Racismo institucional y legitimación de la violación de derechos

“La utilización de las personas migrantes como chivo expiatorio no es algo nuevo en la política española.”

Por María José Aguilar Idañez

La discriminación y el racismo institucional que las personas migrantes sufren en España, especialmente si son extracomunitarias y/o se encuentran en situación administrativa irregular, desgraciadamente no es algo nuevo ni anecdótico, sino sistémico y estructural. Durante la pandemia por COVID-19 este racismo institucional preexistente no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado y se ha agravado considerablemente.

Al claro aumento de la exclusión social derivada de la última crisis, que alcanza a 11 millones de personas en España según el reciente informe de Cáritas, hay que añadir el aumento de la xenofobia y el racismo, que han sido promovidos y alimentados por discursos públicos de odio y prácticas institucionales discriminatorias.

Discursos públicos racistas contra personas migrantes

Afirmaciones ampliamente difundidas, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando declaró, el 15 de septiembre de 2020, que “los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”, son un ejemplo de discurso público que estigmatiza a la población migrante y la criminaliza haciéndola responsable de la situación sanitaria. Otras declaraciones de conocidos líderes políticos xenófobos culpando a ciertas nacionalidades de los contagios, con amplia difusión mediática y en redes sociales, han ido alimentando durante la pandemia el racismo social y dado legitimidad a la discriminación y el maltrato institucional hacia la población inmigrante. 

La criminalización de la infancia inmigrante fue uno de los dos temas clave de la campaña electoral madrileña que copó la agenda mediática durante abril y mayo de 2020, porque como advierte Cas Mudde, “hemos permitido que la extrema derecha determine de qué hablamos y cómo hablamos de ello”.

La utilización de las personas migrantes como chivo expiatorio no es algo nuevo en la política española. Con virus y sin virus el discurso estigmatizante y criminalizador contra las personas migrantes lleva empleándose en España desde hace décadas. Al principio era un discurso reducido a grupos de extrema derecha, pero ha ido calando en la sociedad desde que los grandes partidos políticos comenzaron a utilizar argumentos similares para justificar sus políticas anti-inmigración desde el gobierno. El uso de argumentos utilitaristas también ha contribuido a ello, porque justifica la inmigración no como un derecho sino como una necesidad en determinados momentos y para determinadas sociedades.

La crisis de Ceuta en mayo de 2021 es un buen ejemplo de “las dos caras del racismo en los medios”. El artículo de Joaquín Urías, titulado “Un abrazo y a tu puta casa” condensa a la perfección y en solo siete palabras todo el cinismo y la hipocresía del discurso institucional y las políticas y actuaciones gubernamentales.

Los diferentes discursos públicos de odio contra las personas migrantes, reforzados en redes sociales y blanqueados en grandes medios de comunicación, han sido durante la pandemia un caldo de cultivo propicio para el aumento los delitos de odio: ataques racistas, agresiones, crímenes y violencia contra las personas en la calle, tanto por parte de ciudadanos españoles como de la policía y otros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado.

Políticas y prácticas institucionales discriminatorias y contra las personas migrantes

Paralela y simultáneamente a los discursos públicos de odio y la cultura del desprecio a los otros en que se sustentan, en España se han realizado durante la pandemia (y se siguen realizando) numerosas actuaciones gubernamentales de carácter represivo y racista contra personas migrantes. A modo de ejemplo mencionamos algunas:

• Los problemas de los temporeros agrícolas se agravaron durante la pandemia y las respuestas institucionales fueron en todos los casos represivas y de sistemática vulneración los derechos laborales y sanitarios. Por sus repercusiones mediáticas destacaron las condiciones infrahumanas y los incendios provocados en asentamientos irregulares de Andalucía; la situación de las temporeras marroquíes contratadas en origen que quedaron atrapadas en Huelva; las condiciones de cuasi esclavitud de los temporeros en Murcia que salieron a la luz a raíz de la muerte de un trabajador en Lorca; la respuesta alarmista por la presencia de temporeros en las calles de Lleida donde se produjo uno de los primeros brotes en verano de 2020; la represiva respuesta al brote posterior en los asentamientos de temporeros en Albacete, que tuvo como respuesta institucional el internamiento forzado en un recinto ferial de la ciudad durante la cuarentena, mientras se demolían sin previo aviso las naves abandonadas en las que estaban viviendo los temporeros.
• Se han registrado numerosas actuaciones arbitrarias y violentas de la policía contra personas racializadas durante el confinamiento en diversas ciudades, que fueron denunciadas en redes sociales. Aunque las denuncias al respecto no tuvieron recorrido por tratarse de violencia policial de agentes sin identificar.
• La ignominiosa concentración forzosa, durante semanas y a la intemperie en el muelle de Arguineguín, de centenares de inmigrantes en 2020. Seguida de la creación de campamentos insalubres y en condiciones infrahumanas donde se internaron de manera forzosa los inmigrantes en Canarias. Los sucesos ocurridos en Arguineguín y en los campamentos de Las Raíces y Barranco Seco, fueron denunciados por el Defensor del Pueblo que exigió al gobierno (sin éxito) que las personas salieran del campamento policial antes de 72 horas. La acción institucional desplegada en Canarias ha sido calificada como una auténtica “pedagogía de la deshumanización” y ha vulnerado de manera sistemática y violenta los derechos de las personas allí retenidas contra su voluntad, o deportadas ilegalmente.
• La creación de campamentos en Canarias, en condiciones de total inseguridad para las 7.000 personas migrantes allí internadas (muchas de ellas menores y a quienes se les impide pedir asilo, como ha alertado el Defensor del Pueblo), ha sido otro ejemplo de clara y sistemática vulneración de derechos por parte del Estado que se mantiene en la actualidad, a pesar de las denuncias interpuestas por diversas entidades civiles y de las protestas y resistencia de los propios migrantes y las redes de solidaridad vecinal.
• Impedir que quienes tenían sus billetes, solicitud de asilo y pasaportes en regla se desplazaran a la península, es otro ejemplo de discriminación y maltrato institucional sistemático del Ministerio del Interior reconocido como ilegal en el auto judicial del Juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas de Gran Canaria.
• Las agresiones policiales a migrantes internados de manera forzosa en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es otra práctica de racismo y violencia institucional que se ha mantenido durante la pandemia.
• Las detenciones informales e ilegales de migrantes en España es otra de las prácticas institucionales racistas del Estado que ha sido denunciada por la red europea Migreurop (2020).
• Las recientes repatriaciones ilegales de menores en Ceuta, incumpliendo gravemente toda la legislación de extranjería española y toda la referida a protección de la infancia, son uno de los últimos hechos que ilustran esta sistemática discriminación y violencia institucional contra las personas migrantes más vulnerables.

Los discursos públicos que alientan el desprecio y la deshumanización de los migrantes son graves, pero lo peor para las personas es el racismo institucional, que va mucho más allá del prejuicio o del discurso de odio de la extrema derecha. El racismo institucional pone el foco en el papel de las instituciones en la reproducción sistemática del racismo. 

Las expresiones más evidentes de racismo institucional están relacionadas con la gestión violenta y deshumanizada del trato a quienes llegan por la vía marítima y de forma irregular. Los perfiles raciales, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las deportaciones ilegales y sin garantías jurídicas, la separación de bebés y niños de sus madres, las trabas burocráticas, la exclusión de los servicios públicos, el asistencialismo de ciertas intervenciones sociales, son una experiencia cotidiana de muchas personas.

La excusa europea que utiliza habitualmente el gobierno español para no regularizar a las personas migrantes ni reconocerles los derechos humanos más básicos, se ha demostrado falsa en esta pandemia (pues otros países como Portugal e Italia han realizado amplios procesos de regularización). Esta forma de justificar una acción pública que encierra a quienes no han cometido ningún delito, que impide ilegalmente su movilidad, que amenaza con la deportación sin garantías e impide la solicitud de asilo, muestra el cinismo y la hipocresía institucional.

Son tres los elementos que, si se alimentan, resultan muy peligrosos para las personas migrantes: la percepción de amenaza (“los migrantes son un peligro para la seguridad o nos quitan recursos”; tratarlos de forma indigna (que es la práctica institucionalizada); y el resentimiento (que suele ser resultado de enfrentar a pobres contra pobres). Cuando estos tres factores están sistemáticamente presentes en el discurso y las actuaciones públicas, se dan las condiciones para culpabilizar a las víctimas y justificar la violencia contra las personas migrantes.

Del racismo institucional al racismo “democrático”

El racismo, mediante dispositivos discursivos y acciones institucionales profundamente discriminatorias como las mencionadas, busca legitimarse en un marco democrático, presentándose como inevitable, y hasta justificable, por personas e instituciones de todo el espectro ideológico.

La justificación de la dominación siempre ha sido un elemento central del discurso y de la práctica racista, sin embargo, lo que se está imponiendo en las últimas décadas es un esfuerzo por legitimar la violación de los derechos de las minorías, de las personas inmigrantes o en busca de refugio, en un marco de referencia liberal-democrático (…). El racismo “democrático” es la práctica de exclusión, criminalización, violencia, expulsión, segregación y explotación justificada en el marco democrático, haciendo referencia a la seguridad y a la libertad. Se legaliza la violación de los derechos humanos presentando a las personas migrantes como criminales y se encuadran los movimientos migratorios en un marco securitario. Las expulsiones ilegales, los CIE, las devoluciones en caliente son, en este marco, una respuesta razonable para defender la libertad y la democracia.

Hace un año escribí esto que, lamentablemente, se viene confirmando por la vía de los hechos desde el inicio de la pandemia:

La incertidumbre y la amenaza económica y sanitaria provocada por el coronavirus alimenta el sentimiento de ira. Y esta ira, canalizada contra las personas migrantes, es muy preocupante porque las excluye y justifica que se les violen todos sus derechos. Movilizando el resentimiento contra quienes migran, apelando a principios legítimos, pero usando esos principios para excluir a los migrantes de tales principios, no solo estamos alimentando el odio. Estamos construyendo un racismo “democrático”, que considera justificable la violación de derechos de determinadas personas. La consecuencia más evidente de este racismo “democrático” es la deshumanización del migrante en las prácticas institucionales. Un racismo que permite excluir de nuestro espacio de preocupación moral a ciertas personas. Construimos así fronteras morales para justificar que quienes migran sean cuerpos violables, explotables, esclavizables. Y que, además, todo ello parezca democrático.

En España, la población de origen inmigrante ha sufrido los efectos de la COVID-19 con mayor intensidad que el resto de la población. Si las desigualdades sociales persistentes han aumentado con la pandemia, las desigualdades estructurales que padece la población migrante se han agudizado todavía más. 

A diferencia de lo ocurrido en países como Italia o Portugal, que regularizaron en 2020 a su población inmigrada por considerarla esencial para la economía agroalimentaria y de los cuidados, España no ha protegido ni reconocido derechos a la población inmigrada durante la pandemia, sino que los ha restringido gravemente, con consecuencias que persisten y se prolongan hasta el momento actual. 

Las respuestas institucionales frente a la pandemia por COVID-19, han supuesto en España sistemáticas vulneraciones de derechos para la población migrante en el ámbito social y económico, y no sólo en el sanitario. Se trata de una amenaza añadida a las ya existentes, en lo que respecta a los derechos humanos más básicos de la población más vulnerabilizada, empobrecida e invisibilizada. 

En este sentido, la pandemia a agudizado e intensificado la discriminación institucional, ha generalizado procesos de deshumanización y legitimación de la violencia contra inmigrantes y refugiados, y ha criminalizado a las víctimas más indefensas en lugar de protegerlas.

El famoso lema de “no dejar a nadie atrás” ha resultado ser de un cinismo absoluto. O una tomadura de pelo para quienes, precisamente, ya estaban más atrás antes de esta crisis. No hemos salido mejores, sino mucho más desiguales e inhumanos de lo que ya éramos.