Como sucede siempre ante estas situaciones aparecen las voces que reclaman un “pacto de rentas” urgente. Si finalmente se llega a él y no lleva aparejada una profunda reforma fiscal en la que se gane en progresividad y las capas más favorecidas de la sociedad aporten mucho más de lo que han hecho hasta ahora, el pacto de rentas se reducirá a que pensionistas, personas en paro y trabajadores y trabajadoras no obtengan subidas en sus ingresos y por tanto a perder su poder adquisitivo.
Artículo de Pedro Labrado
Son tiempos de inflación elevada. Las tasas de inflación se han disparado en general en todo el mundo, pero en particular en Europa y por tanto también en España. La tasa de inflación interanual para la zona euro ha alcanzado este mes de junio el 8,6% según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. La tasa por países va desde el 6,1% de Malta que es el país que registró la tasa más baja hasta el 22% de Estonia que registró la tasa más alta de la eurozona. La mitad de los países euro han registrado tasas de dos dígitos, en el caso concreto de España justo el 10%.
Las tasas de inflación que iniciaron su escalada a finales de 2021 y que las autoridades económicas, incluida la española por boca de su ministra Nadia Calviño, tildaron de transitorias, no han parado en ese ascenso. Error de cálculo que ahora achacan a la guerra desatada por el presidente ruso Putin en Ucrania y las implicaciones en el suministro de recursos energéticos como el gas y el petróleo y de alimentos básicos como el trigo o el girasol. Cierto es que todo ha sumado para que hoy la economía sufra el desgaste que la inflación infringe sin piedad y que sufren en mayor medida los segmentos de la población más desfavorecidos.
En estos meses inflacionistas con el precio de la energía disparado en cotas de record, el gobierno ha desplegado una serie de medidas que presentó en el momento de la puesta en marcha de cada una de ellas como de transitorias y provisionales pero que pasadas las semanas se han ido prorrogando y consolidando en el tiempo.
La primera medida que adoptó el gobierno ante las primeras tensiones con la subida del precio de la factura de la luz fue la reducción del IVA en la factura del 21 al 10 %. Ha pasado un año y no sólo no se ha vuelto al tipo inicial, sino que se ha aprobado una nueva reducción del tipo hasta el 5%. Esta bajada de tipos lineal y en definitiva proporcional al consumo beneficia más al que más consume, el ahorro fiscal es mayor para el que más consume. Esto entra en total contradicción con el principio constitucional de la progresividad fiscal. Esta medida no cumple con este principio. Simultáneamente la bajada del recibo consecuencia de esta medida fiscal ha sido absorbida en pocos meses en su totalidad por el aumento del precio de las fuentes de energía, principalmente el gas natural, y la factura que pagan los consumidores está en el mismo nivel o mayor que estaba antes de las rebajas fiscales; los beneficios caídos del cielo han seguido aumentando. Las compañías eléctricas no han arrimado el hombro, más bien todo lo contrario, han aprovechado la coyuntura para consolidar sus resultados amparados en su condición de oligopolio y la ausencia de competencia entre ellas que tienen repartido el mercado para no hacerse daño las unas a las otras. Los consumidores pagan al final lo mismo o más, el Estado recauda menos y las compañías eléctricas ganan más.
La siguiente medida ha sido ante la escalada de precios de los combustibles fósiles, la bonificación/subvención por parte del gobierno de 20 cts. por litro de gasoil y gasolina a todos los consumos. Esta medida no deja de ser una medida fiscal y de cara a los consumidores tiene el mismo efecto que la reducción del IVA en la factura de la luz, subvenciona más al que más consume sin distinguir consumos imprescindibles o suntuarios. Y al igual que ha sucedido con la factura de la luz, el precio final que pagamos los consumidores ya ha absorbido totalmente la subvención gubernamental y estamos pagando por cada litro más a pesar de la subvención. Es decir, el oligopolio petrolero parece que ha aprovechado para, sino todo, buena parte de esa subvención que están recibiendo los consumidores, llevarla a engrosar sus cuentas de resultados. Al igual que las compañías eléctricas, las petroleras tampoco han arrimado el hombro, tratan de sacar partido de la situación sea la que sea.
Estas medidas fiscales no pueden mantenerse de forma indefinida, terminan por no cumplir ninguna función redistributiva ni responden a la progresividad que debe tener el modelo fiscal en funcionamiento. Esto no quiere decir que los segmentos de la población más débiles económicamente no deban recibir apoyo por parte del Estado.
Y a pesar del esfuerzo fiscal del Estado desplegando estas medidas para contener la inflación por la vía de contener los costes energéticos, esta no ha dejado de subir y la cesta de la compra se ha disparado para hacer perder poder adquisitivo a toda la población en general. Ante esta situación trabajadoras y trabajadores a través de sus sindicatos empiezan a reclamar subidas salariales para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. En contraposición y como no podía ser de otra manera la patronal empresarial con la complicidad del Banco de España pide moderación salarial. Como sucede siempre ante estas situaciones aparecen las voces que reclaman un “pacto de rentas” urgente. Si finalmente se llega a él y no lleva aparejada una profunda reforma fiscal en la que se gane en progresividad y las capas más favorecidas de la sociedad aporten mucho más de lo que han hecho hasta ahora, el pacto de rentas se reducirá a que pensionistas, personas en paro y trabajadores y trabajadoras no obtengan subidas en sus ingresos y por tanto a perder su poder adquisitivo. La simple observación de los datos nos dice que los niveles de inflación soportadas en la actualidad no han sido como consecuencia de aumentos salariales, los salarios no han crecido un 10 % el último año. La causa hay que buscarla en otro lugar, en los que especulan con los recursos energéticos, en los que disfrutan de beneficios caídos del cielo, en los que especulan con las materias primas y con los alimentos básicos, en los rentistas por alquileres, plusvalías o beneficios de acciones y participaciones y por supuesto en los señores de la guerra y la industria de armamento que está detrás de ellos.
Que las mayorías sociales que tienen los ingresos justos se aprieten el cinturón mientras que las minorías que acumulan las mayores rentas y riqueza no solo no arrimen el hombro, sino que toda esta situación les sirva para aumentar su riqueza no puede ser la opción. Las rentas del trabajo, de pensionistas, las rentas para prestaciones sociales deben aumentar para que las mayorías sociales no pierdan poder adquisitivo y por tanto calidad de vida, e ineludiblemente las minorías privilegiadas tienen que sacar la cartera y pagar más impuestos como obliga la Constitución del 1978 hija de otros pactos, los de la Moncloa, que supusieron un acuerdo económico-social y político profundo, un auténtico contrato social.
Estamos en 2022 y parece que la toma de decisiones importantes va a ser urgente y definitoria del futuro que tendremos. Tal vez es el momento de plantearnos ese pacto de rentas, pero en un marco más amplio, en un marco de “contrato social” en el que se definan lo que la mayoría quiere y necesita para afrontar el siglo XXI, modelo político, modelo social y modelo económico que nos catapulte a una sociedad más igualitaria política y económicamente, sin profundas brechas, más democrática y participativa, y más sostenible.
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