El Régimen del 78 está podrido, se ha conformado un ecosistema propicio para la corrupción.
Por Ernesto Vílchez | 31/05/2026
En los últimos días, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, el PSOE ha activado un relato previsible: existe un “plan antidemocrático”, un complot orquestado para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez y dañar la imagen del partido. Ministros como Óscar Puente han hablado abiertamente de “métodos nada democráticos” y de un intento de golpe contra el Ejecutivo.
Este discurso, sin embargo, no resiste el más mínimo escrutinio. La corrupción en España no es un ataque externo ni una conspiración judicial selectiva: es un problema estructural, profundamente arraigado en el sistema político, que trasciende partidos, gobiernos y legislaturas. Optar por el victimismo solo retrasa el diagnóstico real y erosiona aún más la confianza ciudadana.
Corrupción que no entiende de siglas
Los casos documentados a lo largo de décadas demuestran que la podredumbre afecta a prácticamente todos los grandes actores. El PP acumula tramas históricas como Gürtel (condenada como organización criminal), Kitchen o los papeles de Bárcenas, con cientos de millones en juego y condenas firmes que incluyeron al partido como partícipe a título lucrativo. El PSOE, por su parte, tiene en su historial los ERE de Andalucía (uno de los mayores escándalos de malversación), el caso Koldo-Ábalos-Cerdán (comisiones en contratos de mascarillas y obra pública), el caso Begoña Gómez y ahora la imputación de Zapatero, con vínculos investigados a Venezuela y rescates públicos controvertidos.
El resto de organizaciones no quedan al margen: contratos irregulares, enchufes, financiación opaca y favores entre administraciones salpican a unos y otros. Las estadísticas de causas judicializadas y condenas muestran que, si bien el volumen económico varía según el período y el nivel de poder, la corrupción es un mal sistémico. No hay partido “limpio” que pueda erigirse en juez moral del resto. La UCO, la UDEF, los jueces y fiscales actúan sobre indicios, y estos han aparecido en todos los colores políticos cuando han tenido oportunidad de gobernar.
El régimen del 78 está agotado
El problema de fondo es el sistema. El Régimen del 78, con su bipartidismo, financiación de partidos opaca, puertas giratorias, clientelismo territorial y una Justicia que a menudo llega tarde y depende de cuotas políticas, ha generado un ecosistema propicio para la corrupción. Los partidos se han convertido en máquinas de poder más que en instrumentos de servicio público. Las élites políticas y económicas se entremezclan, los rescates públicos benefician a amigos, y las investigaciones se instrumentalizan según quien esté en la oposición.
En este contexto, el relato del “complot” del PSOE resulta especialmente cínico. Cuando los indicios señalan a sus figuras, se denuncia una “lawfare” o una persecución política. Cuando los casos salpican al PP o a otros, se exige “depuración” y dimisiones inmediatas. Esta doble vara no solo debilita la democracia: la convierte en un circo donde la presunción de inocencia se invoca selectivamente.
España necesita algo muy distinto al lamento conspiranoico: transparencia radical, independencia judicial reforzada, limitación de mandatos, auditorías externas de contratos públicos y una financiación de partidos cristalina. Los ciudadanos están hartos de que cada escándalo termine en excusas partidistas en lugar de responsabilidades políticas y penales.
La imputación de Zapatero —primer expresidente investigado por corrupción en democracia— no es un ataque al PSOE. Es un síntoma más de que el sistema no funciona. Negarlo con teorías de complot solo acelera el descrédito.
El Régimen del 78 está podrido. Fingir que el problema es solo “el otro” o una persecución externa no salva al PSOE, ni a España. Solo perpetúa la descomposición. Es hora de mirar de frente la realidad, no de victimizarse ante ella.
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