Como casi siempre en la historia, las clases populares fueron las que tomaron en sus manos y con la mayor contundencia y claridad el proyecto patriótico de defensa de la soberanía.
Los hechos del 2 de mayo, y en general la llamada Guerra de la Independencia contra Francia, se dan en un momento de grandes tensiones y transformaciones en Europa y en el hemisferio occidental. En Francia, el Imperio napoleónico es la continuación de la Revolución francesa de 1789, ciertamente con diversos cambios. Napoleón intentó estabilizar la revolución en sus objetivos, además de abordar la construcción de un gran Imperio francés en Europa y más allá. El carácter imperialista del proyecto napoleónico está fuera de toda duda, lo que no quiere decir que en sus enunciados formales ese proyecto no tuviera algunos elementos de progreso con respecto al Antiguo Régimen que aún dominaba el Reino de España, y que fue la vía para conseguir el apoyo de los llamados “afrancesados” en el Estado español. Diferente proceso fue el que siguieron las clases dominantes del viejo Régimen en el Reino de España, que también apoyaron claramente a Napoleón, al menos hasta que estuvo claro que su proyecto iba a ser derrotado, pero en su caso fue por razones de mero oportunismo político.
En el Reino de España también había importantes movimientos y corrientes partidarias de cambios más o menos profundos que, de alguna manera, se vieron confrontados con la invasión francesa; su posible “evolución natural”, por tanto, se vio interrumpida por esa circunstancia. En algunos casos sus efectos fueron claramente negativos, y en otros supusieron la aceleración de aspectos muy positivos con respecto a la realidad del momento. Como casi siempre en la historia, las clases populares fueron las que tomaron en sus manos y con la mayor contundencia y claridad el proyecto patriótico de defensa de la soberanía, y no en un sentido simbólico, sino en el más funcional para las propias clases populares.
La presencia y acantonamiento del Ejército francés en Madrid y en buena parte de las ciudades del Reino, especialmente en la mitad norte peninsular, supusieron un choque civil de gran intensidad con la población del común. Las tropas francesas, cuyo objetivo era avanzar hacia Portugal, conquistar esa nación y repartirla posteriormente con la Corona española, tal como se había acordado en el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, tenían que ser alimentadas por las clases populares; aunque no es fácil de cuantificar, se considera que en el territorio estarían desplegados al menos unos 65.000 efectivos franceses a principios de 1808. El trato de estas tropas hacia la población local no era precisamente respetuoso, produciéndose todo tipo de vejaciones y atropellos, entre los cuales se incluían las violaciones. El saqueo de bienes culturales y artísticos, civiles y eclesiásticos, estaba a la orden del día. Es preciso recordar que los territorios del Estado español habían padecido en los años anteriores grandes dificultades debido a hambrunas y pandemias, por lo cuál las circunstancias económicas eran ya de por sí francamente precarias. La estructura productiva existente fue sistemáticamente destruida por los franceses, pero también por las tropas inglesas que pasaron por la península, cercenando toda posibilidad de competencia en el naciente mundo industrial. Todo ello fue generando un caldo de cultivo de rechazo a la presencia extranjera en las ciudades peninsulares del Estado español.
La Corona española había establecido un pacto con Napoleón que, además de la invasión y anexión de Portugal, incluía el objetivo de intentar debilitar al Imperio británico, sobre todo las capacidades de su armada. El Reino de España aún a principios del siglo XIX disponía de una flota de gran importancia destinada al transporte entre los territorios coloniales y la metrópoli, y era codiciada por Napoleón porque Francia carecía de una escuadra de semejante envergadura. La Batalla de Trafalgar del 21 de octubre de 1805 contra la flota británica supuso la derrota de la alianza franco-española, pero tuvo una repercusión mayor para España que para Francia, al suponer la práctica liquidación de la armada hispana.
La familia real española -los Borbón– estaban enzarzados, como es habitual, en conflictos palaciegos. Los partidarios de Fernando VII habían conseguido que Carlos IV abdicase en el primero, cediéndole la corona. Tal como ocurre ahora, aunque quizá con menos dramatismo, los enfrentamientos entre padre e hijo, incluyendo a la reina consorte -María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV- eran notorios y completamente lesivos para la propia Corona, hasta el punto de influir en la decisión de Napoleón de imponer a su hermano José I Bonaparte como Rey de España. Sin embargo, a pesar de todas sus corruptelas, la Corona tenía un arraigo significativo entre las clases populares, tal como se demostró posteriormente. Todo ello no fue óbice para que ambos, el padre y el hijo, se entregaran de pies y manos a Napoleón en la Abdicación de Bayona el 5 y 6 de mayo de 1808, en un proceso en el que primero Fernando VII renunció a la corona en favor de su padre Carlos IV, y éste a su vez renuncia a favor de Napoleón. Una vergüenza para la familia de los Borbón que habitualmente se transmite como consecuencia de las presiones de Napoleón hacia ellos, lo que rigurosamente no se corresponde con la realidad; Napoleón realizaría algún tipo de presión, pero ésta no cuestionaba la vida de tales impresentables personajes de la historia del Reino de España y de su dinastía reinante -los Borbón-. José I Bonaparte llegó a Madrid el 20 de julio con el nombramiento de Rey de España, hecho por su hermano Napoleón el 6 de junio de 1808, y el día 31 de julio abandonó la ciudad a raíz de la derrota francesa en la Batalla de Bailén.
Según la correspondencia entre Napoleón y sus generales, durante los episodios del 2 de mayo fueron ejecutados 200 soldados franceses; la respuesta represiva del Ejército napoleónico sobre el pueblo madrileño consistió en asesinar a un millar de civiles en una primera andanada. Las crónicas de los ámbitos napoleónicos de la época considerarían el ajusticiamiento de los 200 franceses como una “actividad terrorista” y la venganza de éstos contra la población civil como un “acto de justicia”, como es habitual.
En el otoño de 1808 Napoleón toma en sus manos la conquista del territorio peninsular del Reino de España al mando de la Grande Armée, así como la reposición en el trono de su hermano José. La abdicación de Fernando VII y Carlos IV en favor de la familia Bonaparte fue asociada a la promulgación de la llamada “Constitución de Bayona” y la llegada de Napoleón a Madrid, acompañada de los “Decretos de Chamartín”, del 4 de diciembre de 1808, que tenían cuatro apartados principales: supresión de los derechos feudales; abolición de la Inquisición; supresión de dos tercios de los conventos existentes, confiscando sus bienes, que en parte se dedicarían a satisfacer los desastres de la guerra; y se suprimían las aduanas interiores en los territorios peninsulares. Visto aisladamente, tal como ocurre con la llamada Constitución de Bayona, no parecen especialmente negativos, pero la cuestión no eran las formas, sino los procesos por los que se llegaba a esas conclusiones formales. El proceso estaba totalmente disociado de las clases populares del Reino de España, y además era impuesto, por lo que no gozaba de credibilidad alguna. Es el argumento que utilizan los llamados afrancesados de la época, y en la actualidad, para ensalzar las virtudes de la conquista napoleónica de los territorios peninsulares del Reino. Sin embargo, sí que hubo un proceso desde abajo, horizontal y democrático para la época, que se materializó en la Constitución de Cádiz, en cuya elaboración participaron representantes elegidos de todos los territorios peninsulares en los que ésto pudo hacerse, delegados y representantes de territorios transatlánticos, así como de África y Asia bajo jurisdicción del Reino de España en el momento. Esta Constitución, vigente en una primera fase y durante un corto tiempo, condicionada por la propia guerra, fue derogada inmediatamente por Fernando VII. Tuvo su mayor alcance en tiempo y profundidad política durante el llamado Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, en la que de nuevo estuvo en vigor tras los importantes levantamientos civiles y militares para acabar con el absolutismo de Fernando VII. El movimiento comunero del siglo XIX fue un elemento de gran importancia en la derrota de la fase absolutista de Fernando VII y en la instauración de ese Trienio Liberal y la reinstauración de la Constitución de Cádiz. Por desgracia, este periodo acabó con la intervención de las potencias europeas favorables al absolutismo y con la entrada en los territorios peninsulares de los Cien Mil Hijos de San Luis, tropas francesas solicitadas por Fernando VII (por cierto, en Francia ya se había restaurado la monarquía borbónica en manos de Luis XVIII). De nuevo se evidenció que a Fernando VII le importaba su dominio absolutista, y no la soberanía de los pueblos del Estado.
Como decíamos anteriormente, el Levantamiento del 2 de Mayo se fue gestando progresivamente en la conciencia subjetiva de la población como rechazo a las atrocidades cometidas por las tropas francesas. Cabe destacar que Fernando VII encomendó a la Junta de Gobierno (que dejó en Madrid cuando se fue a Bayona a rendir pleitesía a Napoleón) que no hicieran nada que pudiera incomodar al emperador. Era frecuente que en las tabernas de Madrid aparecieran de madrugada soldados franceses acuchillados, como rotunda expresión de ese malestar contra quienes habrían destacado por sus tropelías, especialmente las violaciones. Las tabernas entonces, como hoy, eran lugar de encuentro y socialización de las clases populares, y tuvieron un gran impacto en la toma de conciencia colectiva y en la ejecución de diversas acciones de resistencia.
El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se rebela -antes se habían producido otras rebeliones, como en Burgos o León, aunque de menor alcance- y este hecho, conjuntamente con la declaración del alcalde de Móstoles, apoyada por otros muchos alcaldes, constituye el inicio formal del levantamiento popular contra el dominio imperial francés. Hubo numerosos pronunciamientos militares y procesos de organización política y social que adoptaron la forma de Juntas de carácter local, provincial o de comunidad, en las que se respetaba la organización territorial en reinos del Estado español. En la rebelión del 2 de mayo hay que señalar el importante papel de las mujeres, entre las que habría que destacar Manuela Malasaña o Clara del Rey, entre otras muchas. En Zaragoza, donde el proceso de resistencia fue asimismo muy importante, también contaron con gran protagonismo (es el caso de Agustina de Aragón).
Hemos intentado abordar, dentro de nuestras posibilidades, la complejidad del momento y el protagonismo del pueblo en el Levantamiento del 2 de Mayo. No es de recibo que dejemos que se apropien de esos episodios heroicos del pueblo los herederos de aquellos que estuvieron con las tropas imperialistas napoleónicas. Desgraciadamente, esto es una constante en la re-lectura de la historia de los pueblos del Estado español que se hace desde el poder.
Artículo de la organización Izquierda Castellana publicado originalmente en su sitio web el 1 de mayo de 2024.
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