Perú confirma la falacia del «fin del ciclo progresista» en América Latina

Por Aníbal Garzón

El verdadero problema no es el conservadurismo en sí, sino que el conservadurismo haga hegemónicas sus posturas políticas dentro del progresismo, consiguiendo repetir el progresismo lo mismo que titula el conservadurismo. Estrategia gramsciana. En 2015 salían titulares en medios como El País, medio ultraconservador respecto a América Latina cometiendo incluso violaciones del código deontológico periodístico como publicar una foto falsa de Hugo Chávez en un hospital entubado¹, como “¿un fin de ciclo político (progresista) en América Latina?”². Una pregunta que la finalidad era poner en duda la viabilidad y sostenibilidad de los gobiernos progresistas de América, incluso llegando a hablar de fracasos de los modelos más rupturistas. Una estrategia que conseguía que la pregunta saltará de medios como El PAIS a medios progresistas como el mexicano La Jornada³. En definitiva, el falso debate ya se había creado, con el objetivo de no debatir sino con el fin de deslegitimar a la izquierda latinoamericana.

Podemos decir que el inicio estratégico del mal llamado “Fin de ciclo progresista” fue a partir del 14 de abril de 2013, fecha que se realizaron unas elecciones generales en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo. La oposición vio una oportunidad de derrumbar la Revolución Bolivariana y sus 14 años de hegemonía, pero la jugada no tuvo su resultado. Nicolás Maduro, como substituto de Chávez, venció con el 50,61% de los votos para ser nombrado Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dado que por medios democráticos la oposición no tuvo su resultado se llevó a cabo una estrategia violenta para desestabilizar el país y conseguir desprestigiar a Maduro, con apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. En febrero de 2014 la derecha reaccionaria de Venezuela, liderada por Antonio Ledezma, el derrotado electoralmente Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, inició las acciones vandálicas llamadas “guarimbas” disfrazadas como acciones pacíficas estudiantiles pidiendo la dimisión de Maduro. Pero era justo lo contrario, las acciones de las Guarimbas fueron violentas provocando un saldo de 43 muertos, entre ellos varios miembros de la fuerza pública. La estrategia era vender a los medios de comunicación internacionales, con apoyo de Washington, que el gobierno de Venezuela reprimía a sus ciudadanos y violaba los Derechos Humanos, para de esta manera poder iniciar sanciones internacionales y bloqueos económicos al gobierno de Maduro evitando su soberano desarrollo nacional para seguir siendo un ejemplo para los pueblos latinoamericanos y del Sur Global. La jugada tenía su rumbo, la oposición generaba un conflicto nacional y Estados Unidos culpaba al gobierno de Venezuela de todos los malos justificando así su injerencia “democrática”. En marzo de 2015, el Presidente de Estados Unidos y Premio Nobel de La Paz, Barack Obama, firmaba una orden ejecutiva donde declaraba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”⁴. El bloqueo se iniciaba con un presidente demócrata y se endurecía con un presidente republicano, Donald Trump. Dos caras de la misma moneda, llegando Trump en 2019 a imponer un bloqueo total de propiedades, transferencias y comercio de Venezuela con Estados Unidos, al igual que padece Cuba, Siria, Irán o Corea del Norte⁵. El bloqueo y ahogo no solo era contra Venezuela, sino una estrategia para desestabilizar los proyectos soberanistas de América Latina, a nivel nacional y de integración regional como UNASUR, ALBA-TCP, MERCOSUR o CELAC.

La “Venezonalización” como estrategia de la derecha latinoamericana

Las primeras elecciones en América Latina tras las guarimbas y el bloqueo a Venezuela fueron las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre de 2015. La alianza del kirchnerismo con Venezuela en el MERCOSUR, UNASUR, o contra el proyecto del ALCA en Río de Plata en 2005, hizo que Macri utilizase un discurso contra el chavismo, dirigido desde Estados Unidos, para atacar al candidato kirchnerista Daniel Scioli⁶. Parte de la campaña de Macri fue prometer hacer “uso de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la suspensión de Venezuela por violaciones a los derechos humanos” y pedir a Scioli que condenase a Venezuela las detenciones de la oposición⁷. El método de la derecha argentina para vencer los 12 años de Kircherismo hegemónico y volver a implementar el neoliberalismo salvaje era hablar de Venezuela. Macri tuvo su resultado, se impuso en una segunda vuelta, y se inició el “Lawfare” o Guerra Judicial contra Cristina Fernández. Se habló del fin del Kirchnerismo o progresismo peronista.

Viajando de Argentina a Brasil, un proceso diferente pero con muchas similitudes. El 2 de diciembre de 2015 se inició un Impeachment (Juicio Político) contra la Presidenta Dilma Rousseff por el simple hecho de acusarla de maquillar los datos del déficit presupuestario condenándola de “crimen de responsabilidad”⁸. Su socio de gobierno, Michel Temer, del partido más acusado de casos de corrupción y de sobornos (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), como el de la empresa Odebrecht, se convertía en el Presidente de Brasil tras no darle el apoyo a Dilma contra el Impeachment. Esto fue acompañado del encarcelamiento del expresidente Lula da Silva en 2018 a más de ocho años de prisión, acusado de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. Pero tras un año y siete meses, quedó liberado, por no realizarse un juicio justo e impedir a Lula presentar todos sus recursos para demostrar su inocencia. Lula y Dilma fueron blanco del Lawfare llevado a cabo por la derecha política brasileña para deslegitimar la hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT) desde el 2003. La salida forzada de Dilma tras el Golpe Político hizo un giro de 180 grados respecto a Venezuela, cumpliendo Temer con las directrices de Donald Trump de aislar a Venezuela y criminalizar a la izquierda brasileña como socio. La noche antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2017, se reunió Temer con Trump en su Trump Tower, junto con el Presidente colombiano Juan Manuel Santos y la vicepresidenta argentina Gabriel Michetti, para coordinar la estrategia contra Venezuela⁹. Es justo en la campaña electoral de 2018 cuando el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, con un discurso violento contra Venezuela y haciendo uso de fake news en redes sus seguidores, ataca al PT bajo la teoría del miedo hablando de la “venezonalización de Brasil”¹⁰ si gana el candidato del PT Fernando Haddad en la segunda vuelta electoral. En definitiva, Venezuela como arma electoral para desacreditar a la izquierda brasileña, y a toda América Latina, una estrategia creada por Washington, iniciada por Obama y endurecida por Trump¹¹. El neofascista Bolsonaro ganó la segunda vuelta en octubre de 2018 con el 55,13% de los votos frente al PT, justo 6 meses después del encarcelamiento ilegal de Lula, acusado de corrupción y socio político de Chávez y Maduro, que ayudó a desprestigiar a la izquierda brasileña. Se empezó a hablar del fin de un ciclo progresista en Brasil.

De Brasil a Ecuador. Tras la victoria de Lenin Moreno como candidato del partido correísta Alianza País en 2017, llegó lo inesperado, un cambio radical en su mandato contra la “Revolución Ciudadana”. Retornó a las políticas de recortes y austeridad, dejó de dar asilo a Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, o tuvo injerencia como Presidente para llevar a cabo el polémico y rápido juicio contra el expresidente Rafael Correa, el Vicepresidente Jorge Glass, y otros cargos, para ser acusados de corrupción por el “Caso Sobornos”. Un ejemplo más de Lawfare¹² para desmantelar un proyecto contrario a los intereses de Estados Unidos y la oligarquía nacional, prohibiendo así que Rafael Correa pudiera volverse a presentar como candidato a las elecciones de 2021. Ecuador, que era miembro del ALBA-TCP, dejó la estructura supranacional antimperialista en 2018¹³, y Moreno potenció su ataque hacia Venezuela, según los parámetros y presión del imperialismo norteamericano dirigido por Trump¹⁴, para desprestigiar al movimiento correísta de cara a las elecciones de 2021. Moreno llegó al nivel de acusar a Maduro y Correa de provocar las protestas de 2019¹⁵, con 8 muertos y 1340 heridos por represión policial y militar, contra sus medidas neoliberales de quitar subsidios a la gasolina. En definitiva, el gobierno de Moreno fue una transición que buscó poner fin al proyecto progresista de la Revolución Ciudadana.

Otra derrota electoral de la izquierda latinoamericana fue el de la variopinta coalición del Frente Amplio en Uruguay. Tras 15 años de hegemonía, en la segunda vuelta de octubre de 2019 venció el Partido Nacional de Luis Lacalle frente a Daniel Martínez del Frente Amplio con una diferencia mínima del 0,79% de votos, es decir, 37.000 votos. Uruguay es un caso excepcional ya que al ser poco más de 2,6 millones de votantes cualquier mínima variación puede decantar el gobierno a la izquierda o la derecha. Aún así el Frente Amplio tuvo disputas internas sobre el debate de Venezuela insertado desde la campaña dirigida desde Estados Unidos a toda América latina, una guerra cultural neocolonial. Mientras las bases presentaron toda la solidaridad a Venezuela contra el bloqueo de Estados Unidos en el Foro de Sao Paulo en julio de 2019¹⁶, dirigentes del Frente Amplio, como el candidato Daniel Martínez o líderes históricos como Danilo Astori o el prestigioso Pepe Mujica critican a Venezuela de ser una “dictadura”¹⁷. Además, el conflicto interno proviene de unos meses antes, cuando el Plenario del Frente Amplio decidió expulsar del partido político al excanciller durante el gobierno de Pepe Mujica (2010-2015), y actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por su injerencia antidemocrática y postura favorable a hacer una intervención militar para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. El tema de Venezuela generó divisiones internas y ambigüedades en la izquierda uruguaya, debilitando su estructura, mientras la derecha tuvo claro su discurso, el dirigido por Donald Trump.

Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, dieron el giro hacia la derecha entre 2015 y 2019 después de varios años de gobiernos de izquierda, cada uno con sus particularidades, pero siendo Venezuela el tema central por encima de problemas nacionales, una estrategia electoral definida en los despachos de la política exterior norteamericana. En el caso de Paraguay, otro país del Cono Sur, el golpe de estado parlamentario de 2012 contra el líder del Frente Guasú y Presidente del Gobierno, Fernando Lugo, dejó a la izquierda totalmente dañada, y el derechista Partido Colorado sigue hoy con su histórica hegemonía nacional desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Y Colombia, la “Israel de América Latina”, su narcoestado paramilitar con genocidios políticos históricos como el de la Unión Patriótica o el terrorismo de los falsos positivos, legitimados por Estados Unidos con el Plan Colombia, entre 2016 y 2020 se llevaron a cabo, con la complicidad y autoría del Estado, más de 900 asesinatos contra líderes sociales y 250 a excombatientes de las FARC. Un mensaje para dejar claro el Estado represivo al pueblo colombiano que el progresismo no tiene ninguna cabida y que la cultura del miedo sigue siendo legítima, además teniendo Colombia el papel clave de Estados Unidos en el bloqueo a Venezuela como país fronterizo.

El ataque a las estructuras regionalistas

La campaña del “Fin del ciclo progresista en América Latina”, con el ataque a Venezuela como punta de lanza, no solamente se analizó desde las realidades nacionales sino también desde la regional. Venezuela, desde el inicio del Gobierno de Hugo Chávez en 1999, tuvo como una de las políticas prioritarias el regionalismo bolivariano, potenciar la cooperación entre los países de América Latina como estrategia de unidad contra la injerencia de Estados Unidos y su Doctina Monroe. Una alianza necesaria contra el imperialismo norteamericano a favor de la soberanía y el desarrollo endógeno regional, para romper la Dependencia Norte-Sur. Venezuela no solo fundó entidades regionales como el ALBA-TCP junto a Cuba en 2004, generando malestar al imperio, o el Petrocaribe en 2005, sino que además lideró el NO al ALCA en la IV Cumbre de las Américas en el Mar de Plata en 2005, fue clave para fundar la UNASUR en 2008, fue la sede de la I Cumbre de CELAC en 2011, e ingresó en el MERCOSUR oficialmente en 2012. Movimientos de integración regional de los países del sur que inquietaban al imperio norteamericano por su crecimiento y hegemonía como estrategia antiimperialista. Así, bajo el “divide y vencerás”, Obama y luego Trump rápidamente sacaron sus garras para desmantelar todo ese tejido institucional y la unidad regional de los movimientos sociales.

El abril de 2011 los países más neoliberales y más satélites de Estados Unidos fundaron la Alianza del Pacífico, con el fin de hacer frente al ALBA-TCP y al MERCOSUR, bajo su tesis del “libre mercado”, el extractivismo, los indicadores de exportación como base del desarrollo de un país, y en definitiva el neoliberalismo. Continuar con lo que nos desenmascararon críticamente Edaurdo Galeano” en “Las venas abiertas de América Latina”, o Gunder Frank en el “Subdesarrollo del desarrollo” entre otros.

Otra táctica ha sido la OEA, sumando a falsos izquierdistas, aunque ya avisaba Chávez diciendo que “No solo no sirve para nada sino que sirve a intereses de Estados Unidos¹⁸”. Tanto el chileno José Miguel Insulsa como el uruguayo Luis Almagro que habían sido parte de gobiernos supuestamente de izquierda en América Latina, como secretarios de la OEA cumplieron su función dictada desde Washington para atacar a Venezuela con su diplomacia injerencista y herir a cualquier proyecto soberanista, progresista, y de integración regional. Al igual que el nombramiento de Michelle Bachelet, expresidenta chilena y del Partido Socialista, como Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo como principal objetivo atacar a Venezuela. No le importan los muertos en Colombia en un proceso de paz fracasado por el Estado narcoparamiliar, solo le importa atacar a Venezuela, un país bloqueado. Un doble rasero.

Al igual que el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela se endurecía en 2015, las estrategias regionales contra el proyecto regional bolivariano cogían fuerza con la entrada de gobiernos de derechas en Brasil, Argentina, Ecuador, más adelante Uruguay, además de los gobiernos neoliberales de Chile, Paraguay, Colombia o Perú. En 2017 se funda el Grupo de Lima, para dar apoyo a la oposición venezolana vistiendo la situación de Venezuela como “crisis humanitaria” y “violación de Derechos Humanos” cuando no era más que un proyecto para ahogar a Venezuela con las directrices del bloqueo norteamericano y romper cualquier proyecto de integración. Brasil Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú decidieron en 2018 la suspensión por tiempo indefinido de su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), bloque creado hace una década para contrarrestar la injerencia de Estados Unidos en la región, y un año más tarde hizo lo mismo Ecuador con la traición de Lenin Moreno al correísmo, país que era la sede de la institución. Con la ruptura de UNASUR, integración en extinción, los mismos países crearon a inicios de 2019 paralelamente el Foro Para el Progreso de América del Sur (PROSUR), a propuesta de Ivan Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile, dos países de la Alianza del Pacífico contra el proyecto regional soberano del ALBA-TCP. Defendiendo una “integración” del “libre mercado”, y excluyendo en todo a Venezuela, para recuperar la tesis del “regionalismo abierto” de la CEPAL de 1994 potenciando así los falsos y asimétricos Tratados de Libre Comercio (TLC), reproduciendo las relaciones neocoloniales de comercio de servicios y mercancías entre el Sur y el Norte, volviendo a las políticas privatizadoras y extractivistas, y todo ello por encima de coordinar políticas públicas y sociales de cooperación, que es la esencia del ALBA-TCP.

El Grupo de Lima y el PROSUR, construidos desde Washington y apoyados férreamente por el trumpismo, dejaban claro que la finalidad era enterrar cualquier proyecto regional progresista de América Latina institucionalizados años atrás, y bloquear al conductor de dicha integración regional, Venezuela, con el, además, impacto de desprestigiar cualquier movimiento de izquierdas nacional en América Latina etiquetándolo de estar vinculado, e incluso financiado, por el “Régimen” Bolivariano de Venezuela. La misma estrategia de guerra cultural de la derecha y el imperialismo contra la “sovietización” durante la Guerra Fría, o la “cubanización” en las Américas, era ahora contra la “venezonalización”. La edificación del “fin del ciclo progresista” estaba en su construcción, pero faltaba un pilar esencial, Bolivia.

Bolivia era el único país de América del Sur que no se había sumado a estos proyectos, y seguía estando en cooperación con Venezuela en el ALBA-TCP y denunciado las injerencias de Estados Unidos y la incompatibilidad de democracia y neoliberalismo. Al igual que Nicaragua, otro país del ALBA-TCP que ya había padecido intentos de desestabilización en 2018 por la Patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) contrarios a una reforma del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), Bolivia estaba en el punto de mira. Un gran error cometió el Gobierno de izquierdas de Bolivia que facilitó las estrategias de injerencia contra la hegemonía del “Proceso de Cambio” liderado por Evo Morales. El 21 de Febrero de 2016 se celebró un referéndum constitucional sobre la reforma del artículo 168 para que el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera pudieran presentarse una vez más de manera continúa a las elecciones de finales de 2019 para el periodo 2020-2025. El referéndum, con toda una campaña de mentiras y desinformación de la derecha boliviana contra Evo Morales llegando a su vida privada¹⁹, finalmente tuvo el resultado favorable al NO con un 51,3%. A pesar del resultado, movimientos sociales y organizaciones políticas, además de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), presentaron un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para poder presentarse el binomio Morales y García Linera haciendo caso omiso al referéndum consultivo. El TCP, y más tarde el Tribunal Electoral, dio vía verde a la candidatura. Un error que llevó a dar oxígeno a Estados Unidos, la OEA, la derecha latinoamericana, y la oposición boliviana para etiquetar a Evo Morales de autoritario y antidemocrático, haciendo legítimo ese discurso incluso en sectores de la izquierda boliviana y herir una hegemonía de casi 15 años. La derecha ya planificaba un Golpe de Estado en Bolivia, con vientos favorables, para derrocar al pequeño muro de contención que impedía aislar completamente a Venezuela, un muro de contención geográficamente muy importante al estar en el corazón de Sudamérica.

El día de las elecciones, 20 de octubre de 2019, la derecha tenía claro su discurso, si ganaba había sido una jornada electoral limpia y democrática, si perdía no se reconocería a derrota y se iniciaría una retahíla de acciones de actores internos y externos para derrocar el Proceso de Cambio. El 25 de octubre el Tribunal Electoral de Bolivia anunciaba que Evo Morales había ganado la reelección ya en la primera vuelta, con el 47,08% de los votos pero con una mayoría mayor al 10% con el segundo candidato Carlos Mesa que obtuvo el 36,51%. La OEA, liderada por Almagro y desde Washington, inició el Golpe de Estado. Dos informes del organismo, uno incluso antes de los datos finales oficiales, denunciaban supuestas irregularidades electorales sin pruebas, solo con argumentos de la oposición. Esto hizo alimentar los conflictos en las calles con ataques de la oposición, generando así una brecha de consenso social favorable a la hegemonía progresista, y llegando el 31 de octubre a producirse dos asesinatos cerca de Santa Cruz, y más de un centenar de heridos. Estos sucesos en Bolivia, un pueblo todavía con memoria reciente por los muertos de la Guerra del Agua en el 2000 y Guerra del Gas en 2003, llevó a que Evo el 10 de noviembre anunciase repetir las elecciones si la oposición no aceptaba el resultado, y se renovaría el Tribunal Supremo Electoral, pero ya era demasiado tarde. El Golpe estaba en marcha. La cúpula militar, liderada por el General Williams Kaliman, hizo un comunicado público pidiendo la renuncia del Presidente Evo Morales²⁰. Kaliman fue un militar formado en las Escuelas de las Américas²¹, la misma escuela que formó a todo tipo de golpistas en América Latina para desmantelar cualquier proyecto progresista en América Latina.

Finalmente Evo Morales y otros miembros del gobierno tuvieron que salir de Bolivia por su seguridad, aunque se comprobó más tarde que no hubo ningún fraude²². El Golpe ya se había cometido y se iniciaba la fase de represión contra las protestas sociales en defensa de la democracia y contra el Golpe, sumando un total de 34 muertos con matanzas como la de Senkata y Sacaba. Un Golpe que se dirigió desde la Embajada de Estados Unidos²³ en La Paz, con el apoyo de la OEA, y otros países europeos como el Reino Unido con intereses en el Litio²⁴, comprando a militares bolivianos, financiando a la oposición política, el uso de redes sociales, y los movimientos de choque en la calle. Un Golpe con el fin de desaparecer el único socio de Venezuela en Sudamérica, y desmantelar cualquier proyecto progresista para poder finalmente acceder las corporaciones a sus grandes riquezas nacionales. Maduro se quedaba solo en Latinoamérica, quedando solo Cuba y Nicaragua como principales socios. La derecha confirmaba a finales de 2019, y parte de la izquierda, que el “fin del ciclo progresista” era ya un hecho.

El espejismo del fin del progresismo

De 2015 a 2019, fueron 4 años duros para el eje progresista latinoamericana, desde gobiernos más moderados como Brasil y Venezuela, a gobiernos más rupturistas como Ecuador o Bolivia. La Segunda Independencia de América Latina, la Integración Regional, la Soberanía de los Pueblos, o gritos como ¡Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina!, empezaron a ser vistos como utopías, o un fracaso más del Patio Trasero de Estados Unidos, a pesar del triunfo de López Obrador en México en julio de 2018. Pero algo sucedió en América Latina, a la par y posterior al Golpe de Estado en Bolivia, que iniciaría el jaque a los 4 maravillosos años del conservadurismo de América Latina con apoyo de Estados Unidos. Algo que sería exponencial tras la inesperada pandemia del Coronavirus y que desenmascararía más la vulnerabilidad del neoliberalismo extractivista del Sur. El discurso de “fin del ciclo del progresismo en América Latina” se había instaurado en las academias y en los medios de comunicación, un discurso que repetía la misma tesis del “Fin de la Historia” de Francis Fukuyama. Un “Fin de la Historia” que se ha visto ya como una falacia con el Nuevo Mundo Multipolar, al igual que un “Fin del Ciclo Progresista” sería visto como una quimera dados los nuevos acontecimientos en el continente. La Historia quedó claro que no es un mecanicismo lineal, sino una Historia de diputas constantes por la hegemonía, en definitiva una Historia de lucha de clases, y en las relaciones internacionales entre Soberanía Versus Imperio.

El 2 de octubre de 2019, se llevaron a cabo unas movilizaciones de protesta contra las medidas neoliberales en la última fase de Lenin Moreno contra el proyecto de Revolución Ciudadana en Ecuador. La movilizaciones no solo fueron en suelo ecuatoriano sino que tuvieron un eco internacional por las protestas en varias embajadas y consulados de Ecuador, donde muchos ecuatorianos ya se vieron obligados a dejar su patria a inicios del siglo XXI por las medidas de austeridad y la dolarización. Entre las medidas estaban la liberación de los precios del diesel y gasolina, la eliminación de aranceles y el proteccionismo económico, reformas laborales, y el despido de miles de funcionarios. Era el retorno del Consenso de Washington. Las protestas fueron lideradas por la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), bloqueando carreteras y caceroladas nocturnas. En lugar de ser hegemónicas están medidas o llegar a una mesa de negociación, Lenin Moreno declaró el Estado de Excepción el 3 de octubre acusando a Correa y Maduro de estar detrás de las movilizaciones. 11 días de protestas y con los militares en las calles llevaron a un saldo de represión de 8 muertes. El fin de Moreno no solo se recordó como una traición nacional neoliberal a favor de los intereses de la oligarquía y los Estados Unidos, sino como una historia bañada de sangre. Estos hechos fueron un antecedente de la medida de correlación de fuerzas en Ecuador para las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En la primera vuelta, pese a toda una dura campaña previa de desinformación y criminalización contra Rafael Correa como condenarle a 8 años por corrupción en un juicio rápido y sin posibilidad de recurso (Lawfare) unos meses antes de las elecciones de febrero de 2021, el candidato del correismo, el joven Andrés Arauz, se impuso con el 32,72% de los votos en la primera vuelta. Se respiraba en Ecuador una vuelta de gobierno progresista tras la traición de Moreno, y dado el apoyo a Arauz de líderes de la CONAIE como Jaime Vargas, pese a disputas anteriores. Finalmente, y contra todo pronóstico, la segunda vuelta la ganó el empresario y ultraconservador el Opus Dei Gullermo Lasso con el 52,36%. Aunque el correismo perdía las elecciones por poco margen, dejaba claro que pese al Lawfare, la campaña mediática contra la Revolución Ciudadana y su “venezuelanización”, y la coordinación de un frente común con el mismo discurso atacante, des del gobierno de Lenin Moreno, la ultraderecha de Lasso, y la “izquierda alternativa” pro-capitalista de Yaku Pérez, el movimiento correísta sigue muy vivo en el casi 50% de apoyo de la población, y con amplio tejido social nacional e internacional como resistencia al neoliberalismo. Se esperan 4 años de conflicto entre neoliberalismo y progresismo, no hay hegemonía en ninguno de los dos bloques. Dos días después de la investidura de Lasso el 24 de mayo, indígenas del norte del país bloquearon la carretera Panamericana pidiendo la reducción de los precios del combustible. Un primer aviso sobre que Lasso podrá controlar las instituciones pero no tan fácilmente las calles, y cualquier medida neoliberal tendrá sus consecuencias. ¿Acabará Lasso su mandato de 4 años en un país con historias recientes de gobiernos neoliberales fracasados?

De Quito a Santiago, Chile era un país que vendía ser el de mayor crecimiento económico y estabilidad política gracias a su modelo neoliberal, impuesto desde la dictadura de Pinochet y manteniendo su misma Constitución de 1980. Era quien llevaba el timón junto a Colombia contra Venezuela. El país fundador de la Alianza del Pacífico y PROSUR. Pero el 18 de octubre de 2019 ni su Presidente Sebastián Piñera, ni la oposición del capitalismo social de la Concertación, ni cualquier analista neoliberal, se esperaba lo que sucedería. Se hablaba como anécdota de la Revolución de los Pingüinos de 2006, o la movilizaición estudiantil de 2011, pero no se analizó que ese mismo tejido social más maduro construido por estas experiencias podría llevar a cabo luchas de mayor envergadura al encontrarse una de las sociedades más desiguales del mundo y la falta de oportunidades en sus proyectos de futuro. Una simple subida de tarifas del sistema de transporte público de Santiago fue la gota que colmó el vaso de un pueblo con falta de servicios públicos, como salud o educación. Desde octubre a marzo de 2019 no pararon los Paros Nacionales y manifestaciones contra el modelo neoliberal. Chile dejaba de ser, como decía Piñera unos días antes del Estallido Social, “el oasis de América latina”, sacando a Carabineros a las calles para asesinar a 34 chilenos, dejar sin ojos a decenas por heridas de balas de FOAM, y miles de detenidos violando los Derechos Humanos el Estado. La respuesta del gobierno dejó claro que en Chile el pinochetismo no había muerto, y la lucha se tejía no solo por una demanda concreta, sino por derribar la Constitución Pinochetista y el modelo neoliberal. Las presiones sociales internas, y el mismo desprestigio del “oasis chileno” en la comunidad internacional, llevó a celebrarse un Plebiscito Nacional el 26 de abril de 2021 para medir si el pueblo chileno quería una Nueva Constitución, y si como Convención Mixta (con cargos ya existentes) o Convención Constitucional (totalmente cargos nuevos) para construir la nueva Carga Magna. El SI a la Convención Constitucional se impuso con el 79% de los votos. El pueblo chileno quería realizar aquella Transición democrática post-pinochetista que nunca llevaron a cabo los partidos institucionales. Seguidamente, el mes de mayo, se realizaron las elecciones Constituyentes para elegir a los 155 cargos que redactarían la Nueva Constitución. Solamente 62 escaños fueron para la suma del pacto histórico de las conocidas Concertación (Socialistas) y la Alianza (Conservadores), mientras 48 fueron para candidaturas independientes de los partidos institucionales y 28 para la candidatura “Apruebo Dignidad” de sectores de la izquierda como el Partido Comunista o el Frente Amplio. Sumando las dos 76 escaños, además de la gran novedad de 17 para los pueblos originarios. La izquierda y lo alternativo se imponía para redactar la nueva Constitución Chile. Entonces, de manera contradictoria, en Chile no desaparecía el ciclo progresista nunca vigente, sino justamente se iniciaba.

Unos días más tarde de las manifestaciones en Ecuador, el llamado Estallido Social en Chile, y la victoria electoral de Evo Morales, se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina, el 27 de octubre de 2019. Una victoria contundente del peronista de izquierdas Alberto Fernández que había sido jefe de Gabinete de Ministros tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández. El proyecto ultraneoliberal de Macri, tan crítico con los gobiernos progresistas anteriores y por sus lazos con el chavismo, había fracasado estrepitosamente presentándose datos escandalosos como obtener la Presidencia de Argentina en 2015 con un 30,3% de pobreza y dejarla en 2019 con el 40,8%²⁵. El neoliberalismo de Macri dejaba claro que la democracia y el desarrollo no era para todos, y el pueblo argentino volvió a confiar en el progresismo, lo que algunos promulgaban su fin.

El momento de movilizaciones y/o disputas electorales en Ecuador, Chile, Bolivia, o Argentina a finales de 2019, fue paralelo a la convocatoria de amplios grupos heterogéneos a un Paro Nacional en toda Colombia, el país que junto con Chile lideraba la campaña orquestada en Estados Unidos contra Venezuela y cualquier proyecto socialista y de integración regional. Un Paro Nacional no solo contra varias de las medidas económicas neoliberales implementadas por el gobierno de Iván Duque, brazo derecho del matarife Álvaro Uribe, que perjudicaban a la amplia masa social, sino también por sus medidas bélicas contra el proceso de paz con las FARC-EP y la violación constante de Derechos Humanos por el homicidio de líderes sociales que hacía recordar la matanza de la Unión Patriótica de los años 80 y 90. Las movilizaciones se detuvieron dada la crisis de emergencia sanitaria que se detectó con la pandemia del Covid-19, oficializado por el gobierno el confinamiento el 25 de marzo de 2020. Era solamente un paréntesis coyuntural. O por mala lectura a lo sucedido anteriormente o por ingenuidad política, tras la esperanza de la vacunación del coronavirus y la paulatina vuelta a la normalidad Duque empezó a elaborar el proyecto de reforma tributaria, siguiendo las directrices neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una reforma que haría aumentar los impuestos (IVA) a la canasta familiar afectando a productos de primera necesidad como alimentos y transporte, y que en lugar de solucionar la crisis económica por el Coronavirus acentuaría más la pobreza y la desigualdad en Colombia. Por ello, el Paro Nacional se reactivó el 28 de abril de 2021 no solamente contra la reforma, y las violaciones de los Derechos Humanos, sino en el fondo contra el modelo neoliberal colombiano y pidiendo la dimisión de su timón, el gobierno de Duque. Colombia perdía legitimidad nacional con miles y miles de personas en las calles que habían perdido el miedo al terrorismo de estado, pero el gobierno de Duque viendo amenazado su proyecto económico y político en lugar de buscar la negociación nacional buscó “plomo”. En 45 días de protestas han perdido la vida 70 civiles²⁶, hay más de un centenar de desaparecidos, y miles de heridos y detenidos, por las fuerzas represivas del Estado. La situación en Colombia, y sobre todo en ciudades como Cali, ha generado un movimiento de protesta no solo nacional sino también internacional. Esto no es nada nuevo en Colombia, la represión es parte de la violencia estructural de la oligarquía con el consentimiento y financiación de Estados Unidos o Israel, pero pasar la represión del campo a la ciudad y en la nueva era de la información y la comunicación, como las redes sociales, han hecho posible desenmascarar al Régimen colombiano con su careta de la democracia. No son guerrilleros, ni políticos de partidos de izquierda, ni el gobierno de Venezuela, sino trabajadores, estudiantes, profesores, madres y padres de asesinados, los que lideran esta Gran Marcha Nacional contra las medidas de austeridad y la represión política que afectan a las clases populares. Entonces, ¿era el final de la era del progresismo en América Latina cuándo se ha puesto en jaque desde un movimiento plural progresista a uno de los gobiernos más neoliberales y regimenes conservadores de América Latina? Al igual que Piñera, Duque no tiene ya la aceptación de criticar a Venezuela de dictadura y vestirse el de democracia mientras se hace cierto eco mundial, pese al intento del silencio de algunos grandes medios occidentales, de sus matanzas y persecuciones políticas contra el pueblo colombiano. El miedo ha cambiado de bando y el progresismo ha llenado las calles de Colombia a favor de un cambio democrático.

En Brasil, con el encarcelamiento de Lula en 2018 y la victoria electoral del ultraderechista Bolsonaro el mismo año, se hablaba de “crisis en la izquierda brasileña”. Pero no duró mucho ese espejismo. Las radicales posiciones de Bolsonaro cercanas a Donald Trump, sus discursos de extrema derecha, racistas, machistas y xenófobos, o sus políticas antiambientalistas contra el pulmón del Amazonas, fueron desprestigiando su imagen a nivel nacional y continental. Pero uno de los puntos que más le deterioró fue su posición negacionista sobre el Coronavirus mientras morían, y siguen muriendo, miles y miles de brasileños, y sobre todo de barrios de clases populares, alcanzando la suma registrada de cerca de medio millón de habitantes fallecidos por la pandemia en junio de 2021. La pésima gestión de la pandemia, con cuatro ministros de salud en un año y entre ellos el general militar Eduardo Pazuello sin experiencia y conocimientos en gestión sanitaria, hizo que Bolsonaro se llevase la etiqueta de “genocida” y alimentando los movimientos progresistas de protesta en la calle contra su pésima gestión de salud ultraneoliberal. Todo esto fue acompañado de la liberación de Lula a finales de 2019, tras un año y siete meses en prisión condenado por supuesta corrupción pero que finalmente fue anticonstitucional por no dar a Lula la posibilidad de presentar recursos. A pesar del impeachment contra Dilma, la detención de Lula, o duras críticas de movimientos sociales progresistas como el MST hacia el gobierno del PT por algunas posiciones moderadas como en temas agrarios,… la crisis del progresismo en Brasil parece algo efímero. Según algunas encuestas como la del Instituto Brasileño Vox Populi, Lula, si finalmente se presenta, conseguiría el 43% de los votos en la primera vuelta sobre el 24% de Bolsonaro²⁷. Son solo encuestas pero lo que ahora queda claro es que la hegemonía del progresismo brasileño ha vuelto con fuerza, y el ultraconservadurismo de Bolsonaro ha sido un proyecto fracasado tras un Golpe de Estado vestido de Juicio Legítimo, similar a Paraguay en 2012 con Fernando Lugo. Parece que en Brasil no se acabó un ciclo del progresismo por sí solo, sino que padeció las consecuencias de ataques que han sido curados en poco tiempo.

El caso especial, como centro de la atención del conservadurismo latinoamericana, la falsa izquierda, el imperio norteamericano y su socio de la Unión Europea, es Venezuela. A pesar del aumento de injerencias y bloqueos desde 2015 hasta la actualidad, la celebración de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020, en plena pandemia, era un indicador de cómo estaba la situación de la derecha nacional y en general de la oligarquía latinoamericana por su campaña constante contra Venezuela. El primer indicador de que pese a 5 años de ahogo y campaña mediática beligerante contra Venezuela no se habían conseguido los objetivos esperados, era que la derecha golpista de los Juan Guaidó y los Leopoldo López, decidió no participar en las elecciones y utilizar todo tipo de boicot nacional e internacional. ¿Si hubieran visto la posibilidad de ganar como en 2013, tras la reciente muerte de Chávez, hubieran hecho lo mismo? Seguro que no. La legitimidad de Maduro, pese al bloqueo, no les daba garantías de la victoria y en lugar de participar en el juego democrático decidieron seguir con su juego de boicot, apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea. Su no participación dejó claro que pese a los duros momentos económicos, dado el bloqueo de Estados Unidos, la Revolución Bolivariana seguía resistiendo y la derecha venezolana perdía fuerza. No solo la campaña antichavista perdía fuerza en América Latina en 2019-2020, como hemos visto, sino también en la misma Venezuela.

Y por último nos adentramos a Bolivia. Tras un año con el gobierno golpista de Jeanine Añez al mando, criminalizando y reprimiendo cualquier movimiento favorable al retorno del Proceso de Cambio, y con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, y la OEA, se celebraron las elecciones por presiones populares. Elecciones que se retrasaron del 6 de septiembre al 18 de octubre, por la pandemia según el Tribunal Supremo Electoral pero que parecía más por el miedo de la derecha golpista a su fracaso rotundo. Tras un año de represión política, y exilio y asilo de dirigentes del MAS al extranjero o a embajadas como la mexicana, además de la campaña de criminalización contra el Proceso de Cambio y Evo Morales llegando incluso a intentar legalizar a el MAS, y la toma de políticas neoliberales que hicieron fracasar al gobierno de Jeanine Añez en la gestión del Coronavirus,… parte del pueblo boliviano que fue crítico con Evo Morales en 2019 por no cumplir con la derrota del referéndum constitucional del 2016 vieron que la única alternativa al desastre del neoliberalismo era recuperar el progresista Proceso de Cambio. La base de la recuperación de la democracia y el crecimiento económico nacional. Las elecciones de octubre de 2020, con el nuevo binominio del MAS Luis Arce (exministro de Economía) y David Choquehuanca (excanciller), dieron un aire fresco sin perder el rumbo del Proceso de Cambio en Bolivia iniciado en 2005. La imagen de Evo Morales y García Linera posiblemente estaban degastadas y la derecha y Estados Unidos se aprovecharon de esa debilidad, pero lo que no estaban degastados era todo el tejido social organizativo de Bolivia que se había empoderado con el gobierno de Evo Morales y sus luchas previas como la Guerra del Agua y del Gas, entre otras, desde mineros, cocaleros, fabriles, indígenas del Altiplano, Valles o Llanos, o movimientos feministas, entre otros. La derecha era consciente que si no se celebraban elecciones el país ardería pero si se celebraban su derrota podría ser esperada, aunque había la esperanza como sucedió en Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil en 2016, tras sus respectivos Golpes de Estado contra gobiernos progresistas. La primera opción, a lo Honduras, no era válida en el contexto latinoamericano del siglo XXI. Yendo a la segunda opción, a los Paraguay o Brasil, se hizo evidente que pese al Golpe de Estado y las críticas a Evo-Linera, el Proceso de Cambio había cuajado en el imaginario social de Bolivia y el neoliberalismo era rechazado en las mayorías por sus impactos sociales y económicos de los 80 y los 90. Finalmente, no solo Arce y Choquehuanca ganaron las elecciones de octubre de 2021 sino que lo hicieron en la primera vuelta con el 55,1% de los votos frente al 28,83% del segundo candidato, Carlos Mesa, uno de los ideólogos e impulsores del Golpe de Estado criticando la victoria de Evo como fraude. El MAS ganó en un año más de medio millón de votos, similar a los que perdía Carlos Mesa. El Proceso de Cambio, pese al año duro de represiones e implementación de políticas conservadoras, volvía a recuperar su hegemonía institucional porque nunca había perdido la hegemonía social. En definitiva, Bolivia, el corazón de Sudamérica visibilizada que la derecha latinoamericana y el imperio norteamericano, con su constante injerencia, no perdía una oportunidad para derrocar la democracia de cualquier país latinoamericano enfocado en un proyecto de cambio y progreso.

Perú, el punto culminante del fracaso “fin del ciclo progresista”

Si des del 2015 se hablaba del inicio del “fin del ciclo progresista” en América Latina, como campaña contra la izquierda latinoamericana, la integración regional, y en definitiva como ahogo a Venezuela, por las retahílas pérdidas de gobiernos progresistas con derrotas electorales (Argentina y Uruguay), impeachment (Brasil), Golpes de Estado (Bolivia), o traiciones y Lawfare (Ecuador), podríamos decir dialécticamente que en 2019 es el inicio del “retorno del ciclo progresista”. O mejor dicho el fin de la mentira del “fin de un ciclo”, con las victorias electorales progresistas (Argentina, México y Venezuela), el retorno de la democracia (Bolivia), la resistencia electoral (Ecuador), la caída de apoyo a Bolsonaro y la libertad de Lula (Brasil), y sobre todo el jaque social a los países más neoliberales de Sudamérica, Chile, Colombia y Perú, miembros de la Alianza del Pacífico.

Lo sucedido recientemente en Perú deja claro que “un fantasma recorre América, el fantasma del progresismo”, y pese a algunos retrocesos anunciados, ya que la historia no es lineal, el fantasma sigue sumando fuerzas contra el neoliberalismo y por ello no existió el fin de un ciclo. La República del Perú, con 10 años muy recientes de dictadura fujimorista (1990-2000), de campaña de criminalización y anticomunista contra cualquier movimiento político de izquierdas de ser etiquetado del Sendero Luminoso, parecía que había hegemonizado el modelo neoliberal pese a indicadores de desigualdad entre clases sociales, y entre el centralismo limeño y el regionalismo provincial y rural. La derecha y las oligarquías nacionales y regionales parecían tener en Perú un foco inamovible, y por ello Perú era un sujeto importante en el bloqueo de la derecha latinoamericana contra Venezuela. Por algo se llamó Grupo de Lima a la cooperación contra el gobierno de Maduro. Pero la suma de cada vez mayores indicadores de exclusión social y desigualdad económica por la gestión neoliberal de un país opulento en materias primas y recursos económicos hacía evidente que era posible “No más pobres en un país rico”²⁸. Además, se sumaban dos factores en Perú. En primer lugar, el desgaste de la Constitución de 1993 impuesta por el Golpe de Estado del ultraneoliberal Alberto Fujimori (padre de la candidata electoral Keiko), y que los movimientos sociales por una Nueva Constitución en el país vecino, Chile, posiblemente tuvieron algún efecto. Y en segundo lugar, la corrupción sistémica de Perú adolecía a la nación, sobre todo a las clases populares, viendo dónde los recursos públicos iban ilegalmente a intereses privados. Todos los expresidentes, desde el 2001, fin del fujimorismo, hasta la actualidad, como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, habían sido acusados de corrupción, y la gran mayoría por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht²⁹. En las mayorías populares del Perú, en un país con desigualdad y corrupción, no vendía ya el discurso anticomunista y antichavista de 20 años atrás como solución a los crecientes problemas de la vida cotidiana.

Al igual que en Chile, Colombia o Ecuador, otro miembro del eje neoliberal de la Alianza del Pacífico, Perú, no se libró del creciente malestar nacional. El 9 de noviembre de 2020 miles y miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra la ilegitimidad de los poderes políticos tras la “Declaración de vacancia por incapacidad moral aprobada”³⁰. La destitución del Presidente Martí Vizcarra – substituto de Pedro Pablo Kuczynski que dimitió por casos de corrupción – por decisión del Congreso Nacional por también supuestos actos de corrupción llevó a la Presidencia al Presidente del Congreso Manuel Merino. Las manifestaciones contra una élite política peleada por el poder y un pueblo desprotegido en medio de la pandemia, llevaron a 9 días de protestas, con un saldo de 2 muertos, 41 desaparecidos, y 210 heridos, por represión policial. 9 días que provocaron un cambio de imaginario social en el pueblo peruano, ya no era solo manifestaciones contra la corrupta élite política, sino en defensa de una Asamblea Constituyente y un cambio profundo, un cambio que desde hacía años se tejía en zonas rurales del país, como en sectores de la educación. Para intentar generar un cierto consenso social de paz, Merino dimitió y fue nombrado como presidente temporal para preparar las elecciones adelantadas Francisco Sagasti.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se celebró el 11 de abril de 2021. Contra todo pronóstico, de encuestas, analistas nacionales e internacionales, periodistas o personalidades académicas, pasó a segunda vuelta ganando las elecciones el profesor de primaria y de ámbito rural Pedro Castillo de Perú Libre con el 18,92% de los votos y 37 diputados de 130. Incluso las izquierdas latinoamericanas daban apoyo a Veronika Mendoza como candidata central contra el neoliberalismo peruano y Pedro Castillo quedó totalmente silenciado en estos frentes, ya no solo en los medios oficiales. Una vez más la realidad rural, siendo vanguardia de los movimientos de América Latina, era excluida de los análisis políticos progresistas, cuando el ámbito rural es esencial en la estructura social de América Latina. Pedro Castillo era un desconocido en la política institucional pero no en la política de luchas al liderar en 2017 como dirigente magisterial rural una huelga por el aumento de salarios y por el incremento del presupuesto para la educación pública. Como segunda candidata con el 13,41% de los votos, la ultraneoliberal y acusado de corrupción, Keiko Fujmori, hija del gopista Alberto Fujimori.

La dialéctica en Perú se hacía evidente para la segunda vuelta del 6 de junio de 2021. Cambiar Perú de rumbo con Pedro Castillo después de 40 años de neoliberalismo y símbolos tan aberrantes como el Muro de la Vergüenza en Lima separando un barrio popular con un barrio de clase alta, o profundizar todavía más con ese proyecto neoliberal con Keiko. Apostar Perú por invertir en servicios públicos como educación y salud, intervenir el Estado en economía productiva para obtener fondos para políticas públicas y desarrollistas, y apostar por la integración regional latinoamericana,… o seguir Perú en la economía de mercado, los tratados de libre comercio o las privatizaciones de empresas y servicios. Progreso (desde una mirada amplia) Vs Neoliberalismo y Conservadurismo, eran los dos frentes de batalla. La campaña mediática contra Pedro Castillo, la ya conocida, era repetida. Medios del establishment, o escritores ultraneoliberales con prestigio como Vargas Llosa que dio apoyo a la corrupta Keiko, utilizaban el mismo patrón de “Venezolanización de Perú”³¹, el “Comunismo es terror”, o las mentiras de la relación de Castillo con el Sendero Luminoso donde justo dos semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones hubo un supuesto, y poco nítido, atentado de la guerrilla³².

El día tan esperado para el pueblo peruano, sobretodo de regiones periféricas, zonas rurales, comunidades indígenas, donde Pedro tuvo el mayor apoyo, mientras la izquierda internacional eufórica pero aturdida, Pedro Castillo, después de un lento y riguroso recuento, ganó las elecciones con el 50,125% de los votos y con solo una mínima diferencia de 45.000 votos frente a Keiko Fujimori³³. Pese a la victoria electoral, el neoliberalismo no podía perder otro frente que derribaba su falsa tesis del “fin del progresismo”, y era posible seguir una estrategia similar al Golpe de Estado en Bolivia, con una diferencia, el pueblo peruano ya conocía que esto podía pasar como país en el país vecino.

La primera acción, y antes de finalizarse el recuento pero cada vez más cerca de la victoria de Castillo, Fujimori ya hablaba de “fraude electoral” y nuevo recuento de votos con el fin de provocar a la Junta Nacional Electoral (JNE). Tras esto la JNE, incumpliendo la ley, aprobó el plazo de solicitud de anulación de votos, dando más tiempo al fujimorismo solucionar, fuera como fuera, el mínimo margen de diferencia. Pero la campaña internacional en las redes y por el mismo partido de Castillo, Perú Libre, de un supuesto Golpe de Estado hizo a la JNE retirar su movimiento. El siguiente paso de la derecha y ultraderecha fue lanzar un comunicado algunos expresidentes iberoamericanos como Aznar, Pastrana, Uribe, Macri, Calderón, entre otros, para no dar válido todavía la victoria de Castillo y generar el máximo de desconfianza internacional en gobiernos latinoamericanos y europeos³⁴. El tercer paso, fue titular muchos medios a Castillo como “Presidente Autoproclamado”³⁵ para iniciar un etiquetaje antes de su gestión como Presidente autoritario. El cuarto paso, el papel de la OEA en un proceso contra Pedro Castillo al no aceptar todavía los resultados, donde el mismo Evo Morales advirtió a Castillo tras la posibilidad de sufrir un Golpe de Estado de la OEA como él sufrió en Bolivia en 2019³⁶. Y el quinto enviar un grupo de exmilitares del Perú una carta a la Fuerzas Armadas para no reconocer al nuevo Presidente Pedro Castillo y llevar a cabo un Golpe de Estado, carta que denunció públicamente el Presidente interino Francisco Sagasti³⁷

En suma, todos estos pasos tienen un mismo objetivo común, sumar a nivel nacional e internacional la ilegitimidad contra el gobierno de Castillo, etiquetándole desde un inicio como un Presidente por “fraude” y de esta manera iniciar posiblemente su mandato no solo con zancadillas de la oligarquía y del imperialismo sino tener campo abierto los medios de comunicación, dominados por la derecha, para atacar cualquier medida democrática del cambio del nuevo gobierno como un proyecto autoritario del fraude, haciendo así, paso a paso, legítimo un Golpe de Estado militar para recuperar su democracia peruana, la neoliberal. La dura campaña agresiva del miedo y del desastre nacional contra Castillo se ha iniciado antes de ser investido como Presidente, una dura campaña por que con esta victoria tan inesperada de la izquierda y del progresismo en Perú, y en definitiva en la gran mayoría de países de América Latina, el neoliberalismo ve que su guerra cultural e ideológica sobre el “fin del ciclo progresista” iniciada en 2015 ha sido un fracaso, una estrategia en ocaso que reafirma la decadencia del neoliberalismo.