«Si queremos que sea el último, es necesario que todas las administraciones muevan ficha».
Ayer se noticiaba que un vecino del barrio del Bon Pastor de Barcelona se suicidó después de haber sido desahuciado por la administración pública. A raíz de ello el Sindicat de Llogateres i Llogaters lanzaba un comunicado en el que afirman que «es absolutamente triste y perturbadora pero, sobre todo, es muy significativo», ya que, explican, que «en los últimos 10 años, más de un millón de familias han sido desahuciadas de sus hogares en el Estado español».
«La crisis de las hipotecas comenzó la ola, que fue continuada por la burbuja de precios de los alquileres y agravada por una consecución de crisis económicas y sociales que han empobrecido y vulnerabilizado en todos los sentidos sectores cada vez más numerosos de la sociedad», expresan.
«Un buen parque de vivienda pública debería ser una de las herramientas principales para dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda. El hecho de que este desahucio se haya producido en una vivienda del parque municipal hace aún más compleja esta situación», proponen.
Mediante la reflexión al respecto en Sindicat ha expuesto tres reflexiones: «En primer lugar, hay que volver a denunciar la precariedad de los servicios sociales y la asistencia pública. Se trata, por un lado, de una falta de recursos humanos, económicos y administrativos que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que denuncian las mismas personas que trabajan en estos servicios. Por otro, sin embargo, hay que sumarle un abordaje que hace que muchísimas personas, a pesar de ser atendidas, no se sientan acompañadas. Esta situación se hace evidente cuando los «mecanismos de acompañamiento y protección» que la administración activó para este vecino del Buen Pastor no lograron evitar un suicidio que, ni es el primero, ni será el último si estos mecanismos no cambian radicalmente tanto en la lógica en que funcionan como los recursos con que cuentan».
«Contener el desastre no puede ser la lógica cuando los desahucios son la norma. El Sindicato de Inquilinos y muchas otras organizaciones por quien es habitual esta realidad hace años que denunciamos que faltan recursos y hacen falta procedimientos mejores y más claros», explicitan.
«En segundo lugar, creemos que los desahucios directamente no deberían tener cabida en el parque público. No se puede repetir nunca más: hay que eliminar esta posibilidad. No puede ser que precisamente las personas con menos recursos sean las que se ven abocadas a este tipo de condena. Echar a alguien de casa es desprotegerlo del todo y empujarlo a la desesperación más absoluta», continúan.
«En tercer lugar, hay que mejorar el funcionamiento mismo del parque público. Creemos que, además de hacerlo crecer numéricamente, debemos trabajar a fondo en qué mecanismos de gobernanza y control comunitario es necesario que lo rijan. La relación del IMHAB (antiguo Patronato Municipal de Vivienda) con la población que vive en vivienda pública es de ‘sujetos problemáticos’, puramente asistencial, de apagar incendios, de tirar hacia adelante. Es prioritario poder generar los mecanismos necesarios para que esta relación no se base en el asistencialismo. Hay que poner en el centro la voluntad de las vecinas que viven en viviendas públicas e impulsar dinámicas comunitarias, hay que dejar de victimizarlas e infantilizarlas. Y si hay conflictos, habrá que encontrar las maneras de resolverlos sin perjudicar aún más la salud y las situaciones de las vecinas. Expulsar a alguien de su hogar no puede ser un castigo y nunca será la solución», concluyen.
«Si queremos que sea el último, es necesario que todas las administraciones muevan ficha», apostillan para sentenciar.
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