«A la vista de los datos, en los términos en que el Gobierno ha situado el debate, la clase obrera siempre pierde, pues en términos reales se empobrece».
Por Raúl Martínez, miembro del Buró Político del PCTE
Una introducción necesaria.
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está generando una intensa polémica. Hace unos días publiqué una crítica a la propuesta del Gobierno a la que algunos de sus defensores respondieron más menos en los términos siguientes: “Si no está de acuerdo, rechace la subida y exija que se lo descuenten de sus próximas nóminas”. Para tener un debate mínimamente riguroso parece necesario, en primer lugar, tener presente de qué se está discutiendo.
El salario mínimo interprofesional es la retribución mínima fijada legalmente para todos los trabajadores. En palabras del Tribunal Supremo (TS 13-4-89) garantiza un suelo mínimo irreductible para retribuir la prestación de servicios en la relación laboral. Su cuantía debe garantizarse a los trabajadores en cómputo anual, partiendo de la premisa constitucional de que todos tenemos derecho a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestras familias (art. 35.1 CE), que es fijada anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas (art. 27.1 ET).
Por tanto, lo que estamos discutiendo es la cuantía del SMI del año 2021, que está siendo negociada por el Gobierno con los sindicatos mayoritarios y la patronal (consulta preceptiva pero no vinculante), para fijar la cuantía mínima bruta que debe percibir un trabajador en cómputo anual (14 pagas). Como es sabido, se discute una subida con una horquilla entre los 12 y los 19 euros brutos mensuales, siendo la subida propuesta por el Gobierno de 15 euros brutos mensuales para lo que queda de año.
Pacto de gobierno e Informe de la Comisión Asesora.
El acuerdo de Gobierno, firmado en su día por el PSOE y Unidas Podemos, recoge en su punto 1.4 la promesa de subir el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio de España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Al efecto, se acuerda crear una Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que ha publicado un informe en el que trata, en primer lugar de fijar la cuantía del 60% del salario medio, para recomendar finalmente las posibles hojas de ruta que permitan alcanzar ese objetivo en el año 2023.
La crítica, a juicio de quien escribe, debe comenzar en primer lugar por ese informe, en el que se sitúan para 2021 tres escenarios:
- En caso de que el salario medio no suba, se propone una subida mensual del SMI de 12 euros (1,3%).
- En caso de que el salario medio suba un 0,9%, se propone una subida mensual del SMI de 15 euros (1,6%).
- Y, finalmente, en caso de que el aumento del salario medio alcance un 1,8%, se propone una subida mensual de 19 euros (2,0%).
El Gobierno, hasta la fecha, se ha situado en el tramo medio, proponiendo subir el SMI 15 euros mensuales brutos para lo que queda de 2021, más o menos un 1,6%.
El Informe de la Comisión Asesora, alegando las evidentes dificultades que generan las estadísticas oficiales, reconoce serios problemas para fijar el salario medio. Por tanto, la propuesta del Gobierno se encuentra con un primer problema a la hora de su concreción: ¿cómo alcanzar un objetivo que no son capaces de precisar? En el propio Informe se recogen una serie de propuestas al respecto, pero el asunto queda pendiente.
Pero lo que es más preocupante es el notable sesgo de clase del propio Informe, que queda patente desde el mismo momento en que toma como referencias para formular sus propuestas el ritmo de recuperación del PIB y de la productividad, justificándose en que forman parte de los criterios empleados en la UE y en España para revisar el salario mínimo de manera habitual. Y, en la práctica, así es, aunque se olvidan de dos criterios fundamentales que figuran expresamente en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores: el índice de precios al consumo y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
A lo anterior debemos unir lo que constituye una grosera trampa dirigida a facilitar que el Gobierno cumpla su promesa en 2023: los objetivos se fijan sobre el salario medio neto, cuando el salario mínimo interprofesional fijado anualmente es salario bruto.
Salario nominal y salario real
Eliminando la consideración del índice de precios al consumo, y dejando ahora de lado la forma en que se calcula el IPC, que tampoco es neutra en términos de clase, el Gobierno y sus expertos pretenden ocultar la diferencia entre salario nominal y salario real, introduciendo con ello una notable distorsión en el debate.
El salario nominal es el salario que el trabajador percibe en forma monetaria. En salario real es la suma de los valores de uso (mercancías y servicios) que el trabajador puede adquirir, a un nivel concreto de precios, con su salario nominal, una vez realizadas las deducciones legales, o sea, con el salario neto. Por tanto, el salario nominal de los trabajadores y trabajadoras que perciban el SMI puede crecer formalmente y, sin embargo, disminuir su salario real. Eso es lo que tratan de esconder.
Como hemos visto, están sobre la mesa tres posibles subidas del SMI (1,3%, 1,6% o 2,0%). Sin embargo, tal y como ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, la inflación anual estimada del IPC en agosto de 2021 alcanzó el 3,3%. Por tanto, incluso con una subida del SMI de 19 euros mensuales (2,0%), habría subido el salario mínimo en términos nominales, pero disminuirá el salario real de los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo. La cosa es aún más grave si tomamos en cuenta la evolución de los precios de los productos de primeras necesidad, como la electricidad o los alimentos.
A la vista de los datos, en los términos en que el Gobierno ha situado el debate, la clase obrera siempre pierde, pues en términos reales se empobrece. Con ello, el objetivo de incrementar la participación del trabajo en la renta nacional, fijado con precisión en el Estatuto de los Trabajadores y eludido por los expertos del Gobierno, queda completamente al margen del debate en un país en el que todas la estadísticas apuntan a un drástico incremento de los trabajadores y trabajadoras pobres, esto es, quienes perciben una retribución que no cubre el coste de reproducción de la fuerza de trabajo, salarios de hambre.
Sin embargo, de lo que nunca se olvidan ni los gobiernos ni la patronal es de situar como factor determinante el incremento de la productividad, manejado también y por desgracia por algunos sectores sindicales. El salario, tal y como es presentado por la economía política capitalista, oculta la explotación del trabajo asalariado por el capital. Por eso, con demasiada frecuencia, escuchamos hablar de “salarios justos” o de “salarios dignos”, para hacer referencia al precio de la fuerza de trabajo que permite satisfacer determinado nivel de necesidades. La explotación desaparece de la ecuación. Parece que el salario retribuye el conjunto del tiempo de trabajo del obrero durante su jornada, haciendo desaparecer la diferencia entre tiempo de trabajo necesario y tiempo adicional de trabajo.
En realidad, cuando se refieren a la productividad, hacen alusión a la disminución del tiempo de trabajo necesario (a través de medios legales y muchas veces ilegales), lo que implica un crecimiento de la plusvalía y un incremento de la explotación a la que es sometida la clase obrera. La CEOE defiende con coherencia los intereses de clase capitalista, veámoslo con un ejemplo basado en sus propios datos: en su publicación Panorama Económico (Julio 2021), la patronal prevé un aumento de la productividad del 1,3% y una caída del coste laboral unitario (CLU) del -0,8%; sin embargo, se oponen con contundencia a toda subida del salario mínimo interprofesional.
Un llamamiento a la lucha.
Como vemos, la patronal actúa con coherencia de clase. ¿Lo hacemos nosotros? Hasta el momento, la propaganda del Gobierno socialdemócrata ha sido tremendamente eficaz, hasta el punto de que, como señalaba al principio, se emplean en su defensa argumentos del liberalismo más ortodoxo. En paralelo, no hay que olvidarlo, también crece el descontento social. A su vez, lentamente el poder prepara la alternancia en la gestión estatal.
Es necesario romper esta dinámica. Los trabajadores y trabajadoras no encontrarán solución a sus problemas en el capitalismo mientras luchemos bajo bandera ajena, bajo la lógica del mal menor. Es necesario recuperar la movilización, actuar organizadamente para alterar la correlación de fuerzas. Dejar de asumir la lógica de lo que nos dicen que es posible para exigir con firmeza lo que es necesario para nuestra gente. De lo contrario, como hemos visto con el debate sobre el SMI, terminaremos defendiendo nuestro propio empobrecimiento. Recuperemos las calles, conquistemos lo que es nuestro, transformando la rabia y el descontento en acción y lucha de clases.
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