El plan de autonomía marroquí propone una región autónoma bajo la soberanía de Marruecos, manteniendo el control centralizado de Rabat sobre aspectos clave.
Por Joan Balfegó | 2/06/2025
El reciente respaldo del Reino Unido al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, anunciado este 1 de junio, representa una afrenta al derecho internacional y una puñalada a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Al calificar esta propuesta como ‘la base más creíble, viable y pragmática’ para resolver el conflicto, el gobierno británico se alinea con un régimen marroquí que perpetúa la ocupación ilegal de un territorio, en clara violación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Esta postura, lejos de contribuir a la paz, dinamita los esfuerzos por garantizar el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y consolida una ocupación marcada por la represión y el expolio.
Un giro vergonzoso contra el Derecho Internacional
Desde 1960, la Asamblea General de la ONU, a través de resoluciones como la 1514 (XV), ha reafirmado el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación, un principio que el Sáhara Occidental, como territorio no autónomo, tiene plenamente reconocido. La Corte Internacional de Justicia, en su dictamen de 1975, dejó claro que el Sáhara Occidental no era tierra de nadie al momento de la colonización española y que ni Marruecos ni Mauritania tenían derechos de soberanía sobre el territorio. La creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en 1991, con el mandato de organizar un referéndum de autodeterminación, refleja el consenso internacional sobre la necesidad de que el pueblo saharaui decida libremente su futuro, ya sea mediante la independencia o la integración.
Sin embargo, el plan de autonomía marroquí, ignora flagrantemente este derecho. Propone una región autónoma bajo la soberanía de Marruecos, manteniendo el control centralizado de Rabat sobre aspectos clave como defensa, relaciones exteriores y justicia, lo que perpetúa la ocupación y niega cualquier posibilidad de independencia. Al apoyar esta propuesta, el Reino Unido no solo contradice las resoluciones de la ONU, sino que también deslegitima al Frente Polisario, el representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido por la ONU y por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Una postura que legitima la ocupación y la represión
El respaldo británico al plan marroquí es una muestra de cinismo político que prioriza intereses geopolíticos y económicos sobre los derechos humanos. Marruecos, que controla de facto el 80% del Sáhara Occidental desde su invasión en 1975, ha sido señalado reiteradamente por organizaciones internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la represión de activistas saharauis, el uso de la tortura y el expolio de recursos naturales como fosfatos y pesca. El apoyo del Reino Unido a este régimen no solo legitima estas prácticas, sino que envía un mensaje devastador a los saharauis que, desde los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia, hasta los territorios ocupados, luchan por su libertad.
Además, esta decisión británica sigue la estela de otros países como Estados Unidos, que en 2020, bajo la administración Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, y España, que en 2022 abandonó su neutralidad histórica para respaldar el plan de autonomía, traicionando su responsabilidad como potencia administradora. El Reino Unido, al sumarse a esta lista, se convierte en cómplice de una estrategia que busca imponer una solución unilateral, contraria al espíritu de las resoluciones de la ONU que exigen una solución ‘mutuamente aceptable’ y basada en la autodeterminación.
La postura británica socava directamente los esfuerzos de la ONU por resolver el conflicto. La Resolución 2602 del Consejo de Seguridad (2021) reafirma el compromiso de alcanzar una solución ‘justa, duradera y aceptable’ que incluya la libre determinación del pueblo saharaui. Al respaldar el plan marroquí, el Reino Unido, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ignora este mandato y debilita la credibilidad de la MINURSO, cuya razón de ser es organizar el referéndum que Marruecos ha obstruido durante décadas. Esta decisión no solo frustra las esperanzas de los saharauis, sino que también envía un mensaje peligroso: que las potencias pueden ignorar el derecho internacional cuando les conviene, priorizando alianzas estratégicas sobre principios éticos.
Argelia, principal valedor del Frente Polisario y hogar de decenas de miles de refugiados saharauis, ha denunciado consistentemente la ocupación marroquí y defendido el derecho a la autodeterminación. La decisión del Reino Unido, al igual que la de España en 2022, podría tensar aún más las relaciones con Argel, un actor clave en la región y proveedor estratégico de gas para Europa. Por otro lado, la Unión Africana, que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como miembro de pleno derecho, ha mantenido una postura clara a favor de la descolonización, en contraste con el giro de potencias occidentales hacia Marruecos. Al menos 45 países, principalmente de África, América Latina y Asia, siguen reconociendo a la RASD.
El apoyo del Reino Unido al plan de autonomía marroquí es una decisión vergonzosa. Al alinearse con un régimen que ocupa ilegalmente un territorio y reprime a su población, el gobierno británico no solo desoye las resoluciones de la ONU, sino que también abandona al pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación. Esta postura no traerá estabilidad a la región, sino que exacerbará las tensiones y perpetuará un conflicto que lleva casi medio siglo sin resolverse. Es hora de que la comunidad internacional, incluidas las potencias del Consejo de Seguridad, renueve su compromiso con el derecho internacional y presione por la celebración del referéndum de autodeterminación que el pueblo saharaui merece. La paz en el Sáhara Occidental solo será posible cuando se respete la voluntad de su pueblo, no los intereses de potencias extranjeras o de un régimen ocupante.
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