Un año después del comienzo, que apenas ha encontrado eco en nuestra prensa, solo cuando en junio la cooperante española María Hernández fue asesinada en Tigray, el silencio sigue normalizando el genocidio
Por Angelo Nero
Como ha sucedido antes, con el genocidio de los tutsis en Ruanda, en 1994, con el pueblo rohinyá en Birmania, en 2016, o mirando más atrás, con el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano, que comenzó en 1915 y se alargó hasta 1923, con dos millones de víctimas, el silencio es el mejor aliado para que se produzca un nuevo crimen contra la humanidad –esa clase de crimen que no solo se comete contra un pueblo, sino contra todos-, esta vez contra el pueblo de Tigray, que se ha rebelado contra el gobierno etíope Abiy Ahmed Ali, que recibió el Premio Nobel de la Paz, en 2019, aunque ahora esté decidido recibir otro premio, quizás otorgado por el Tribunal Penal Internacional, siguiendo la estela del ugandés Dominic Ongwen, del congoleño Bosco Ntaganda o del sudanés Omar al Bashir.
La lista de atrocidades cometidas por las milicias amharas y por los ejércitos aliados de Etiopía y Eritrea, tal como han venido denunciando numerosas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Médicos Sin Fronteras, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, e incluso organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos crímenes de guerra han sido especialmente graves durante la campaña de ocupación de Tigray, ya que incluyen violaciones masivas de mujeres y niñas, destrución de infraestructuras civiles y vías de comunicación, para evitar la canalización, o simplemente la llegada, de la ayuda humanitaria a la región, y condenar a la hambruna a la población tigriña.
En junio de este año, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, estimaba que estimó que 353.000 personas en Tigray estaban en la fase 5 (catástrofe) y casi 1,8 millones más están en la fase 4 (emergencia), basándose en la evaluación autorizada de la crisis realizada por la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), una entidad respaldada por la ONU.
Ante la contraofensiva del Tigray People’s Liberation Front (TPLF), y de sus aliados del Oromo Liberation Army (OLA), el ejército etíope, que en su retirada no pudo impedir que estos avanzaran rápidamente a través de las regiones Amhara y Afar, amenazando incluso con llegar a la capital, Addis Abeba, ha redoblado sus ataques a la población civil, tal como relata Nick Perry del The Wall Street Journal: “Las fuerzas de seguridad aliadas al ejército de Etiopía están acorralando y matando a civiles, en una nueva ola de violencia étnica en la brutal guerra del país. Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirmaron que las milicias amharas eran responsables de un reciente aumento de abusos horribles en la parte occidental de Tigray, disputada hace mucho tiempo, documentando que estas fuerzas detenían, torturaban y mataban de hambre, sistemáticamente, a civiles tigriños, incluidos adolescentes y ancianos, que vivían en la región en disputa.”
También los pocos periodistas que se atreven a informar sobre el terreno son objeto de persecución, como ha señalado el corresponsal de AFP, Robbie Corey-Boulet: “Etiopía debe liberar a todos los periodistas detenidos y dejar de utilizar las leyes de emergencia en tiempos de guerra para encerrar a los periodistas por hacer su trabajo.” Entre la lista de detenidos están Amir Aman Kiyaro, Thomas Engida y Addisu Muluneh, y según el inspector de la policía federal Tesfaye Olani, “los periodistas violaron la ley del estado de emergencia y la ley antiterrorista de Etiopía, y las violaciones podrían llevar a siete a 15 años tras las rejas.” Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), son ya 14 los periodistas detenidos por las autoridades de Addis Abeba.
La nueva táctica del ejército etíope incluye el bombardeo de áreas residenciales o de mercados, como el que esta semana realizó en Alamata, con el resultado de 28 muertos y 72 heridos. “Se ha convertido en un patrón inconfundible que Abiy ataque barrios residenciales en Tigray cuando sus fuerzas sufren un duro golpe en la batalla”, señalo en un tweet el portavoz del TPLF, Getachew Reda. Tres semanas antes, drones de fabricación turca habían atacado una zona residencial en Mekelle, sin que se registraran víctimas mortales.
Un año después del comienzo de esta cruenta guerra, que apenas ha encontrado eco en nuestra prensa, solo cuando en junio la cooperante española de Médicos Sin Fronteras, María Hernández, fue asesinada en Tigray, el silencio sigue normalizando el genocidio, aunque hay tímidos avances en la respuesta de la comunidad internacional, como el que se ha dado este viernes, 17 de diciembre, cuando el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha aprobado “una resolución que establece una comisión internacional de expertos sobre Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos de Derechos Humanos cometidos por todas las partes en el conflicto”.
El gobierno de Abiy Ahmed Ali, que votó en contra de la resolución, junto a sus aliados de Eritrea, Rusia y China, no ocultó su decepción, a través de su ministerio de asuntos exteriores: “Algunos en el Consejo de Derechos Humanos, que han hecho público su total desprecio por los esfuerzos y el trabajo realizado por el Gobierno, han sentido la necesidad de convocar una sesión especial con el objetivo de tener algún tipo de resultado para lograr lo que parece ser un objetivo políticamente motivado.” Mientras que el portavoz del TPLF se ha manifestado en sentido contrario: “Parece que más países se oponen a la impunidad cuando se trata de gobiernos que han tenido como vocación cometer crímenes atroces contra su pueblo. Lo que es todavía más preocupante es que esta tendencia de proliferación en el establecimiento de mecanismos a través del Consejo en la mayoría de casos ha fallado en alcanzar sus objetivos y se han convertido en simples herramientas de imposición en países que se niegan a que se interfiera en sus asuntos internos.”
Este mismo viernes, la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, la jordana Nada al Nashif, ha alertado de la gravísima situación en la que se encuentra la población civil: “En Tigray hay 5,2 millones de personas, cerca del 90 por ciento de la población, en situación de necesidad. Sólo han podido entrar en Tigray desde julio suministros humanitarios limitados organizados por la ONU, incluidos alimentos y suministros médicos vitales”, señalando que hay casi diez millones de personas en inseguridad alimentaria en el todo el norte de Etiopía.
Por otra parte, según informa el Somalí Guardian: “El ejército de Etiopía envía más tropas a la frontera con Sudan como parte de los planes para organizar nuevos ataques transfronterizos contra bases y campamentos del ejército de Sudán que albergan a refugiados de Tigray”. A principios de mes las tropas sudanesas anunciaron el desmantelamiento del asentamiento etíope en la disputada zona de Al-Fashaga, tras los combates con fuerzas etíopes en Birkat Nourain, en la que una veintena de soldados sudaneses murieron. El Cuerno de África parece a punto de incendiarse, normalizando el genocidio y abriendo las puertas a una guerra que puede arrastrar a toda la región.
Se el primero en comentar