La diputada, nieta de Carlos de Meer, último gobernador civil franquista en Balears, defensor de los golpistas del 23F y autor de una hagiografía de Francisco Franco, no es una figura marginal dentro del partido.
Por Isabel Ginés | 10/07/2025
Este lunes, Rocío de Meer, diputada de VOX y una de sus portavoces más beligerantes, ha lanzado una de las propuestas escalofriantes: la deportación de ocho millones de inmigrantes y sus hijos. No es un desliz, no es un lapsus, no es retórica encendida. Es una propuesta política que apunta a la limpieza étnica.
Con el lenguaje cuidadosamente ambiguo pero brutalmente claro, De Meer ha defendido que “será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. En esas palabras se condensa el núcleo ideológico de la extrema derecha: el supremacismo, el miedo como motor político y la negación del otro como fundamento de su proyecto nacional.
La diputada, nieta de Carlos de Meer, último gobernador civil franquista en Balears, defensor de los golpistas del 23F y autor de una hagiografía de Francisco Franco, no es una figura marginal dentro del partido. Es una de sus voces más representativas. Y lo que propone no es otra cosa que aplicar en España la conocida teoría del gran reemplazo, una fantasía paranoica nacida en los laboratorios ideológicos de la ultraderecha francesa, que sostiene que las élites progresistas están promoviendo la sustitución de la “población blanca” por migrantes africanos y musulmanes.
Lo más siniestro del discurso de De Meer no es solo su contenido que es abiertamente xenófobo, inconstitucional, y contrario a los derechos humanos, sino su naturalización. Se cita al demógrafo ultraconservador Alejandro Macarrón para sembrar miedo sobre un supuesto “cambio de origen” poblacional en España hacia el año 2044. Lo que omite intencionadamente es que dichos “orígenes extranjeros” incluyen a ciudadanos plenamente españoles, nacidos en este país, hijos de trabajadores migrantes que han contribuido al sistema público, a la cultura y al futuro de esta sociedad tanto o más que los herederos de familias franquistas como ella.
La propuesta de expulsar a niños nacidos en España por el simple hecho de ser hijos de personas migrantes no solo es éticamente repugnante, sino que rompe con uno de los pilares del Estado de derecho: el principio de igualdad ante la ley. Es una vulneración frontal de la Constitución Española, de los convenios internacionales sobre infancia, de los derechos humanos más elementales. Es una propuesta fascista, sin matices.
Y que esta política provenga de alguien cuyo apellido está ligado a la represión franquista más dura y a la defensa del golpe de Estado del 23-F no es casualidad, es un síntoma. Es una advertencia. Quieren restaurar un país para unos pocos, basado en la sangre, los apellidos y la exclusión violenta de todo lo que no encaje en su proyecto étnico-ideológico.
VOX no es una anécdota parlamentaria. Es un partido que cuenta con millones de votos y que ha penetrado en las instituciones con un discurso que ya no disimula sus raíces totalitarias. Cuando sus dirigentes proponen la deportación masiva de personas por su origen, cuando utilizan la palabra “supervivencia” como justificación para una limpieza social, están apelando directamente a los peores fantasmas de la historia europea.
Callar ante esto es colaborar. El resto de fuerzas políticas, los medios de comunicación, las instituciones públicas y la sociedad civil tienen el deber de responder con firmeza. No estamos ante una simple provocación más. Estamos ante una amenaza estructural al modelo de convivencia democrática. No se puede debatir racionalmente con quien niega la humanidad del otro. No se puede “tolerar” lo intolerable en nombre del pluralismo. Esto no va de ideologías, va de dignidad.
La historia nos lo ha enseñado con sangre: el fascismo no se combate con matices, se combate con claridad, con memoria, con leyes, con resistencia. Quienes hoy se envuelven en la bandera para justificar la expulsión de millones de personas son los herederos ideológicos de quienes ayer firmaban sentencias de muerte o defendían golpes militares.
Deportar a ocho millones de personas (muchas de ellas nacidas aquí) no es una política migratoria. Es un crimen moral, jurídico y social. Y permitir que una representante pública lo proponga sin consecuencias es el primer paso hacia el abismo.
Se el primero en comentar