El proceso se trata de dirimir una cuestión prejudicial elevada por parte del Tribunal Supremo hacia el alto tribunal europeo en el cual básicamente se pretende resolver el hecho de considerar al taxi como un servicio de interés general y por lo tanto que debe de tener medidas que aseguren su protección ante estas grandes empresas.
Por Taxi Project.
El pasado 5 de octubre por parte de Taxi Project, junto con Antaxi la organización nacional mayoritaria del sector y Élite Barcelona, probablemente una de las asociaciones más importante en la lucha contra la uberización a nivel global acudimos a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a defender nuestros argumentos ante uno de los juicios que pueden marcar un punto de inflexión tanto de manera positiva como negativa para el futuro no sólo del taxi en España, sino de prácticamente todo el mundo.
En este caso el proceso se trata de dirimir una cuestión prejudicial elevada por parte del Tribunal Supremo hacia el alto tribunal europeo en el cual básicamente se pretende resolver el hecho de considerar al taxi como un servicio de interés general y por lo tanto que debe de tener medidas que aseguren su protección ante estas grandes empresas que pretenden monopolizar el mercado del transporte de pasajeros o si por el contrario, habría que considerar al mismo taxi como una actividad económica, desregulado el servicio y eliminando todas esas garantías que sólo un servicio público y controlado por la administración pública puede asegurar al consumidor.
Un procedimiento que surge a raíz de un recurso interpuesto por Cabify ante el Tribunal Supremo contra el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis, contradiciendo de este modo al mismo Tribunal que ya en el 2018 dictó que este ratio se ajustaba a derecho por razones de imperioso interés general.
De esto modo y sujetándose en esta norma, el Área Metropolitana de Barcelona creó una licencia urbana para poder regular los vehículos VTC que operaban en ese momento en la ciudad Condal que fue recurrida también por la empresa con sede en Delaware y que el TSJ de Catalunya elevó a Europa.
En este caso, dentro de nuestros argumentos para defender al taxi como un servicio público ante una inminente liberalización que únicamente puede beneficiar a empresas como Uber y Cabify y perjudicar tanto al taxista como al usuario, nos remitimos a la directiva europea 123/2006 conocida como “Bolkestein” y en la que se obliga a los diferentes estados a tomar medidas para proteger a una serie de servicios por su interés general, entre los que se encuentra el servicio público del taxi.
Por otra parte, no creemos que sea conveniente que el mismo TJUE tenga que ponerse en contra ni poner en duda el pronunciamiento del Tribunal Supremo del estado español, cuando ya lo ha sentenciado con argumentos suficientes, incluso ratificando ante otros recursos que la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis es “necesaria, idónea y proporcionada”.
Por último, argumentos jurídicos aparte es evidente que una desregulación de un servicio público tan importante y del que dependen tantas personas a diario como es el taxi va a conllevar un dramático deterioro del servicio y que afectará de manera grave tanto al usuario (como estamos comprobando que sucede con los servicios de Uber y Cabify que en momentos de alta demanda incrementan los precios hasta 15 veces más o concentran la prestación de servicio en sitios donde se encuentra esa gran afluencia de público, dejando abandonado al resto de usuarios) como al mismo taxistas que ante mas vehículos para repartirse el mismo mercado, tendrá que trabajar más para ganar incluso menos, precarizando de este modo un servicio y un puesto de trabajo en el que prácticamente el 90% de los taxistas le dedican toda su vida.
Otro movimiento más que atiende a la gran presión que está ejerciendo el lobby de las VTC «MOVE» en los despachos de las principales instituciones de la Unión Europea, de las cuales ya han conseguido arrancar unas “recomendaciones” para intentar contrarrestar todos estos movimientos del taxi para prevalecer como un servicio esencial, tal y como es, en este caso como el Decret de Catalunya, aprobado recientemente por la Generalitat y que por fin diferencia claramente los dos servicios, uno público como es el taxi y otro privado como es la VTC y los ordena para no afectar a la movilidad, a la sostenibilidad y a la congestión de nuestras ciudades, limitando la entrada de vehículos de manera salvaje para evitar que se pueda monopolizar el transporte de pasajeros, tal y como pretenden estas empresas con todos estos movimientos legales.
Para finalizar, recordar también que en la Comunidad de Madrid, después de modificar la ley de transportes para habilitar a miles de vehículos VTC de Uber y de Cabify de manera ilegal para permitir que pudieran seguir operando más allá de lo que les permite la ley y por la cual han sido denunciado ante el Tribunal Constitucional por según consideramos, vulnerar competencias municipales y estatales para legislar en favor de estas empresas, ahora el gobierno del PP de Ayuso está intentando ejecutar lo mismo que reclama Cabify al TJUE: Desregular el sector del taxi ante la ira de colectivo que incluso se han posicionado mediante un referéndum en el que la gran mayoría de los taxistas han votado en contra de las medidas del gobierno del PP para liberalizar el sector.
En conclusión, hay muchos frentes abiertos pero una victoria en Europa no sólo aseguraría el futuro de un servicio público tan importante como el taxi sino que también reforzaría nuestros argumentos para la batalla que tenemos contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ante el inminente ataque a la línea de flotación del sector por medio de como indicamos, su desregulación y su deterioro para beneficiar a unos pocos.
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