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En lugar de invertir en fortalecer las instituciones nacionales, como la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario, el presidente opta por ceder el control a Estados Unidos.
Por Sergio Meneses | 7/09/2025
En un giro preocupante para la soberanía y la dignidad nacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha abierto la puerta al regreso de bases militares estadounidenses al territorio ecuatoriano, una decisión que revela la incapacidad de su gobierno para garantizar la seguridad del país y que pone en entredicho su compromiso con los principios de autonomía y autodeterminación. Esta maniobra, enmarcada en una supuesta lucha contra el narcotráfico, no es más que una muestra de debilidad, sumisión y entreguismo que avergüenza a la nación y revive los fantasmas de un pasado de dependencia.
El 4 de septiembre, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Quito, Noboa y su administración dejaron claro su interés en restablecer una presencia militar estadounidense en Ecuador, algo que no ocurría desde 2009, cuando el expresidente Rafael Correa ordenó el cierre de la base militar de Manta, operada por Washington. Aquella decisión, respaldada por la Constitución de 2008, que prohíbe explícitamente bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, fue un hito en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, Noboa, con el respaldo de una Asamblea Nacional que aprobó una reforma constitucional el 3 de junio con 82 votos a favor, busca revertir este logro, abriendo las puertas a lo que muchos consideran una nueva forma de colonialismo.
El argumento del gobierno de Noboa es que la presencia de bases militares extranjeras, particularmente estadounidenses, fortalecerá la lucha contra el narcotráfico, un problema que, según el propio presidente, se ha agravado en los últimos años. Noboa ha señalado que durante el período en que la base de Manta estuvo operativa (1999-2009), las incautaciones de cocaína aumentaron significativamente, sugiriendo que la cooperación militar con Estados Unidos es la solución a la escalada de violencia vinculada al crimen organizado. Sin embargo, esta narrativa no solo es simplista, sino que ignora las verdaderas raíces del problema y delega irresponsablemente la seguridad del país a una potencia extranjera.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta desafíos innegables en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la solución no puede ser la entrega de la soberanía nacional ni la conversión del país en un “chiringuito militar” al servicio de los intereses geopolíticos de Washington. La presencia de bases militares estadounidenses en el pasado no resolvió estructuralmente el problema del narcotráfico, y nada garantiza que su retorno lo haga ahora. Por el contrario, la instalación de tropas y bases extranjeras podría convertir a Ecuador en un peón dentro de las tensiones internacionales, exponiendo al país a conflictos que no le corresponden.
La incapacidad del gobierno de Noboa para abordar el crimen organizado con recursos propios es evidente. En lugar de invertir en fortalecer las instituciones nacionales, como la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario, el presidente opta por ceder el control a Estados Unidos. Esta decisión no solo refleja una alarmante falta de liderazgo, sino que también perpetúa una mentalidad de dependencia que ha sido históricamente perjudicial para América Latina.
Mientras Noboa aplaude operaciones estadounidenses, como el reciente ataque a una embarcación en el Caribe, los ecuatorianos se preguntan: ¿dónde queda el orgullo nacional? ¿Es esta la visión de un país soberano que se respeta a sí mismo? La propuesta de Noboa, que aún debe ser ratificada en un referéndum previsto para finales de 2025, ha generado rechazo entre amplios sectores de la sociedad. Voces críticas, incluyendo a legisladores de la oposición, advierten que la presencia militar extranjera no solo no garantiza una solución al narcotráfico, sino que podría agravar la situación al convertir a Ecuador en un objetivo estratégico en conflictos externos.
Además, la historia reciente de América Latina demuestra que la intervención militar extranjera rara vez ha traído beneficios sostenibles, dejando tras de sí una estela de injerencia y pérdida de autonomía. La gestión de Noboa, marcada por una crisis política y una relación tensa con su propia vicepresidenta, parece aferrarse a esta medida como una maniobra desesperada para proyectar fortaleza. Sin embargo, lo que logra es todo lo contrario: una imagen de debilidad y sumisión que avergüenza al país. Permitir el retorno de bases militares estadounidenses no es solo una traición a los principios constitucionales de Ecuador, sino un retroceso histórico que pone en riesgo la soberanía y la dignidad de la nación.
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