“Primaveras” el eufemismo con el cual la Tribu Opulenta da golpes de Estado en los países no alineados


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Cynthia Duque Ordoñez


En el último tercio del siglo XX y durante las primeras décadas del presente hasta nuestros días las naciones “civilizadas” se han sentido en el deber moral de ayudar a los pueblos contra la tiranía de sus gobernantes, así como, de llevar “su” civilización a los pueblos que consideran “barbaros”. El nuevo orden mundial ideado por los EE.UU y aplaudido por sus paladines europeos sería algo más creíble si fueran mejores estrategas y no dejaran rastreables cabos sueltos. Para nuestra suerte y para aquellos países “salvados” con ahínco los egos estadounidense, británico y francés no les dejan analizar la realidad en la mayoría de las ocasiones, errando en sus diagnósticos. Sin embargo, no conseguir sus planes -posicionar gobiernos clientelares en los principales núcleos y rutas de extracción o transporte de recursos energéticos- no se traduce en un camino de rosas para los pueblos sobre los cuales apunta su mirilla.

Han pasado ocho largos años desde que Libia fuera reducidas a cenizas, ruinas en manos del Daesh y Al Qaeda. Siria por su parte no corrió tal destructiva suerte, sus heridas sanarán antes, pero no lo harán mañana. El terrorismo salafista, herido de muerte en el aspecto militar, continua vivo ideológicamente mientras aguanten sus reservas financieras o mientras sean patrocinados estatalmente.

No hubo vetos en el Consejo de Seguridad cuando se aprobó una injerencia armada en Libia, hubo abstenciones, que meses más tarde sí fueron los vetos de China y Rusia, los que evitaron una injerencia armada de la OTAN, aunque con matices, en Siria. Empero, no requerían para empezar a actuar sus señorías el permiso del Consejo, aunque mejor cuidarse las espaldas ante un posible litigio por crimen de agresión, contra la humanidad o de guerra. Por otra parte, eran sabedores de que las resoluciones eran injustas e inmorales.

Las resoluciones de la vergüenza

Las resoluciones 1970 y 1973 dictadas en febrero y marzo de 2011 respectivamente, no dejaban margen de dudas sobre las intenciones de la OTAN en la crisis libia por la cercanía de ambas y su genuidad al permitir el envío de armas a insurgentes al tiempo que embargaban buques y aeronaves a la armada libia dirigida por el gobierno legítimo y bloqueaban sus activos financieros depositados en bancos internacionales que ponían en manos de dichos milicianos denominados “oposición”. ¿Quién era esta “oposición”?

Entidades tales como el Instituto Español de Estudios Estratégicos advertían del marcado carácter islamista de la denominada como “revolución” libia en 2011 y 2012, sin embargo, se siguió ayudando a todos estos sujetos que actualmente pierden su poder frente a al general Haftar en su disputa por el poder central.

No se quiso una paz pactada porque de haberla querido habrían continuado con las negociaciones que Saif Gaddafi mantenía con el líder de la Hermandad Musulmana y en la que mediaba la Unión Africana desde 2009. Por cierto, la ejecución de las resoluciones del Consejo debe realizarse por la organización territorial más próxima al conflicto, por lo tanto, no era en ningún caso la Organización del Tratado del Atlántico Norte y mucho menos la primera opción era el uso de la fuerza armada sobre un Estado con presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y seres humanos o núcleos insurgentes del yihadismo salafista.

Las resoluciones no permitían injerencias terrestres, pero no eran necesarias, pues el suministro de armamento y entrenamiento llegaron semanas antes de las resoluciones. Fue en Egipto donde hasta la aprobación de las resoluciones los yihadistas se armaban y entrenaba como destapó The New York Times el 30 de marzo. Nos sorprende descubrir que la conocida agencia de mercedarios españoles SGSI entrenó a los milicianos en esas mismas fechas. Nos podríamos preguntar por qué no están ilegalizadas estas agencias de la muerte y la respuesta sería sencilla: porque la Tribu Opulenta los necesita para llevar al máximo los beneficios del imperialismo reduciendo costes de un ejército regular en las modernas guerras híbridas. El uso de mercenarios permite recrudecer los ataques contra la población civil que un ejército nacional no podría por miedo a las sanciones internacionales y al boicot de la opinión publica. Por otro lado, si mueren en combate no paga el Estado indemnizaciones a las familias. El Derecho Internacional tiene el reto de imputar responsabilidad al Estado por los crímenes de guerra que estas “agencias de seguridad privada” cometen desde violaciones, tráfico de armas, personas hasta ejecuciones arbitrarias de civiles, sin descuidar la enorme negligencia que supone entrenar en tácticas de ataque y armar a grupos insurgentes sobre los cuales no media control ni dirección. Es una autentica bomba de relojería.

La guerra mediática y los “rebeldes”

Las intervenciones militares consentidas por el Consejo de Seguridad son precedidas por una intensa campaña mediática para obligar a la comunidad internacional a tomar parte del conflicto y siempre abogando por métodos tan pacíficos como bombardear ciudades o dar armamento pesado a entidades de dudosa legalidad internacional como los grupos terroristas libios de inspiración salafista que estaban incluidos en la lista de bandas terroristas de Naciones Unidas hasta meses antes de la invasión.

A veces esta autorización no llega, como fue el caso de Siria, pero nada impide a las principales potencias armar grupos nacionalistas como a los kurdos o dotar de legitimidad estatal a grupos que no ostentan ningún control administrativo sobre el territorio y que buscan poseerlo empleando la violencia física contra el pueblo. Es aquí cuando juegan un inmenso papel las guerras mediáticas consistentes en ataques simulados, de falsa bandera o directamente guiados como los perpetuados y difundidos por el grupo White Helmets vinculados con el Daesh o los denominados rebeldes sirios que prefieren disparar contra la armada árabe siria en vez de acabar de expulsar al Daesh de su país. Quizás su misión de estos “rebeldes” tras la desaparición del Daesh sea continuar su lugar en lo que no han sido capaces de conseguir.

Distinguir entre injerencias en los asuntos económicos y políticos de los Estados soberanos por intereses espurios e intervenciones humanitarias dirigidas a salvar a la población civil en grave riesgo es la frontera entre el imperio de la ley y el imperio del crimen perfecto. Es una labor de los ciudadanos del mundo -no de los gobernantes, que no son más que nuestras voces representadas- porque nuestra aquiescencia es utilizada para acabar con miles de vidas en nombre del enriquecimiento de personajes sin escrúpulos muy cercanos a nuestros gobiernos. La responsabilidad moral de Occidente no es ir a otros Estados a imponer nuestra concepción política o cultural, eso es imperialismo, racismo y una falta de respeto y cultura inmensa; nuestra responsabilidad moral es controlar a aquellos que dicen representarnos para que no usen el dinero de nuestros impuestos en acabar directa o indirectamente con vidas humanas y saquear regiones ricas en recursos.


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