de JxCat y los mediáticos golpes de efecto realizados por Puigdemont y otros líderes exiliados antes, durante y después de los comicios han causado que el partido tenga que endurecer su postura contra las fuerzas políticas izquierdistas que han conformado el último Gobierno de coalición en Madrid.
El arte de la maniobra
En Bélgica, el secretario de Organización y número tres del PSOE, Santos Cerdán, se reúne con la plana mayor de los «coalicionistas» para hacer trabajos de pulido y limado. Las fotos entre el «hombre del presidente» y los dirigentes secesionistas indican que se están realizando esfuerzos por firmar un pacto.
Digan lo que digan, se necesitan los unos a los otros para conseguir sus propios objetivos. Los últimos puntos de fricción hacen referencia al grado de inviolabilidad de la futura ley de amnistía. Puigdemont teme que, si el secretario general del PSOE cae víctima de la derecha o le traiciona, acabe en prisión por los distintos delitos que se le han imputado desde 2017.
Por su parte, Sánchez, con la pragmaticidad que le caracteriza, despliega un paraguas discursivo contra las «tormentas ultranacionalistas» y espera la ejecución de los últimos compases en el complicado baile de las negociaciones.
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