Franco Sandoval Quispe – EsRacismo
La semana pasada se aprobaba la reforma laboral, algunas celebraban, otras preparaban sus demandas judiciales, y esta semana los diarios y los protagonistas han dado sus impresiones.
Una reforma, que supone un intento de quiebra en la lucha contra la temporalidad y la precariedad según las palabras de la propia Ministra de Trabajo. Pero, deteniéndonos en la palabra en precariedad, pienso ¿en la precariedad de quien?
Si atendemos a los ejemplos aportados desde el Gobierno, se refieren a personas obreras de Galicia o el País Vasco, que podrán tener un salario superior al que venían percibiendo al establecerse la prioridad aplicativa del convenio colectivo del sector, sobre el convenio de empresa. Es decir, si su empresa les pagaba menos, pero había un convenio colectivo del sector que decía que tenía que ganar más, ahora tendrán mayor salario.
También me cuestiono en quién piensa el Ministerio de Trabajo cuando destina gran parte de sus medios materiales y personales a reforzar las Inspecciones de Trabajo y de la Seguridad Social para detectar contratos temporales en fraude de ley. O en quién piensa este Gobierno cuando se decide establecer como obligatorio un plan de igualdad de género para luchar contra el techo de cristal y la brecha salarial.
¿Techo de cristal y brecha salarial de quién? ¿Se piensa acaso en nuestras hermanas y madres migrantes y racializadas que nutren principalmente el sector de trabajadoras de empleadas del hogar? Desde luego que no.
Este colectivo lleva esperando más de una década la ratificación Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticas, que les permitiría el acceso a su prestación de desempleo (el paro), una pequeña compensación al que toda trabajadora puede optar.
Nuestras hermanas, empleadas de hogar, no son tratadas como cualquier otra trabajadora, no existe protección colectiva y son las que menos cobran y menos protección reciben del estado, de hecho, se las excluye del propio Estatuto de los Trabajadores ¿no pueden ser asimiladas?
¿No era el momento para aumentar la protección y reducir la precariedad de nuestras hermanas y madres incluyéndolas dentro del estatuto de los trabajadores de una vez? ¿reformando la ley régimen especial de empleadas de hogar? Una u otra medida, que elimine de una vez por todas la facilidad que tiene el jefe de una empleada de hogar de terminar la relación laboral, sin causa alguna, y pagando una indemnización en un monto 64% inferior al que percibiría cualquier otra trabajadora en la misma situación.
Ahora que se da músculo de nuevo a la negociación colectiva. ¿No era el momento de establecer mecanismos colectivos de protección para este sector? El colectivo SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) ha demostrado tener la suficiente incidencia en este ámbito como para ser un digno interlocutor de un sector que carece negociación colectiva.
Era necesario seguir premiando a UGT Y CCOO, que hoy celebran, mientras que en 2020 miraban con recelo, desde sus despachos y directorios, la iniciativa promovida por #RegularizaciónYa
¿No era o es el momento ahora de apuntalar y aumentar las campañas de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en las explotaciones agrarias para evitar el continuo y persistente abuso en dichos territorios y evitar casos como los abuso de las jornaleras de Huelva?
Por qué no establecer de una vez las campañas de detección de discriminación étnico racial que plaga el mercado laboral de España y que a penas sólo algunas jueces y fiscales especializadas son capaces de detectar.
¿No somos nosotras las personas migrantes y racializadas parte de esa precariedad que se pretende poner freno con esta Reforma Laboral? ¿No somos siquiera un sujeto político enunciable?
¿No conforman nuestras hermanas en situación administrativa irregular parte de su concepto de precariedad? ¿No podía establecer un contrato temporal/fijo discontinuo que facilitase su regularización?
Una medidas que podrían haber reducido su precariedad, o facilitar la vida de nuestras hermanas y hermanos, dentro de la voluntad férrea de gran parte del Gobierno progresista de España de perjudicar a nuestras hermanos, voluntad apreciable con claridad a través del Ministerio del Interior y su vulneración sistemática de derecho fundamentales.
O cuando a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones se vulnera la propia constitución española (ex artículo 9), al arbitrariamente establecer instrucciones, de obligado cumplimiento para la Administración, que dejen sin efecto las facilidades de regularización que estableció el Tribunal Supremo a través de cuatro sentencias consecutivas, que permitían acceder a la regularización a miles de hermanas y hermanos de una manera más sencilla.
Por no mencionar al Ministerio de Sanidad que viene preparando una nueva limitación del derecho a la sanidad universal.
Creemos fehacientemente que no hacer políticas activas contra la lucha del racismo, es unirse al apartado del racismo estructural del estado español. De modo que la pasividad que demuestra el Ministerio de Trabajo y Economía Social no es suficiente, no solo basta con mantenerse al margen de la cruzada establecida por sus otros colegas de Gobierno contra las personas migrantes y racializadas. Por lo tanto, no somos parte de la euforia por la reforma laboral, se necesitan ministerios y gobiernos decididamente antirracistas.
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