El sistema judicial, tal como está, no está diseñado para proteger a las víctimas de violencia sexual; muchas veces, parece hecho para desalentarlas.
Por Isabel Ginés | 22/01/2025
Cuando estalló el caso de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, la reacción de muchos sectores fue la de siempre: pedir que las denuncias se hagan en los juzgados y no en las redes sociales. Sin embargo, tras escuchar el tono y las preguntas del juez Adolfo Carretero en este caso, es inevitable cuestionar si el sistema judicial español está preparado para tratar con dignidad y respeto a las víctimas de violencia sexual.
Las filtraciones del interrogatorio al que fue sometida Elisa Mouliaá no solo causan indignación, sino que revelan una problemática estructural: el sistema judicial puede ser, en demasiados casos, un espacio de revictimización. Preguntas como “¿Le bajó las bragas?”, “¿Para qué se sacó el miembro viril?”, “¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?” no solo son humillantes, sino también innecesarias para esclarecer los hechos. Formuladas en un tono que es violento y despectivo, estas preguntas reflejan una falta de sensibilidad que choca con los principios básicos de la justicia.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Convenio de Estambul obligan a tratar a las víctimas de violencia sexual con respeto, minimizando el sufrimiento durante el proceso. Estas normas no son meras recomendaciones: son un mandato que debería garantizar que el interrogatorio sirva para esclarecer los hechos, no para someter a las víctimas a un juicio público en el que su dignidad quede en entredicho.
Actuar con respeto hacia las víctimas no es un gesto de respeto, sino un deber ético y legal. Cuando este principio se vulnera, el sistema judicial pierde legitimidad y, con ello, la confianza de las personas a las que debería proteger.
El comportamiento del juez Carretero en este caso no solo reabre el debate sobre la revictimización, sino que también plantea la necesidad de cuestionar si este tipo de actuaciones podrían considerarse constitutivas de un trato degradante.
Escuchar el tono y las preguntas formuladas en este caso deja clara la respuesta a una pregunta recurrente: ¿por qué tantas mujeres no denuncian o lo hacen tarde? Porque denunciar significa enfrentarse a un sistema que, lejos de protegerlas, puede revictimizarlas con actitudes y comentarios que las obligan a revivir su sufrimiento bajo un prisma de sospecha.
El caso de Elisa Mouliaá no es una excepción, sino un reflejo de una problemática estructural que desanima a muchas mujeres a buscar justicia. Exigir que las víctimas denuncien sin garantizarles un proceso respetuoso y libre de humillación es, cuanto menos, una hipocresía.
El sistema judicial, tal como está, no está diseñado para proteger a las víctimas de violencia sexual; muchas veces, parece hecho para desalentarlas. La actuación del juez Carretero en este caso no puede verse como un incidente aislado, sino como un síntoma de una justicia que necesita una reforma urgente.
Este caso demuestra que la justicia no siempre es sinónimo de reparación. Mientras las víctimas sigan enfrentándose a un trato humillante en los juzgados, el sistema seguirá siendo cómplice de la impunidad. Es hora de reconocer que no se trata de un problema de falta de denuncias, sino de la falta de garantías para que denunciar no se convierta en un castigo más.
La justicia que revictimiza no es justicia. Es un sistema fallido.
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