Este fenómeno revela una profunda crisis social y estructural en la que confluye una mayor explotación laboral de los trabajadores a manos de la patronal y la falta de inversión y recursos en la sanidad pública española.
Por Gabriela Rojas | 21/03/2025
España ha alcanzado un nuevo récord histórico en el número de trabajadores en baja laboral, según los últimos datos provisionales de la Seguridad Social correspondientes a diciembre de 2024. Este fenómeno, que lleva creciendo de forma sostenida desde 2012, pone de manifiesto que los trabajadores se están viendo sometidos a un mayor grado de explotación laboral. Con una prevalencia media de 53,3 bajas por cada 1.000 asalariados en 2024, el país ha duplicado las cifras de hace una década, situándose en el nivel más alto desde que se tienen registros comparables (2007). Este incremento constante no es un hecho aislado, sino el resultado de una combinación de factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la explotación laboral y el colapso de la sanidad pública, que juntos han creado una tormenta perfecta.
Desde 2012, el número de incapacidades temporales ha ido en ascenso, un crecimiento que se aceleró tras la pandemia de la Covid-19. Si en aquel año la prevalencia era de apenas 19,1 por cada 1.000 asalariados, hoy los datos muestran una tendencia alarmante que no parece tener freno. Entre las causas principales se encuentra el envejecimiento de la fuerza laboral: más del 35% de los trabajadores en España tienen 50 años o más, un porcentaje récord frente al 19,6% de hace dos décadas. A mayor edad, las probabilidades de enfermar aumentan, y los procesos de recuperación tienden a ser más lentos, lo que inevitablemente se traduce en más bajas y de mayor duración.
Sin embargo, el envejecimiento no es el único culpable. La intensificación de la explotación laboral también juega un papel crucial. En un contexto de condiciones laborales cada vez más precarias, con jornadas extenuantes, presión por la productividad y escasa atención a la prevención de riesgos, los trabajadores sometidos a mayores niveles de estrés y desgaste físico y mental son más propensos a solicitar bajas. Esta realidad se ve agravada por la falta de medidas efectivas por parte de muchas empresas para garantizar el bienestar de sus empleados, lo que convierte la incapacidad temporal en una válvula de escape para quienes no pueden soportar las exigencias impuestas.
A este panorama se suma el colapso de la sanidad pública, un factor determinante en la prolongación de las bajas laborales. Con un sistema saturado, los trabajadores enfrentan retrasos significativos para ser diagnosticados y tratados. Las listas de espera para consultas con especialistas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas han alcanzado niveles récord: en diciembre de 2023, España registró 849.535 personas aguardando una intervención quirúrgica, con una espera media de 128 días, casi el doble que hace 20 años. Estos retrasos no solo dificultan la recuperación, sino que extienden innecesariamente los periodos de incapacidad, afectando tanto a los trabajadores como a la productividad de las empresas y las arcas públicas.
El impacto económico de este récord es innegable. En 2024, el coste de las prestaciones por incapacidad temporal superó los 28.987 millones de euros, un aumento del 99% en apenas seis años, según estimaciones basadas en datos recientes. Pero más allá de las cifras, lo que este fenómeno revela es una profunda crisis social y estructural. La confluencia entre una mayor explotación de los trabajadores a manos de la patronal, que prioriza beneficios sobre la salud de sus empleados, y la falta de inversión y recursos en la sanidad pública española, incapaz de responder con agilidad a las necesidades de la población, ha llevado a estos récords. Si no se abordan estas causas de fondo —mejorando las condiciones laborales y fortaleciendo el sistema sanitario—, el récord de bajas laborales no será más que el preludio de un problema aún mayor en los años venideros.
Se el primero en comentar