«La gobernabilidad con la actual composición de bancadas y en antagonismo de proyectos políticos no es una opción, en el mejor de los casos el nuevo Gabinete será una tregua».
Por Bárbara Ester
El 6 de octubre, a 69 días de asumir el mando, Pedro Castillo pidió y aceptó la renuncia de su Premier Guido Bellido y 6 miembros de su cartera ministerial. No era la primera renuncia, Héctor Béjar dejó Cancillería gracias a una operación mediática con complicidad de las autoridades de la Marina, el sector más elitista de las FF. AA.
Desde el origen, el Gabinete fue cuestionado. A tres días de asumir Iber Maraví, ministro de Trabajo, fue acusado de mantener vínculos con miembros de Sendero Luminoso y por su participación en protestas del gremio de maestros en la región andina de Ayacucho. A Ciro Gálvez (Cultura) la prensa hegemónica empezó a vincular a sus asesores con casos de corrupción y el cambio en el listado de participantes a la feria del libro de Guadalajara inició una polémica en redes sociales cuando la elite literaria desplazada expresó haber sufrido un atropello de parte del ministro. A Manuel Carrasco Millones se lo investigó por una superposición mínima entre su licencia como fiscal durante la campaña y su asunción al ministerio del Interior. Juan Silva (Transporte y Comunicaciones) fue acusado de por multas de tránsito. Otros fueron cuestionados por no tener un título universitario afín a su ministerio y el ex premier Guido Bellido fue acusado por la congresista Patricia Chirinos de haber sido víctima de dichos misóginos en el recinto. Si bien no hay testigos, la Justicia determinó medidas de protección por el “maltrato psicológico ocasionado”. La fiscalía peruana también investiga al ex premier por una publicación que hizo en Facebook en 2017, en la que conmemoró la muerte de Edith Lagos, quien fue una de las cabecillas de Sendero Luminoso, catalogando su publicación como “apología del terrorismo”.
El panorama estaba claro, desde un primer momento Perú Libre fue el principal blanco de los ataques de los medios, quienes ayudaron a construir una hostilidad desde el Parlamento. El primer objetivo fue desactivar a Perú Libre. Para ello se persistió con la propaganda del miedo del fujimorismo, desde las asociaciones con el terrorismo –lo que se conoce como “terruqueo” hasta el racismo y la meritocracia que aludían a la ineptitud de los mandatarios “habla mal”, “no está preparado”, “es ignorante”.
Guerra judicial, de las disputa inter derechas a la identificación del enemigo
Cabe destacar que la judicialización en modo “todos contra todos” comenzó en 2017 cuando la mayoría parlamentaria fujimorista buscó tumbarse a Pedro Kuczynski desde el Congreso y optó por la madre de todas los lawfare de la región: Odebrecht. La derecha liberal recogió el guante y buscó poner coto a una Keiko Fujimori que se mostró capaz de todo para llegar al poder y, a pesar de ser investigada por liderar una organización criminal, logró ser candidata presidencial, obstruir y dilatar la asunción de su adversario. La judicialización abrió una batalla descarnada en la que todos los presidentes desde el retorno democrático de 2001 fueron investigados y juzgados. De igual modo, todo fue auditado, perseguido y judicializado. Esta guerra llevó a nivel nacional lo que venía pasando en las regiones. En total 3 gobernadores regionales Gregorio Santos (Cajamarca), Walter Aduviri (Puno) y Cerrón (Junín) fueron judicializados entre 2011 y la actualidad. Cabe destacar que la judicialización y criminalización fue un proceso habitual en las regiones contra los movimientos anti mineros y los referentes. Estos cambios tienen un correlato institucional en las reformas constitucionales que prohibieron la protesta social desde el segundo Gobierno de Alan García y la descentralización de los Gobiernos regionales, tendencia que comenzó a cambiar en 2018. Las reformas impedían precisamente lo que ocurrió en 2021, la conformación de un Gobierno Nacional que represente a las regiones periféricas.
Vladimir Cerrón fue gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014. En 2019, resultaría nuevamente electo pero el 20 de agosto de 2019 el Consejo Regional decidió suspenderle del cargo de gobernador regional ante la condena penal que recibió como resultado del caso La Oroya, contrato heredado del gobernador fujimorista inmediatamente anterior a su gestión, quien luego sería candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori en 2016. Por esta causa, de la cual fue posteriormente sobreseído, fue condenado sin pruebas, salvo que era la máxima autoridad. Cuando la primera sentencia fue revisada, el presidente del tribunal de apelaciones dijo que era una violación flagrante del principio de culpabilidad, según el cual debe estar acreditada la responsabilidad de un hecho, pero quedó en minoría. Los restantes dos vocales le impusieron a Cerrón cuatro años de prisión suspendida. Para el Dr. Jordi Ferrer Beltrán1 profesor Titular de la Universidad de Girona en su informe sobre el caso dicha sentencia fue arbitraria y completamente privada de sustento probatorio. Esta causa le impidió encabezar la lista de su partido en 2021 y aunque era candidato a la segunda vicepresidencia fue descalificado por el Jurado Nacional de Elecciones por cumplir condena de prisión por corrupción de 2019, luego de las elecciones fue sobreseído.
El juego mediático y político buscaba recrear la teoría de los dos demonios y convertir a Perú Libre en la contracara del fujimorismo, para eso era necesario espejar las figuras para que ambos -Fuerza Popular y Perú Libre- fueran corruptos, ambos estuvieran cuestionados y se pasearan por los juzgados. Desde la asunción de Castillo Cerrón está investigado en distintas causas, básicamente la auditoría de toda su obra pública como Gobernador y la mediáticamente titulada: “los dinámicos del centro” en la cual se acusa a Perú Libre de ser una “organización criminal para delinquir” acusado de vender licencias de conducir y con ello financiar la campaña presidencial más barata del siglo XXI. La misma figura jurídica era utilizada contra Fuerza Popular por tráfico de drogas y por soborno y tráfico de influencia con la Justicia en la famosa causa de los “cuellos blancos del Callao”. Del mismo modo, si Vladimiro Montesinos había sido el célebre monje negro de Alberto Fujimori y asesor desde el penal de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón debía ocupar un lugar similar con Pedro Castillo, los nombres contribuían al culebrón.
Para distinguir el lawfare de la masiva judicialización que comenzó en 2017 y que afectó a toda la clase política, incluso a los impulsores de la investigación contra PPK, es necesario distinguir la presencia de: 1-el timing político para que el caso judicial pueda ser esgrimido tenga un alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados; 2 la reorganización del aparato judicial que quedó inconclusa desde el Gobierno anterior y se manifestó durante la dilación de la asunción de mando y 3- el doble rasero de la ley que escoge que casos visibilizar y cuáles invisibilizar.
El obnubilador Sendero del terruqueo
Sendero Luminoso fue el antagonista ficcional favorito del fujimorismo, Abimael Guzmán, el líder mesiánico de la organización fue apresado en 1992, desde entonces la actividad de sendero fue mínima pero su fantasma se volvió funcional al fujimorismo. A priori, senderista era el modo de desacreditación de todo dirigente territorial periférico, mucho más si tenía ideas de equidad, cuestionaba las regalías a su región o encabezaba una protesta social o huelga por las consecuencias de la minería: malas condiciones de contratación y contaminación y empobrecimiento de los agricultores locales.
De acuerdo a los datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de las víctimas del conflicto armado el 79% vivían en zonas rurales y el 75% tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, dato que contrasta con el hecho de que la población que comparte esta característica constituye solo el 16% de las y los peruanos. Cabe destacar que durante el conflicto armado indio y terrorista fueron sinónimos para el Ejército pero que al mismo tiempo, Sendero Luminoso no tuvo El uso del término “terruco” como un insulto, aunque en principio fue dirigido a los miembros de los grupos alzados en armas, contribuyó decisivamente a estigmatizar a distintos sectores de la población peruana, incluyendo a defensores de derechos humanos, familiares de detenidos y otras víctimas de la violencia política, y personas de origen indígena en general.
A pesar del terruqueo de los medios de comunicación, el mecanismo mostró su falta de eficacia en el balotaje. Pero volvió a instalarse con la muerte de Abimael Guzmán y el tratamiento morboso de su cadáver. La instalación mediática del tema instaló la permanencia de Iber Maraví, como un posicionamiento moral. Llegando incluso a afirmar que la incapacidad moral estaría dada por el nombramiento de ministros vinculados a Sendero Luminoso. Esto omite por ejemplo la propia responsabilidad de la mayoría del Congreso que lo refrendó a fines de agosto. Aunque los números para la vacancia fueran dudosos, la intervención de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, influyeron en la salida del Gabinete.
La moción de censura contra Maraví fue impulsada por las bancadas del fujimorismo en sus tres vertientes: Fuerza Popular, Renovación popular y Avanza País que juntas suman 44 votos. El Gobierno cuenta en total con 42 votos sumando las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú. Entre el oficialismo y el bloque fujimorista de derecha hay una brecha de 44 votos, compuestos por bancadas de centro como el Partido Morado y Somos Perú, el último partido histórico en el caso de Acción Popular y la centro derecha pragmática de Alianza para el Progreso, hasta una derecha punitivista como Podemos Perú. El cambio de Gabinete anunciado el 6 de octubre se inscribe en el escenario de buscar diálogo con esos 44 votos que conforman un tercer tercio disperso.
¿Es posible que haya mayor diálogo y consenso? No, no es posible bajo el andamiaje institucional actual a excepción de que el Gobierno cambie su agenda actual. Hasta el momento, menos de los 120 días de gracia que se le otorgan a un Gobierno entrante, el Gobierno ha impulsado un exitoso programa de vacunación, la sido el único país de la región que producirá la vacuna Sputnik, ha lanzado un programa para el castigado sector rural denominado “Segunda Reforma agraria” el cual consiste en promover políticas públicas en favor del desarrollo de la agricultura familiar y cooperativas agrarias, e incluye programas de créditos, tecnología y ampliación de mercados para los productores. Otras de las medidas exitosas del Gobierno fue la recaudación fiscal de empresas deudoras y la renegociación de las utilidades de los consorcios que explotan el gas de Camisea. Hasta el momento Castillo y Perú Libre no han tenido diferencias de contenido, sino de formas. No son las medidas sino el tono y la permanente artillería mediática contra los miembros del partido de el lápiz lo que incomoda a un Gobierno equilibrista. Tras la salida de Bellido, la cotización del dólar dio un guiño al cambio y al diálogo.
Nuevo Gabinete y La “cuestión de confianza” interna
Algunos referentes de Perú Libre han mostrado sus discrepancias y evidenció las tensiones de la alianza de Gobierno. Sin embargo, las incorporaciones incluyen militantes del partido con mayor presencia territorial, partido que a raíz de las sucesivas operaciones mediáticas y judiciales habilitan la permanente interposición de obstrucciones desde el Legislativo. Perú Libre, como es habitual, golpeó y negoció. Afirmó que su incomodidad con el Gabinete pero le dio su apoyo, al mismo tiempo que mantuvo sus exigencias sobre sus proyectos más claves: Nueva Constitución, Segunda Reforma Agraria y renegociación del gas de Camisea. Objetivos difíciles de cumplir actualmente con el descalibrado andamiaje de representación peruano. La Nueva Constitución no es posible mediante las reglas de la Constitución de 1993, en ambos casos necesita el voto mayoritario del Congreso que al que no llegaría ni logrando convencer al amplio centro de 44 votos, del otro lado solo quedan las 3 bancadas fujimoristas que jamás avalarían la propuesta.
Las armas con las que cuentan Ejecutivo y Congreso son la cuestión de confianza, el mecanismo por el cual Vizcarra cerró el Congreso para lograr pasar tres reformas constitucionales, y la desvirtuación de la interpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente; esta última es la que el Congreso implementó para vacar a Kuczynski -aunque técnicamente renunció antes de una obvio votación desfavorable- y Vizcarra. Esta legislatura ha aprobado un proyecto de Ley que busca limitar el uso de la moción de confianza, eliminando esta facultad del Ejecutivo para el caso de reformas constitucionales. Por su parte, Nuevo Perú ha presentado un proyecto de Ley para quitar ambigüedades en la interpretación auténtica de la “incapacidad moral permanente” e impedir que irresponsablemente el presidente pueda ser vacado por motivos irrisorios, a discrecionalidad del Congreso y con el aval de la Justicia. Vizcarra, con un perfil mucho más afín a los sectores de poder, fue vacado con la venia de la Tribunal Constitucional Justicia.
Actualmente, está en marcha un proyecto de recolección de firmas para un referéndum constituyente, la única forma de que la Nueva Constitución avance es mediante una fuerte adhesión popular. Es por eso que la presencia de Perú Libre, el partido con más territorialidad de base es clave pero tampoco suficiente. Si aspira a conducir un movimiento popular, deberá buscar el apoyo de al menos los sectores bajos y medios urbanos, sin romper con su fuerza de base. El principal temor de los sectores decisivos de la victoria es la “ollantización” del Gobierno, es decir que encarne el desencanto popular para con el caudillo popular que sucumbió a los poderes fácticos.
Vásquez fue congresista por el Frente Amplio (2020-21) y presidenta interina del Congreso tras el interregno de Sagasti. Su labor estuvo signada por la tempestad del pase de mando que marcó el inicio del actual Gobierno. La nueva premier es oriunda de Cajamarca y fue la abogada de una reconocida dirigente ambiental, Máxima Acuña, quien lideró protestas contra Yanacocha. Cabe destacar que la incorporación de mujeres está en consonancia con las primeras declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC pero también que estas medidas no son necesariamente decisivas para la gobernabilidad con el Congreso ni aprobación por parte de la opinión pública. La apelación al voto femenino en su versión más tradicionalista fue la bandera de campaña de Keiko Fujimori quien resultó derrotada con todo el aparato mediático y económico a su favor. Cabe pensar que el discurso de reivindicaciones de las mujeres y disidencias, no son patrimonio exclusivo de los sectores transformadores, sino que operan como un acervo discursivo que puede ser utilizado por sectores de un amplio espectro político y ser un gesto de mayor sintonía para la actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. Eso sí, la gobernabilidad con la actual composición de bancadas y en antagonismo de proyectos políticos no es una opción, en el mejor de los casos el nuevo Gabinete será una tregua.
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