La Fiscalía de Barcelona, en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, está recopilando testimonios, documentos históricos y pruebas relacionadas con las torturas en Vía Laietana.
Por Lucio Martínez Pereda | 6/04/2025
La Fiscalía de Barcelona ha iniciado por primera vez una investigación penal sobre las torturas perpetradas por la policía franquista en la comisaría de Via Laietana, conocida como un símbolo de represión durante el régimen. Este paso se da tras el rechazo de los jueces a investigar estos crímenes, argumentando que la ley de amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos impedían abrir causas penales.
La investigación surge a raíz de la denuncia presentada por Blanca Serra, activista independentista que fue detenida y torturada en 1977 junto a su hermana Eva. La Fiscalía fundamenta esta acción en la Ley de Memoria Democrática, que obliga a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Este caso marca un precedente en España para abordar las violaciones graves de derechos humanos bajo el franquismo.
La investigación de la Fiscalía de Barcelona se centra en los hechos denunciados por Blanca Serra, quien fue detenida en 1977 por su activismo político como miembro de la izquierda independentista catalana. Serra presentó una querella en 2021 ante un juzgado de instrucción de Barcelona, relatando las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, un lugar tristemente célebre durante la dictadura franquista por ser un centro de represión. Entre los métodos denunciados se incluyen golpes, humillaciones y simulacros de ejecución, prácticas habituales de la Brigada Político-Social, el cuerpo policial encargado de perseguir a opositores políticos durante el régimen de Franco.
El juzgado de instrucción inicialmente rechazó la querella, argumentando que los delitos estaban prescritos y que la Ley de Amnistía de 1977, aprobada durante la Transición impedía la persecución penal de crímenes cometidos durante la dictadura. Este tipo de resoluciones ha sido una constante en España, donde las víctimas del franquismo han encontrado sistemáticamente cerradas las puertas de los tribunales para buscar justicia por vía penal. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 cambió el panorama. Esta ley, impulsada por el gobierno de coalición liderado por el PSOE, declara la ilegitimidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas y establece que los crímenes de lesa humanidad, como las torturas sistemáticas, no pueden quedar impunes ni amparados por amnistías o prescripciones, alineándose con el derecho internacional.
La Fiscalía en el caso de Serra, tras el archivo judicial, decidió abrir diligencias propias. La Fiscalía de Barcelona, en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, está recopilando testimonios, documentos históricos y pruebas relacionadas con las torturas en Vía Laietana. Además, se está analizando si los hechos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, lo que los eximiría de la prescripción y abriría la puerta a una eventual judicialización, aunque este punto sigue siendo jurídicamente controvertido en España.
El edificio de Vía Laietana, aún hoy sede de la Jefatura Superior de Policía, ha sido objeto de debate político durante años. Organizaciones de derechos humanos y partidos como ERC y Junts han exigido que se convierta en un espacio de memoria, mientras que el gobierno catalán y asociaciones de víctimas han documentado decenas de casos similares al de Serra. Esta investigación podría sentar un precedente para otras denuncias, como las más de 700 querellas presentadas en los últimos años por torturas franquistas, muchas de las cuales han sido desestimadas por los mismos motivos que la de Serra antes de la intervención fiscal.
Por ahora, la investigación está en una fase preliminar. La Fiscalía no ha identificado aún a los presuntos responsables, muchos de los cuales podrían haber fallecido, dado que los hechos ocurrieron hace casi medio siglo. Sin embargo, el objetivo principal, más allá de la persecución penal, parece ser el reconocimiento oficial de las víctimas y la reconstrucción histórica de lo sucedido, en línea con los principios de verdad, justicia y reparación que promueve la Ley de Memoria Democrática. Este paso marca un hito en España, donde la justicia transicional ha sido históricamente esquiva para las víctimas del franquismo.
Se el primero en comentar