Normalizar la política penitenciaria

Durante estos años hemos defendido la vigencia de los derechos fundamentales y su plena aplicabilidad a las personas encarceladas por delitos de violencia política, llamando la atención sobre su derecho a cumplir condena en centros próximos al domicilio habitual, tal como señala la Ley General Penitenciaria, reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y desoyeron durante décadas los tribunales. Afortunadamente ya es un hecho, aunque hoy es el día en que algunos políticos de la derecha siguen clamando por el alejamiento de estas personas.

A ello se añadía la inaplicación de las normas afectantes a las personas presas con enfermedades graves, al restringirla -en contradicción con el espíritu y letra de la norma- solo a quienes padecían enfermedades terminales. Igualmente, persiste -contra la doctrina europea vigente- la falta de reconocimiento judicial de las condenas cumplidas en el extranjero, erosionando así el espacio judicial común europeo.

Ahora aparece un nuevo frente en relación a la progresión de grado.

Todas las personas en prisión, cualquiera que sea su delito, tienen derecho a transitar de grado, lo que supone un avance en su proceso de reincorporación a la vida en libertad, lo que también se conoce como resocialización. La aplicación de la progresión de grado se dictamina por las Juntas de Tratamiento de cada prisión, que son la parte de la administración penitenciaria conocedora de cada una de las personas presas. Tras su informe, favorable o no, viene la resolución de la autoridad competente -las autoridades vascas desde la transferencia competencial- que dictaminan si esas personas progresarán de grado o no.

Pues bien, la política penitenciaria de nuestras autoridades se ve interferida -mediante interpretación sesgada de la Ley Orgánica 5/2003- por las competencias y recursos sistemáticos contra las decisiones de la administración penitenciaria vasca que impliquen progresiones de grado, por parte de la fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria adscrito a la Audiencia Nacional, cuando en la tradición legal los competentes eran los Juzgados ordinarios naturales. A su vez, como dicho Juzgado resuelve favorablemente buena parte de esos recursos de fiscalía, las personas pierden las ventajas de la progresión de grado y las posibilidades de cumplir condena fuera de prisión.

Esta situación es sorprendente en algunos casos. Por ejemplo, a una persona se le negó la progresión de grado, pero recuperó su libertad por ya haber cumplido condena. O aquella otra a la que se le requirió una mayor empatía con sus víctimas, cuando no estaba condenada por ningún delito con víctimas.

Creemos que es hora de poner fin a esta política penitenciaria, no atemperada con el hecho de la desaparición de ETA y del nuevo tiempo, y que la fiscalía y las autoridades judiciales se atengan a la ley ordinaria (Juntas de Tratamiento y autoridad penitenciaria) y se acabe con la excepcionalidad, que es lo contrario a retorcer la ley con prejuicios ideológicos.

Esas personas presas son objeto, además, de una injusticia comparativa que disuelve el principio de igualdad en la aplicación de la ley y niega la justicia. Mientras la inmensa mayoría de quienes mataron, lesionaron, torturaron o abusaron de su poder, por decisiones de Estado o cobijándose en la impunidad, ha sido raramente juzgada (porque simplemente no se ha querido, mediante subterfugios bien engrasados por la conspiración de silencio en favor de los “nuestros”) y las pocas personas que sí fueron juzgadas obtuvieron una rápida excarcelación, en la parte de ETA ha ocurrido lo contrario: la persecución permanente.

Pues bien, acabada la violencia de ETA hace 12 años, esas personas presas que han ido cumpliendo penas y requisitos de progresión deben poder volver a su vida ordinaria, a participar en la sociedad, a estar con sus seres queridos, y todo ello porque tienen derecho. Y lo contrario es venganza o castigo político. Ni desde la política ni desde la judicatura puede seguirse desconociendo ese derecho dificultando, a su vez, la normalización de la vida política y social en Euskal Herria.

Lo hasta ahora dicho es absolutamente compatible con el necesario respeto, respaldo y exigencia de reparación del daño causado para todas las víctimas -sin distinción- de las violencias perpetradas en nuestro país. A las víctimas se las debe apoyar y respetar, sin condiciones, y no utilizarlas con intenciones partidistas para alterar el tablero político o para mantener artificialmente viva una preocupación colectiva en la ciudadanía. El voto vasco en las elecciones municipales ya ha sido un aviso de que la ciudadanía no quiere tutelas judiciales ni políticas de ese tipo, y quiere, sin desmemoria, pasar página para un nuevo tiempo.