Por Carlos Sánchez Fernández
Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Las crisis económicas afectan a la salud de la población y suele hacerlo, sobre todo, en las personas que quedan en desempleo y que, como se ha señalado, afecta de varias maneras, produciéndose un aumento de la mortalidad por todas las causas, de la mortalidad especifica por las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal.
Las crisis empeoran notablemente la alimentación, tanto por casos de hambre y desnutrición, los más infrecuentes en nuestro país, como por una peor calidad de los alimentos que se consumen ya que, frutas, verduras y pescado caen en picado en la dieta por sus precios elevados y se aumenta el consumo de los alimentos más baratos que suelen ser los peores nutricionalmente, a la vez que se incrementa el consumo de drogas, legales e ilegales, por ejemplo en España se ha producido un repunte del tabaquismo en los últimos años.
Pero, sobre todo, empeora la salud mental porque el paro aumenta los trastornos del sueño, las migrañas y las depresiones, y su expresión más grave, y más preocupante, es el suicidio.
Los datos sobre el suicidio son muy concluyentes, durante la crisis se conoce que el suicidio se disparó en Grecia donde, en 2011, se produjo un aumento del 35%. En España la tasa de suicidios es habitualmente baja (5,71 por 100.000 habitantes en 2010) y aumentó a 6,96 en 2013 (un 21,73%). Aunque ha disminuido algo en los últimos años, sigue en valores superiores a los de antes de la crisis (6,44 en 2017), probablemente como efecto de la mantenida precariedad y malas condiciones laborales que también se han relacionado con el suicidio.
En cuanto a la salud mental, los datos también han empeorado. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2006 el 8,4% de la población señalaba haber tenido un problema de salud mental, en 2011 la cifra aumentó al 9,6%, el 10,65% en 2014 y el 10,76% en 2017, siendo el trastorno más frecuente la ansiedad, seguida por la depresión. Los problemas de salud mental son más frecuentes en las mujeres y en las personas más pobres.
En la misma línea va el aumento de del uso de psicofármacos. El 10,7% de la población consumía en 2017 ansiolíticos, relajantes o pastillas para dormir, más las mujeres que los hombres (13,9% y 7,4% respectivamente). El uso de psicofármacos ha crecido de manera importante en los últimos años, pasando de 26,5 dosis por habitante y año en 2000 a 79,5 en 2013, uno de los más elevados de la OCDE. Un aumento que continúa (14,73% de aumento en consumo de antidepresivos entre 2012 y 2016 y un incremento del 9,73% en el caso de los ansiolíticos.
Sin embargo, las consultas al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra siguen siendo pocas en relación con los países más desarrollados, aunque se ha producido una subida entre 2011 y 2017 pasando de 4,16 consultas por habitante y año en 2011 a 6,47 en 2017.
Los recursos sanitarios públicos de salud mental se han deteriorado en estos años, debido a los recortes económicos que han disminuido la capacidad de la Sanidad Pública para atender estos problemas, justamente en un momento en el que, como se ha visto, la demanda y la necesidad aumentaban. Un dato a tener en cuenta es que hay un gran déficit de recursos humanos, por ejemplo, en psicología clínica, donde existe, en nuestro país, una ratio de 4 profesionales por cada 100.000, mientras que la media europea se sitúa en 18 profesionales para 100.000 habitantes, lo que da lugar a plantillas infradotadas, totalmente saturadas con el aumento de demanda, generando desigualdades en la población. Los recortes se han trasladado a una demora en las citaciones de las consultas (más de 150 días para una primera consulta) y una menor capacidad de los dispositivos de salud mental para atender a los pacientes crónicos, siendo esto, probablemente, causa del aumento del uso de psicofármacos, porque siempre es más fácil y cómodo: desde luego requiere de menos recursos el recurrir a la medicación en lugar de la psicoterapia. Con todo, también, ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden acceder a la atención de salud mental debido a problemas económicos pasando del 1,09% de la población en 2014 al 1,74% en 2017 (el porcentaje parece pequeño, pero trasladado a la población general son 800.000 personas). Precisamente, por todo lo anteriormente expuesto, cabe mencionar un estudio de la OMS que fue publicado en The Lancet donde se señala que cada dólar invertido en tratamiento correcto para un problema de salud mental supone cuatro de ahorro en recursos públicos.
La salud mental se ha visto empeorada con la crisis y con la salida que se le ha dado a la misma (más precariedad y peores condiciones laborales); así mismo, la capacidad de respuesta del sistema sanitario también se ha debilitado, derivándose hacia un peligroso incremento del consumo de psicofármacos que tienen muchos y peligrosos efectos secundarios. Sin embargo, siguen predominando las respuestas propagandísticas con escasa o nula repercusión sobre la realidad. Un buen ejemplo es la campaña sobre el suicidio, que no se ataja con campañas de imagen sino con unas mejores condiciones laborales, con mayor índice de empleo y con un sistema de salud mental accesible y de calidad.
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