Nosotros los pobres

Puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda

De nuevo se acerca el invierno y podemos comprobar de nuevo como en pocos años se ha redefinido totalmente lo que deberíamos considerar como pobreza, desde que Clarence D. Russell esbozase su ya famoso “Pete the Tramp”, como el arquetipo de vagabundo desarrapado y totalmente excluido del tejido social fruto de la gran depresión, la pobreza se ha transformado en algo muy diferente a esos marginados que caminan por nuestros barrios ante las miradas desconfiadas de una vecindad de familias de trabajadores. En la actualidad, la pobreza puede darse en tantas formas diferentes como caras tiene lo que se ha dado en denominar la venida a menos clase media española.

En nuestra sociedad la pobreza ha pasado a esconderse en los colegios, en el numero cada día mayor de niños que acuden a clase sin desayunar, entre los padres de familia que se muestran incapaces de llegar a fin de mes con un sueldo miserable y de forma alarmante comienza a hacerlo cada vez más tras las puertas de miles de hogares fruto de la llamada “pobreza energética”.

Datos extraídos de un estudio elaborado por Economics for Energy acerca de la pobreza energética en España y sus posibles soluciones, nos muestran como cerca un millón y medio de hogares en nuestro país están en situación de pobreza energética, lo que implica más de cinco millones de personas que en España se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada para la actividad diaria en invierno, en torno al 8 por ciento de hogares que sin ir más lejos están encarando las bajas temperaturas de estos días sin la posibilidad de hacer un uso normal de la calefacción en sus casas. Puede que incluso tras las paredes dentro de las que usted esta leyendo ahora mismo este articulo se esconda una de esas realidades que tan poco se dan a conocer en nuestra sociedad, una de esas nuevas caras de la pobreza que puede afectar a cualquiera y que se ha convertido silenciosamente en un problema que en nuestro país se cobra cada año 7000 vidas derivadas directamente de sus efectos.

¿Qué se esconde tras esa inaccesibilidad de muchos hogares españoles a un consumo energético normalizado?

Las causas son diversas, desde la influencia de otros indicadores asociados a la  pobreza como el paro o un trabajo precario, a indicadores más específicos como puede ser una tarifa objetivamente elevada en comparación con el entorno europeo, el encarecimiento de la electricidad y el gas entre 2008 y 2014 -de un 73% y un 67% respectivamente- ha sucedido en paralelo a un descenso de los ingresos de las familias españolas que ha terminado desembocando en una grave situación de pobreza energética. Sin duda, esto impele a relacionar claramente -y sin demasiadas ingenierías ideológicas- el gran asalto a la banca de las empresas eléctricas con la muerte prematura de casi 7000 españoles cada año. Al igual que nadie dudaría en culpar a las drogas o al exceso de velocidad de gran parte de las muertes en carretera, resultaría cobarde el negarse a encontrar una responsabilidad directa entre el continuado aumento de los márgenes de beneficio de las eléctricas con unas muertes totalmente inasumibles para una democracia real y digna.

¿Pero acaso podría estar justificado ese aumento de la factura eléctrica?

En realidad no, entre todos esos datos oscuros que se agazapan entre nuestras facturas para resultar incompresibles al común de los consumidores -que mejor que hacer algo incomprensible para que no sea rechazado por la ciudadanía- se encuentra una realidad en la que los continuos aumentos del precio de la electricidad en España se deben en su mayor parte al tan consabido déficit tarifario. Un déficit que podríamos definir como la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo que estas realmente ingresan a través de las tarifas eléctricas, déficit por el que los españoles debemos la friolera de 30000 Millones de euros a las compañías eléctricas y que surgió cuando en 1997 el actual consejero de Endesa y el entonces presidente del gobierno José María Aznar, se decidió a hacer política de la mano de las eléctricas.

Con la aparente buena intención -siempre y cuando sigamos siendo esos españoles crédulos de siempre- de ahorrarnos futuros disgustos a los españoles en la factura de la luz, el político hispanotexano encomendó a su por aquel entonces todavía hombre de confianza Rodrigo Rato, establecer una regla según la cual la tarifa eléctrica nunca pudiese subir más que el IPC, regla con la que por una cosa o por otra, se vieron  finalmente favorecidos sus objetivos electorales y ya de paso, la empresa con la que el ahora expresidente del gobierno y hombre fitness, puede disfrutar un retiro dorado subvencionado por una de las grandes eléctricas españolas. Mientras tanto, millones de españoles nos vemos abocados a mantener una estafa en la que en conjunto y sin distinciones -eso si es igualdad- somos víctimas del oligopolio energético y sus empleados del establishment político.

No se puede asentar una democracia sobre un sistema que propicia que 7000 personas pierdan su vida antes de tiempo como consecuencia de la búsqueda del máximo beneficio por parte de las empresas energéticas

Después de todo, en el ideal mundo oligopólico que supone España para las eléctricas, Iberdrola, Gas Natural – Fenosa, Endesa, EDP y EON abarcan en su conjunto el 80 % de la generación de electricidad y el 90% de comercialización de la misma, un negocio de 35.000 millones de euros con el que han conseguido comprar las voluntades políticas de los grandes partidos y dominar así la política española durante gran parte de nuestra existencia democrática. Con esa misma ecuación podemos explicarnos la inoperancia política, cuando esas compañías eléctricas se permiten negociar con las necesidades básicas de la población española, al vender parte de la cuantía del déficit tarifario a esos mismos bancos que por el más usurero mercadeo ahora no solo se convierten en los máximos interesados en desalojar a las familias, sino también en cortarles la luz ante el más mínimo retraso en su factura. Una realidad nefasta al no tener cabida una reacción en un gobierno español todavía bajo el efecto de las puertas giratorias que lo convierten en un mecanismo poco interesado en asumir responsabilidades. La tardanza e ineficiencia en el desarrollo del una medida tan básica para la población en riesgo de pobreza energética como el  bono social eléctrico, nos da sobrada muestra de que el aumento de la pobreza de sus ciudadanos, no supone una prioridad para el actual gobierno conservador.

La liberalización del sector energético estatal supuso la renuncia a la premisa básica de que la energía supone una necesidad vital para los ciudadanos, un derecho irrefutable que así debería estar recogido y respetado por la constitución de nuestro país, tal y como lo recoge por ejemplo la constitución boliviana 2009. No se puede asentar una democracia sobre un sistema que propicia que 7000 personas pierdan su vida antes de tiempo como consecuencia de la búsqueda del máximo beneficio por parte de las empresas energéticas, como meros sacrificios humanos ante un capitalismo salvaje.