En apenas 24 horas, un comunicado impulsado por ‘Marea Palestina’ ha recabado el respaldo de 89 asociaciones de madres y padres de alumnos, así como de sindicatos educativos y estudiantes.
Por Fernando Ariza | 19/09/2025
En un contexto de creciente movilización contra el genocidio israelí en Gaza, la comunidad educativa de Madrid se ha erigido como un baluarte de solidaridad. El movimiento Marea Palestina: la educación contra el genocidio ha unido a profesores, alumnos y asociaciones de padres en decenas de colegios de la comunidad para desafiar las restricciones impuestas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estas medidas buscan frenar cualquier expresión de apoyo al pueblo palestino, tachándola de «adoctrinamiento» y «politización» de las aulas, a pesar de que la educación en derechos humanos forma parte integral del currículo escolar.
El origen de la marea: De la denuncia al encierro
El movimiento surgió en los primeros meses del curso escolar 2024-2025, impulsado por un colectivo de más de 50 docentes que, indignados por el «escolasticidio» –el ataque sistemático a la educación palestina–, decidieron alzar la voz desde las aulas. En septiembre de 2024, más de cincuenta profesores se encerraron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para exigir al Gobierno central un embargo inmediato de armas a Israel. «No es normal empezar el curso con normalidad mientras Israel practica un genocidio», declararon entonces, en un acto que marcó el inicio de una ola de movilizaciones. Desde entonces, las iniciativas se han multiplicado: lecturas de nombres de niños víctimas del bombardeo israelí, murales inspirados en el Guernica con los colores de la bandera palestina, talleres sobre derechos humanos y exhibiciones de simbología como keffiyas o banderas. Sin embargo, estas acciones han chocado frontalmente con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que desde la semana pasada ha iniciado una campaña de inspecciones para censurarlas.
Las presiones de la Consejería: Llamadas, visitas y prohibiciones
Según denuncias del colectivo Marea Palestina, al menos una decena de centros educativos han recibido instrucciones verbales –no escritas– de inspectores para cancelar actividades y retirar toda simbología pro-palestina. En algunos casos, las llamadas se han seguido de visitas sorpresa para verificar el cumplimiento. La Consejería justifica estas intervenciones argumentando que se trata de «actividades con relación a alguna cuestión política», prohibidas en entornos educativos para evitar la «politización». Incluso se ha invocado la «protección de datos» para vetar la lectura de nombres de niños asesinados en Gaza.
El caso del Colegio Nuestra Señora de la Paloma ilustra la magnitud del conflicto: un mural creado por alumnos en 2023, que reinterpretaba el Guernica con tonos verde, blanco, negro y rojo –colores palestinos–, ahora corre riesgo de ser eliminado. «No podemos permanecer pasivos ante esto», afirma Marta García, integrante de Marea Palestina, quien recuerda que estas acciones responden a una «denuncia moralmente obligada» del genocidio en curso.
El contraste con el tratamiento dado a otros conflictos es flagrante. En 2022, tras la agudización de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Ayuso no solo permitió banderas ucranianas en las aulas, sino que organizó colectas de alimentos y productos de higiene en 1.580 centros educativos públicos y concertados. «Ucrania nos necesita», declaró entonces la presidenta, fomentando activamente la solidaridad. Hoy, esa misma administración califica el apoyo a Gaza de «kale borroka» y «reminiscencia de los peores episodios del siglo XX».
La respuesta de la comunidad: 89 asociaciones y un manifiesto viral
La reacción no se ha hecho esperar. En apenas 24 horas, un comunicado impulsado por Marea Palestina ha recabado el respaldo de 89 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs), así como de sindicatos educativos y estudiantes. «Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo y de todo nuestro sistema democrático», reza el texto, que llama a los centros a «alzar la voz contra el genocidio» y rechaza las presiones como un intento de «amedrentar a los profesores».
Estudiantes de institutos como el IES de Rivas-Vaciamadrid han declarado: «Es una cuestión de humanidad». Incluso municipios como Rivas se han rebelado: su alcaldesa, Aída Castillejo, ha enviado una carta a los centros recordando que los colegios son de titularidad municipal y que la Comunidad solo regula el currículo, no las actividades de valores. «Ayuso solo busca imponer y recortar la libertad de los centros para educar en solidaridad», afirma.
En redes sociales, el movimiento gana tracción. Manifiestos como el compartido por activistas circulan con llamados a firmar y difundir: «Si eres educador/a, firma; si no, difúndelo». La portavoz del colectivo, Carlos Díez Hernando, profesor jubilado, ha elevado la queja al Ministerio de Educación estatal, buscando una intervención de la inspección nacional.
Ayuso y la negación oficial: ‘Dejen de adoctrinar’
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha negado haber dado instrucciones personales para estas prohibiciones, pero ha insistido en que «los colegios deben ser absolutamente apolíticos». En una rueda de prensa el miércoles, zanjó: «Dejen de intentar adoctrinar… Utilizar las aulas con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX». Su Gobierno, que ha manifestado públicamente apoyo a Israel, ve en estas movilizaciones un «boicot revolucionario» similar a las protestas que interrumpieron la Vuelta a España el fin de semana pasado. Críticas no han faltado.
Marea Palestina prepara medidas legales contra la Administración autonómica, argumentando una vulneración de la libertad de cátedra y la autonomía de los centros, amparada en la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). Un magistrado como Joaquim Bosch ha advertido que tales restricciones serían «lesivas contra la libertad de expresión». Mientras, el colectivo anuncia que las prohibiciones solo avivarán la resistencia: «Ahora va a haber más camisetas con sandías», ironizan, aludiendo al símbolo palestino usado para evadir la censura. En un momento en que el mundo debate el rol de la educación en la defensa de los derechos humanos, la Marea Palestina demuestra que las aulas madrileñas no se callarán. Ante un genocidio reconocido por la ONU, educar en empatía y justicia no es opción: es obligación. La pregunta es si el Gobierno de Ayuso logrará sofocar esta ola, o si, por el contrario, la convertirá en tsunami.
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