Poder

Por Jesús Ausín | Ilustración de ElKoko

Era la cuarta vez que se cruzaba con ella. La había visto en la fiscalía en un par de ocasiones, aunque nunca habían coincidido ni en el estrado, ni en los despachos. Ni siquiera sabía como hablaba. Había algo en ella que le llamaba la atención. No era una mujer espectacularmente bella, aunque esa gran melena morena y sobre todo sus redondos ojos azules, llamaban la atención de cualquiera. Pero no era por sus ojos por los que le daba una especie de vuelco el estómago cada vez que la veía, camino de la Audiencia Provincial, sentada en una de las terrazas del Espolón, charlando con un grupo de amigas o simplemente andando en dirección contraria. Tampoco su vestimenta, más bien anodina. Casi siempre llevaba blusas lisas blancas y faldas de color beige ni muy cortas, ni muy largas. Sólo una vez la había visto embutida en unos vaqueros ceñidos que estilizaban una figura más bien algo rechoncha y una camiseta negra, no muy ajustada. Ni siquiera sus tacones con los que asistía al trabajo habían llamado poderosamente su atención. Eran más bien el cierre vergonzoso de sus párpados y su forma de desviar la mirada hacia el suelo lo que habían despertado a esas mariposas que revoloteaban en su estómago cada una de las veces en las que la había mirado. Nunca jamás le había sostenido la mirada y nunca le dirigió una sonrisa. Aunque tampoco había sido especialmente brusca cuando, en dos ocasiones, le sorprendió oteándola. Sabía que trabajaba en la fiscalía del Tribunal Superior y ella seguramente también sabría que él era juez.

Un juez joven, que tenía fama de duro. Especialmente con aquellos que siempre están acostumbrados a servirse de sus amistades para atraer veredictos hacia sus causas. Él, sin embargo, no concedía favores ni privilegios por la posición social y cuando alguien le insinuaba algún tipo de amparo o intentaba ganársele a través de regalos o tretas, no sólo los rechazaba sino que indicaba al “conseguidor” que, por ese camino, acabaría teniendo lo contrario a lo que pretendía.

No se fiaba de nadie. Era un juez joven pero no inexperto. Cinco años en un pueblo de dos mil habitantes como titular de uno de los Juzgados comarcales, le habían dado suficientes tablas como para reconocer a un chantajista a la legua y como para desconfiar de cualquier situación sobrevenida que, cualquier otro hubiera destacado como un golpe de suerte, y que él, sin embargo, rechazaba preguntándose que habría detrás.

Él, hijo de un zapatero de pueblo, sabía de primera mano que la justicia y la pobreza están reñidas. Sus padres habían hecho malabares para que él se fuera a la ciudad a estudiar bachiller y después la carrera de derecho. Y gracias a las becas, lo había conseguido con honores. Luego, tres años de duro trabajo estudiando las oposiciones a juez, sin salir de juerga, ni al cine y dedicando 15 horas al día al estudio, habían acabado dando el fruto deseado. Durante su infancia, había visto tantas injusticias que se juró a sí mismo no ser como aquellos que le habían quitado casi todo al pobre Fanegas, el padre de su mejor amigo, para dárselo a Ansurio, el ricachón abusón del pueblo que utilizaba la justicia para sus tropelías.

Y no era fácil. Porque, en la primera semana como Juez, le invitaron a una cena con el teniente de la Guardia Civil, el Alcalde y dos compañeros jueces más. La cena acabó en el puticlub de la autovía, y menos mal que él rechazó la oferta de entrar, aduciendo que la cena le había sentado mal, porque a los otros dos compañeros, en el momento adecuado les llegaron en un sobre unas fotografías de esa noche en el lupanar. Ese momento fue justo antes de uno de los juicios a dos importantes políticos de la comarca. No había nota alguna pero ambos supieron lo que debían de hacer.

Por eso era desconfiado. Por eso, no se fiaba de ninguna chica que entablara “casualmente” conversación mientras tomaba café o comía. Por eso no aceptaba regalos ni alternaba con abogados defensores o políticos.

Pero Habrilia era distinta. Ella no se había acercado nunca a hablar con él y retiraba la mirada si le sorprendía observándola. Además trabajaba en la fiscalía. Por eso decidió dar un gran paso: saludarla al cruzarse con ella.

Poco a poco los saludos se convirtieron en algo habitual y un día coincidieron en uno de los garitos de moda en Las Bernardas, un sábado por la noche. Él estaba con sus primos y venían de una boda y ella estaba con unas amigas. Comenzaron a charlar. La conversación fue tan amena y la noche pasó tan rápida que quedaron para el día siguiente. Y al otro, y al siguiente. Así emprendieron un noviazgo largo.

…

El juez estaba sentado en su despacho. Leía absorto un sumario lleno de consideraciones, pruebas, peritajes e informes de la Guardia Civil. Como Juez del Tribunal Superior de Castilla y León, le tocaba juzgar uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos, cohechos y adjudicaciones fraudulentas.

Alguien llamó a la puerta. Se acercó, la abrió y no encontró a nadie. Sólo un sobre pegado con cinta americana en la puerta del despacho. Lo cogió, lo rasgó y unas gotas de sudor empezaron a correr por su frente.

En las fotos se le veía sin ropa ataviado con un látigo, una bragas rojas femeninas eran su única ropa interior y unos tacones de aguja estilizaban unas botas de caña, también rojas, que le cubrían hasta la rodilla. No había nadie más. Pero era evidente de dónde habían sacado las fotos porque sabía quién le había grabado tres días antes: Habrilia.

Una nota acompañaba a las instantáneas: “tenemos el video”

Nunca más supo de ella.

Poder

Siempre he tenido la ilusa creencia de que llegaría un día en el que la justicia, lo fuera y que los pobres tendrían el mismo trato que los ricos y las mismas oportunidades a la hora de acudir a los tribunales.

Esta ilusión utópica, poco a poco cae por su propio peso. El poder Judicial, no deja de ser, eso, poder. Y el que tiene el poder lo ejerce para su propio beneficio porque para algo lo ha perseguido.

La justicia está reñida con la pobreza. Más que nada porque no hay ningún juez pobre que sienta empatía por los que serían de su clase. Y además, los pobres, no pueden jugar con las mismas armas que los ricos. Los pobres no pueden pagar abogados que dediquen todo su tiempo al asunto judicial que les concierne. Los pobres no pueden pagar peritajes, ni segundas opiniones. Ni contratar detectives privados que hagan seguimiento a los ricos para establecer un patrón de comportamiento. Los pobres tienen que confiar en un abogado de oficio, que hace lo que puede o pagar uno de medio pelo que ni siquiera es capaz de ordenar las pruebas en el sumario (esto lo he vivido). Y estos abogados de medio pelo, no tienen amistad con jueces, ni van a sus mismos clubs, ni siquiera a los mismos simposios o conferencias.

Pero es que, en España, vengo observando que además de los pobres, todos aquellos que supongan un peligro para el régimen establecido, tampoco tienen las mismas oportunidades. Y la justicia les persigue con todo el armamento legal establecido. Armamento que retuercen hasta el atropello.

La justicia está reñida con la pobreza, no hay ningún juez pobre que sienta empatía por los que serían de su clase

Vemos por ejemplo el caso de Juana Rivas. Una mujer que sufre maltrato por parte de su marido. Que tiene que huir de un país extranjero para que no le siga maltratando. Una madre que quiere lo mejor para sus hijos y que, ante la posibilidad de que el maltratador acabe haciéndoles daño, entre otras cosas porque su país no ha cursado una denuncia con la celeridad que debiera, acaba escondiéndose con sus retoños. Bien,  pues la fiscalía, se empeña en dejar claro que pasa si no haces caso al poder judicial, y pide para ella cinco años de cárcel. El delito, Sustracción de menores. Da igual que si que haya causa justificada. Das igual que ella tuviera la custodia de los hijos. Da igual que el marido le hubiera escondido el pasaporte en una acequia para evitar que se fuera de Italia. Porque lo que importa, al parecer, es que esta señora ha incumplido estrictamente la ley y ha osado retar a la justicia. Por eso, al parecer, hay que dar un aviso a navegantes. Por eso hay que cuidar el régimen de patriarcado machista.

Algunos casos como el de la jueza que preguntó a la mujer violada si había cerrado bien las piernas, o este otro que recientemente no le aplica a un abuelo que abusa de su nieta de cinco años, el agravante de prevalimiento (aprovechar su confianza o prestigio para cometer un acto criminal) aduciendo que esta estaba dormida, son claros ejemplos de un poder que defiende el patriarcado hasta la indecencia más absoluta. Un patriarcado que no es sino uno de los rasgos más importantes de este sistema casposo en el que vivimos.

En el caso de los Jordis, de Junqueras y de los otros encarcelados por el Procés en Catalunya, existen serios argumentos sobre el “exceso de celo” de la justicia española. El periodista Carlos Enrique Bayo, escribió este artículo en Público en el que relata, con pruebas, diez anomalías, algunas de ellas graves, como la falta de competencias de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

Luego está la tema de la Euroorden dictada por el Juzgado n.º 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional, el 3 de Noviembre y que, según los expertos, ante la posibilidad de que el Juez Belga encargado de decidir si los cargos dictaminados por el citado auto contra Puigdemont, estableciera que no son delitos por los que se le pueda juzgar, el 5 de diciembre se retira la orden internacional de detención. Sin ser jurista, lo primero que me viene a la cabeza es que si un juez cree que hay delito en una acción o actuación política, debería preservar esa creencia independientemente de lo que pueda decir otro juez de otro país. Lo contrario, se asemeja mucho a una dejación de funciones a sabiendas, y eso sería prevaricación. A no ser claro que ya se tenga la constancia de que el delito no existe y que, por tanto, el juez del otro país te va a dejar con el culo al aire por lo que se prefiere retirar la orden de detención para que eso no pase. Y eso, también sería prevaricación.

En el mismo sentido, lo sucedido el 21 de Enero pasado tras el viaje de Puigdemont a Copenhague, está lleno de contrasentidos y, en cierta forma, parece afianzar que esto es un proceso político contra quienes han osado poner en jaque el sistema político establecido. Primero porque si el Juez Llerena es consciente de que Puigdemont es un fugitivo de la justicia, como dice en su auto, (a pesar de que Puigdemont salió por la frontera tranquilamente y sin orden de detención alguna y a pesar de que se retiró la Euroorden, lo que contradice esa afirmación), debería haber firmado la orden de búsqueda y captura internacional.  De conocerlo y no hacerlo, ¿no sería también prevaricación? Por otra parte, argumentar que no se firma la orden porque eso sería dar una carta ganadora a la estrategia del acusado, es como si cuando la justicia americana, que no pudo juzgar a Al Capone por sus cientos de asesinatos cometidos, tampoco le hubiera juzgado por evasión fiscal, argumentando que eso es precisamente lo que quería el mafioso porque era mucho más beneficioso para él. La obligación de todo juez es aplicar las leyes e interpretar las pruebas y no establecer si una cosa es más o menos beneficiosa para la estrategia de un acusado y mucho menos si lo es o no para el Gobierno.

Pero no todo queda ahí. Resulta que el Gobierno, por su cuenta y riesgo y sin que haya ninguna sentencia que inhabilite a Carles Puigdemont para ejercer sus derechos constitucionales como ciudadano (elegir y ser elegido), establece que el citado no puede ser candidato a la Presidencia de la Generalitat. Esto a pesar de un informe del Consejo de Estado que dice lo contrario. Y a continuación, la vicepresidenta llama al presidente del TC para que se reúna de urgencia ese mismo día ( lo que no puede ser porque éste no se encuentra en España), para dilucidar si el recurso del gobierno es admitido o no a trámite. Este tribunal que estuvo más de siete años sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto y cinco años para pronunciarse sobre el Estatut, se reúne al día siguiente. Y en unas cuantas horas, las que les llevan redactar un auto que parezca que le quita la razón al gobierno, dándosela, acaban dinamitando la legalidad porque adoptan medidas cautelares de oficio (lo que está prohibido en la LEC art. 721.2) y el procedimiento constitucional porque la LOTC sólo prevé el recurso de amparo previa admisión del mismo (art. 56.6). Y, para colmo, será un juez el que decida si Puigdemont puede ser o no candidato. Inaudito.

Todos estos casos, al igual que las sentencias contra los raperos que hacen canción protesta (porque lo de Valtonyc o lo de Pablo Hasel lo son, de otro estilo que las de Hilario Camacho o las de Raimon, pero iguales en su sentido de lucha contra la injusticia política) tienen en común que los perseguidos se han empeñado en poner en evidencia y/o acabar con el régimen político establecido. Cuando un delito hay que cogerlo con esparadrapo porque no se sostiene, cuando se persigue a la gente por un supuesto delito de odio que sólo se aplica si es contra los que apuntalan o forman parte del sistema político enquistado, cuando utilizas la ley a conveniencia para hacerte fuerte políticamente o sostener tus acciones, cuando quién debe ser coherente, justo y sobre todo no estar sujeto a ninguna presión de una de las partes (y aquí debo recordar que la aspirante ganadora de la Plaza en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, introdujo en su currículum, a valorar como mérito, que su oponente trabajaba para el gobierno y ella no) y sin embargo lo estás porque has sido elegido por esa parte y además por un perfil político adecuado a los intereses de esa parte, cuando el poder judicial impone al poder legislativo su forma de funcionamiento, la diferencia entre un país que se dice democrático y uno cuyo líder es un militar que ha llegado al poder por un golpe de estado, es NINGUNA.

Parece que vivimos en un estado con un solo poder en el que no es posible la convivencia sin desescombrar hasta los cimientos.

Salud, república y más escuelas.