“Pedro Sánchez quiere que los saharauis sean súbditos de Marruecos”

El corto muestra a las fuerzas de seguridad de Marruecos persiguiendo a manifestantes saharauis con material antidisturbios; el vídeo termina cuando los policías descubren al informador con su cámara en una azotea, le empujan e impiden que continúe grabando la represión; en ese momento se produce el fundido a negro.

El pasado 20 de marzo la ONG de periodistas saharauis, constituida en 2009, compartía la situación de algunos compañeros: “seis periodistas saharauis encarcelados, con penas (que oscilan) entre los 20 años de prisión y la cadena perpetua;  cuatro de ellos llevan 12 años en la cárcel, los últimos cumplen casi cinco años en aislamiento; sufren torturas y malos tratos”; y concluyen, también en las redes sociales: “Sánchez quiere que sean súbditos marroquíes”.

El día anterior Equipe Media dio cuenta de la situación del preso político saharaui Mohamed Lamin Haddi, torturado por funcionarios de la prisión marroquí de Tiflit II para impedir que lleve a cabo una huelga de hambre de 48 horas; el recluso ya protagonizó otras dos huelgas de hambre –por más de dos meses cada una- durante 2021; la razón de su actual protesta es denunciar “las miserables condiciones que padece en la cárcel y la falta de atención médica” (el 24 de marzo un grupo de mujeres se manifestó con banderas saharauis junto a la casa de Mohamed Lamin Haddi).

¿Por qué sendas transcurre la realidad oficial? El periódico El País reprodujo la carta remitida por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI de Marruecos, con fecha 14 de marzo, en la que -sobre “la cuestión del Sáhara Occidental”- el dirigente del PSOE escribía: “España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo” (cinco días antes de la filtración a El País, el Gabinete Real y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos dieron a conocer el contenido de la carta).

Sin embargo, la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU (29 de abril de 1991) estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO); y explicitaba los términos del Referéndum: la “libre determinación” del pueblo del Sáhara Occidental.

El presidente del Gobierno español expresaba, en la citada misiva, su intención de “mantener un encuentro con Vuestra Majestad lo antes posible”; y respecto a los fines de la esperada reunión, “renovar y profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países hermanos, en un espíritu de estrecha concertación y reiterar nuestra determinación para afrontar juntas los desafíos comunes, especialmente la cooperación gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico (…)”.

En este contexto de colaboración y vínculos de amistad, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, retornó el 19 de marzo a Madrid, casi un año después que el ejecutivo marroquí la llamara a consultas, informó la Agencia Efe.

Ante este giro de la geopolítica española, la Asociación de Saharauis en Valencia Zemmur, la Delegación Saharaui para la Comunidad Valenciana, el Moviment Valencià d’Ajuda al Poble Saharaui (MOVAPS) y la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PVSPS) convocaron una concentración el 24 de marzo ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana (“Por un Sáhara Libre. ¡No a la traición de Sánchez!”).

También han organizado viajes en autobús, desde Castellón y Valencia, para sumarse a la movilización del 26 de marzo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores español; la concentración de Madrid (“No en mi nombre. Por la autodeterminación del pueblo saharaui”) está promovida por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS).

Se trata de “la última traición al pueblo saharaui por parte de un Gobierno español”, coincide el presidente de Zemmur, Fateh Babi, quien sitúa un primer antecedente en noviembre de 1975 (la marcha verde o invasión marroquí del Sáhara, a la que siguieron los Acuerdos Tripartitos de Madrid firmados por los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania; los movimientos de solidaridad con Sáhara ocupado denuncian que los Acuerdos implicaron la “transferencia ilegal” de la administración del territorio a Mauritania y Marruecos).

Ya en 2022, “con esta nueva estratagema, España se ubica en un escenario en el que vuelve a eludir incomprensiblemente su responsabilidad jurídica (…) como potencia administradora de iure y que debe ‘culminar el proceso de descolonización’, según la propia legislación española del 19 de noviembre de 1975”, explica el presidente de Zemmur.

El comunicado de MOVAPS, suscrito por más de una decena de colectivos, manifiesta su apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a su representante “legítimo”, el Frente Polisario. “La única solución justa será aquella que elija el pueblo saharaui mediante un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU”, valora el movimiento de solidaridad.

Y concluye que la decisión del Gobierno de España –apoyo al Plan de Autonomía propuesto unilateralmente por Marruecos- contraviene el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

¿Por qué el ejecutivo español se pone del lado del ocupante marroquí como si desconociera su responsabilidad histórica, jurídica y política en el Sahara Occidental, territorio del que el Estado español continúa siendo potencia administradora?, se pregunta CEAS en la convocatoria a la movilización ciudadana del 26 de marzo.

La Delegación del Frente Polisario para España hace referencia, en un comunicado del 18 de marzo, a un “chantaje marroquí” al que se ha sometido el Gobierno español; además menciona una serie de organismos que no reconocen soberanía alguna del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental: Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Unión Europea (UE), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y otras instituciones de carácter regional y continental.

La Delegación subraya la “gravedad” del contexto, ya que en noviembre de 2020 se reanudó la guerra entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, después que la potencia ocupante violara el alto el fuego firmado en 1991, al atacar a civiles saharauis desarmados en el paso de Guerguerat.

El ejecutivo español se separa con su decisión del trabajo de acompañamiento y mediación política del nuevo Enviado especial -desde noviembre de 2021- de la Secretaría General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura. Las posiciones de España y Marruecos “apoyan la ocupación, alientan la agresión (…), pretenden legitimar la represión, los crímenes de guerra, contra la humanidad y el saqueo de riquezas contra el pueblo saharaui”, concluye el Frente Polisario.

El mismo día que Pedro Sánchez firmó la carta dirigida a Mohamed VI, CEAS dio cuenta del dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU en torno a Yayha Mohamed Elhafed Iaazza, de 55 años; es “el preso político saharaui más antiguo” (se halla recluido desde hace más de 14 años en una cárcel marroquí): “Fue detenido y juzgado por Marruecos por su activismo, obligado a confesar bajo tortura y privado del derecho a un abogado defensor”.

La detención se produjo en 2008, en la ciudad de Tan-Tan (sur de Marruecos). Yayha Mohamed Elhafed Iaaza era entonces dirigente de la sección local del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis (CODESA).

Sobre el estado actual del recluso, que cumple una condena de 15 años, concluye su hija, Fatou Elhafed Iaaza: “Su salud (del progenitor) se ha deteriorado gravemente debido a las lamentables condiciones de la detención, a los malos tratos que sufre a manos de los carceleros y la falta de acceso a la atención y la medicación”. El GTDA ha instado a la “liberación inmediata” del activista.