Mientras el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz alzan la voz en foros internacionales condenando la escalada bélica en Oriente Próximo, sus acciones demuestran una complicidad descarada con quienes perpetran las atrocidades.
Por Joan Balfegó | 24/04/2025
El Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha vuelto a mostrar su verdadera cara, una que dista abismalmente del discurso progresista que tanto cacarea en mítines y redes sociales. La reciente formalización de un contrato por 6,6 millones de euros para la compra de 15,3 millones de balas a empresas israelíes, específicamente Guardian Defense & Homeland Security S.A. e IMI Systems LTD, no es solo un incumplimiento flagrante de sus promesas, sino una prueba irrefutable de su deriva belicista y su sumisión a los intereses de la OTAN, Bruselas y, en este caso, del régimen de Tel Aviv, que está ejecutando actualmente un genocidio contra el pueblo palestino.
En octubre de 2024, tras la presión mediática y las críticas de sus propios socios, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, anunció con pompa que iniciaría el proceso para rescindir este contrato, alineándose con el supuesto compromiso del Ejecutivo de no adquirir armamento del régimen de Israel debido a la masacre que está cometiendo en Gaza. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: el ejecutivo formalizó la compra, ignorando las promesas previas y las advertencias éticas. La excusa, avalada por la Abogacía del Estado, es que cancelar el contrato implicaría pagar una indemnización millonaria sin recibir las balas. Este argumento no solo es endeble, sino que revela una falta absoluta de voluntad política para cumplir con los principios que el Gobierno dice defender.
El discurso de PSOE-Sumar está plagado de contradicciones. Mientras el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz alzan la voz en foros internacionales condenando la escalada bélica en Oriente Próximo, sus acciones demuestran una complicidad descarada con quienes perpetran las atrocidades. La compra de estas balas no es un hecho aislado: el Ministerio de Defensa ha mantenido contratos con empresas israelíes como Elbit Systems y Rafael, responsables de suministrar armamento usado en los territorios palestinos ocupados. Según el Centre Dèlas de Estudios por la Paz, desde octubre de 2023, España ha destinado más de 1.000 millones de euros a material militar israelí, a pesar de las declaraciones de Sánchez sobre un supuesto “embargo total” de armas. Esta hipocresía no solo traiciona los valores de la izquierda, sino que convierte a España en cómplice de un genocidio que se transmite en directo al mundo.
La deriva belicista del Gobierno PSOE-Sumar es innegable. Lejos de abogar por la paz y la justicia, se ha plegado servilmente a los dictados de la OTAN y la Unión Europea, priorizando los intereses geopolíticos y económicos por encima de cualquier consideración ética. El incremento del gasto en defensa, que Sánchez ha elevado a 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB exigido por la OTAN, es una bofetada a quienes esperaban un Ejecutivo comprometido con la soberanía y la no intervención. El Gobierno sigue empeñado en financiar la maquinaria de guerra, ya sea a través de contratos con Israel o de la participación en programas de armamento como los misiles Spike o el lanzacohetes Silam, ambos con participación de empresas israelíes.
La compra de estas balas no es un mero “error administrativo”, como el Gobierno podría querer hacernos creer, sino una decisión consciente que refleja su verdadera agenda. Sumar, que se presenta como la voz más progresista de la coalición, ha quedado en evidencia: sus críticas, como las de Yolanda Díaz exigiendo la “rectificación inmediata” del contrato, son poco más que postureo. La falta de una ruptura real con el PSOE, incluso ante un hecho tan grave, demuestra que su supuesto compromiso con la justicia social y los derechos humanos es pura retórica.
Los hechos son contundentes: el Gobierno PSOE-Sumar comercia abiertamente con un régimen que perpetra un genocidio contra el pueblo palestino, violando tratados internacionales y las resoluciones de la ONU. Esta decisión debería ser un punto de inflexión, un motivo para que miles de personas tomen las calles y exijan el fin de esta política exterior indigna. La ciudadanía no puede permanecer impasible ante un Ejecutivo que, mientras se envuelve en la bandera del progresismo, financia la muerte y la opresión. Es hora de desenmascarar la falsedad de PSOE-Sumar y exigir una política de defensa y exterior que no se arrodille ante los intereses de la OTAN, Bruselas o Tel Aviv. La hipocresía tiene un límite, y este Gobierno lo ha sobrepasado con creces.
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