Por Daniel Seixo
«Es inexplicable e injustificable que el vital problema sexual se relegue hipócritamente al casillero de las cuestiones “puramente privadas”.
Aleksandra Kollontai
Nos situamos durante unos segundos en la esperpéntica situación a la que nos enfrentamos en esta ocasión: casi un centenar de mujeres son grabas sin su consentimiento cuando, ante la escasez de baños públicos, orinaban en una calle durante la celebración en verano de 2019 de la fiesta popular “A Maruxaina», San Ciprián. Un individuo, varón sin duda alguna, decide situar una cámara oculta estratégicamente con la intención de visionar a mujeres orinando, para posteriormente almacenar dicho contenido y subirlo a diversas páginas de carácter pornográfico, en las que tiempo después las víctimas descubren con estupor que su intimidad es difundida entre depravados de toda condición sin que por supuesto medie consentimiento alguno. Sin duda resulta demencial y socialmente reprobable que un ser humano pueda tener semejante ocurrencia y la insensatez y perversión para planearlo y ejecutarlo, pero la historia y el bochornoso espectáculo de la misma no termina aquí.
Esta misma semana conocíamos que el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, dictaba un auto en el que se decretaba el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei), y por varias de las afectadas por la difusión de sus imágenes en diversas páginas web pornográficas, al considerar el magistrado encargado del caso que no quedaba suficientemente acreditado la comisión de un delito. Basaba la autoridad judicial en su reflexión acerca del caso que nos ocupa en que las mujeres estaban orinando en la vía pública y por tanto podrían ser vistas por cualquier persona que por allí transitase, por lo que la difusión de las imágenes no encaja en las conductas susceptibles de infringir un trato degradante o menoscabo grave de la integridad moral o la intimidad de las afectadas por la mente proterva de algún hijo del patriarcado que simplemente ha decido ejercer su dominio contra mujeres lo suficientemente distraídas como para bajar la guardia orinando en la vía pública durante un festejo popular.
En “el estado de derecho” del “¿cerró usted bien las piernas?“, “¿había bebido?“, “¿caminaba usted sola a esas horas?” o “¿qué ropa vestía el día en cuestión?“, comprobar que un elemento más o menos centrado de la institución judicial puede considerar como normal o incluso irrelevante que un hombre decida ocultar una cámara para conseguir material íntimo de varias mujeres, ciertamente ha dejado de sorprenderme. A poco que uno sepa de números pude hacer cálculos históricos y situarse en las condiciones económicas, sociales y políticas que dibujan los entresijos y la estructura de las instituciones judiciales en el seno del estado español. Si bien en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el hijo de un carpintero el 12 de abril de 1961 llegó a buscar a Dios en la infinidad del espacio, nuestra supuesta monarquía parlamentaria se muestra todavía incapaz en pleno 2021 de depurar o tan siquiera maquillar las instituciones judiciales de componentes machistas, retrógrados y en más ocasiones de las deseadas, directamente fascistas. Y no señalo aquí a ningún personaje en particular, principalmente por no terminar siendo yo el único condenado de esta espeluznante historia. Uno ha dejado de sorprenderse por estas salidas de tono en nuestras instituciones y pese a ello no deja de mostrar su profunda indignación, pero habiendo sufrido ya este medio el peso de la justicia al oponerse a la injusticia patriarcal y sus más refinados resortes, conocemos perfectamente que en estas ocasiones es mejor no dejar que la pluma se lleve por la pasión y por tanto no señalar a determinados jueces por sus errores. No hay ninguna justicia por aquí abajo.
Pero centrándonos de nuevo en el asunto en cuestión, lo verdaderamente llamativo y preocupante de este nuevo caso de menosprecio a la mujer, se centra precisamente en que una vez más pone el foco de la culpabilidad sobre la víctima, señalándola en esta ocasión por no tener el suficiente cuidado a la hora de elegir un lugar para orinar y estructurando bajo esta premisa un relato ficticio que basa su conclusión en un supuesto exhibicionismo intencionado, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de mujeres que ante la falta de previsión de las autoridades públicas a la hora de lograr proporcionar aseos públicos durante una celebración, deciden recurrir a un lugar apartado para realizar sus necesidades en donde un depravado ha ocultado una cámara para conseguir gravarlas sin su consentimiento. Y sí, efectivamente, ocultado, un hecho que nos deja ver sin duda alguna que el único personaje criminal de esta historia conoce perfectamente que no podría llevar a cabo sus perversiones en caso de que las víctimas conociesen las mismas. Y necesidades, porque uno no puede evitar orinar, no puede decidir no hacerlo ante la falta de baños públicos.
Mujeres en Igualdad de Burela ha confirmado que recurrirá esta inexplicable decisión, pero en realidad el foco de esta triste noticia apunta de nuevo a las propias instituciones judiciales, al estado y a una sociedad que lejos de avanzar en materia de igualdad, parece agazapar su intrínseco machismo a la espera de que la condenada social y la fuerza del feminismo organizado disminuya, con la firme intención de lograr reforzar la estructura patriarcal que ciertos sectores reaccionarios todavía añoran poder instaurar de nuevo en nuestra sociedad. Afortunadamente para todos y todas, no comprenden estos arcaicos resortes del partiarcado que el feminismo, la lucha por la igualdad y el combate a las disfunciones patriarcales, están aquí para quedarse. No hay paz para los machistas.
es decir Sr.. PP, en ningún caso una cámara de videovigilancia privada colocada en vivienda, empresa, coche, etc…puede captar imágenes de la vía publica, y mucho menos publicarlas. Ansío las razones de este Sr. juez, que aclaren un poco las razones de su decisión. Saludos
En el momento que os creéis de verdad que la justicia en este país está en contra vuestra, cuando es todo lo contrario, es que las que necesitáis avanzar de verdad sois una parte de vosotras y de este nuevo «feminismo» radical que habéis creado. Primero hay que saber cómo es un juicio, cómo fue la denuncia, hacia quién, y la resolución de ésta. Creéis que una persona que es juez, que en leyes os pasa por encima a la mayoría de vosotras/os, se va a poner en el punto de mira sabiendo cómo está todo este tema en la sociedad? Primero esperemos a saber el porqué dice que no es delito y después podemos criticar, que aprovecháis a la mínima para tirar mierda al bando contrario sin tener ni puta idea de nada
según la AEPD en su resolución R/00818/2012, de 18 de mayo, dice que : el tratamiento de imágenes en lugares públicos solo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos del estado. Eso, ni es feminismo ni es radicalismo. Tu comentario señor PEPE, esta muy lejos de la realidad legal, saludos