La pobreza es invisible, pero está muy presente en España, y, aunque aún no hay datos pormenorizados del efecto que tiene la pandemia en las situaciones de pobreza, sí podemos aproximarnos con algunos indicadores.
Por Mª Ángeles Castellanos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado 15 de julio la Encuesta de condiciones de vida (ECV) del año 2020. La ECV encuesta a una muestra de hogares durante el cuarto trimestre de cada año y recoge información sobre sus condiciones de vida en el momento de la entrevista, así como de los ingresos del año anterior. El efecto de la pandemia en los datos de la ECV-2020 es, por tanto, solo parcial, dado que los datos económicos reflejan una situación previa, según detalla el propio INE.
Si analizamos los datos que sí recogen la realidad de 2020, el 35,4% de la población española no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y este porcentaje sube al 36,5% en el caso de las mujeres.
Si hablamos de temperatura en la vivienda, el 11% de la población no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Y si hablamos de vacaciones, ahora que el turismo nacional está siendo decisivo para reactivar el sector, el 34,4% de la población no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
No poder mantener una temperatura adecuada no es el único problema en las viviendas, así, también según la ECV, el 39% de los hogares tienen algún problema de ruido, contaminación, carencia de luz o delincuencia, este porcentaje sube al 53% cuando hablamos de viviendas en alquiler con precio inferior al de mercado y baja al 37% en las viviendas en propiedad.
Es llamativa la situación de las viviendas en alquiler con precio inferior al mercado, el 19% de estas viviendas tiene problemas de contaminación y el 18% escasez de luz, sin duda, vivir en estas condiciones tiene consecuencias para la salud y quienes viven en estas viviendas son las personas con menos recursos que no pueden acceder a otras viviendas más saludables.
Otro indicador de la ECV es la carencia material severa, en 2020 en España 3.300.000 personas viven en esta situación, lo que supone el 7% de la población frente al 4,7% del año anterior.
De los nueve conceptos que determinan la inclusión de la población en situación de carencia material, los que más empeoraron en 2020 fueron: “ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses” (13,5%, frente a 8,3% en 2019), “no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada” (10,9%, frente a 7,6%) y “no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días” (5,4%, frente a 3,8%), según la nota de prensa del INE.
Es indudable el empeoramiento de la calidad de vida de la población española durante 2020 y la situación hubiera sido y sería mucho más dramática si no se hubieran puesto en marcha el sistema de los ERTE, un sistema que ha permitido mantener el empleo de millones de personas, que les ha garantizando un nivel mínimo de ingresos y que ha permitido una rápida recuperación tanto de la actividad como del consumo.
La situación ha sido más difícil para quienes estaban en la economía sumergida, para quienes tenían los contratos más precarios o para quienes tenían falsas jornadas parciales. La irregularidad de su situación les ha impedido acceder al escudo que ha supuesto los ERTE y aunque también se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, su funcionamiento no está exento de dificultades que han impedido que tenga buena cobertura.
Sin duda, para quienes viven estas situaciones de precariedad, los salarios constituyen su principal fuente de ingresos y con empleo decente muchos de estos problemas no existirían o tendrían una dimensión mucho menor.
El INE también proporciona datos de salarios, tiene varias publicaciones en este sentido, una de ellas es la Encuesta Trimestral de Coste Salarial, los datos más recientes son los del segundo trimestre de este mismo año. Si analizamos los salarios de las distintas actividades económicas encontramos salarios medios de tan solo 885,86 €/mes en la hostelería, un sector en el que en junio trabajaban 1.215.000 personas, o de 1.389,73 € en Actividades administrativas y servicios auxiliares (aquí se encuadran las ETT) una actividad que empleaba a 1.336.153 personas también en junio de este mismo año.
Los salarios más altos están en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado donde alcanzan los 5.608,49 €/mes, pero aquí tan solo trabajan 34.625 personas.
El tipo de jornada es otro elemento que determina el salario, no solo por el hecho de tener menos ingresos por trabajar menos horas, el salario hora es menor cuando la jornada es parcial, con diferencias muy notables, por ejemplo, en las actividades sanitarias el salario hora es de 16,19 € en la jornada completa pero baja hasta los 11,26 € en la parcial.
Estos bajos salarios en actividades de mucho empleo son determinantes para las situaciones de carencia material, además las actividades con salarios bajos tienen alta temporalidad lo que sitúa a las personas con estos empleos en una situación de riesgo y sin posibilidad de ahorro para hacer frente a situaciones imprevistas.
Y como señalaba antes, muchas de las personas con los trabajos más precarios los perdieron durante el confinamiento y no se pudieron beneficiar de medidas como los ERTE.
Que perdieron en mayor medida su empleo quienes tenían los sueldos más bajos se ve de forma clara con el incremento que experimentaron las bases medias de cotización a la Seguridad Social en abril de 2020, el hecho de que quienes perdieron su empleo tuvieran los salarios más bajos determinó que la media de la base de cotización se incrementara de forma notable en pleno confinamiento, así, siguiendo con la hostelería, la base media de cotización de quienes trabajaban en servicios de comidas y bebidas en abril del 2019 era de 982 euros y en abril de 2020 subió hasta los 1.138,5 € lo que supone un incremento del 16% que se explica por la salida del empleo de las camareras y los camareros con los salarios más bajos.
Por otro lado y por seguir con el sector, en este tiempo de pandemia, si algo ha compartido protagonismo con las cifras de la propia pandemia, ha sido la hostelería, hemos sido puntualmente informadas de las restricciones de horarios y aforos y de las interminables quejas del empresariado del sector. La posibilidad o no de ir a los bares ha tenido un papel destacado en la campaña de las Elecciones Autonómicas en la Comunidad de Madrid y en muchos municipios se ha arrebatado parte del espacio público para cederlo a bares y demás establecimientos del ramo para que puedan expandir sus locales en las calles, plazas y aceras que antes eran para uso y disfrute de la ciudadanía en general.
Tanto interés pudiera interpretarse como una valoración ciudadana de la hostelería, ha habido más preocupación por el aforo de los bares que por la falta de presencialidad en la atención primaria, pero, a pesar de ser tan valorados los servicios prestados y a pesar de la atención que ha recibido el sector, las condiciones laborales de quienes son imprescindibles para prestar este servicio han sido invisibles y estaban y están en una situación de alta precariedad, con salarios muy bajos como hemos visto, y con riesgo elevado de perder el empleo, por no hablar de la infracotización de jornadas o de la economía sumergida tan presente en estas actividades económicas.
La economía sumergida priva de derechos a las personas que ocupa y cuando hubo que cerrar establecimientos aquellas personas que estaban trabajando sin contrato y sin alta en la Seguridad Social se quedaron fuera de los mecanismos de protección más inmediatos, carecían de red de protección y en muchos casos, su precariedad previa les había impedido tejer su propia red de protección ante imprevistos.
Las propuestas de la derecha que habla de bajar cotizaciones y de bajar impuestos y que además argumentan que esto supondrá un aumento del sueldo neto de quienes trabajan, en realidad están ofreciendo la vida que han vivido durante el confinamiento quienes procedían de la economía sumergida, una vida sin red presente ni futura, porque, aunque se incremente algo el salario neto, no va a ser suficiente para asumir desde el ámbito privado lo que los servicios públicos ofrecen con una financiación colectiva.
Lo que ofrecen quienes hacen bandera de la bajada de impuestos, que son quienes defendían el fin de las restricciones pero sin preocuparse por quienes trabajan y suben de verdad las persianas del país, no ofrecen libertad, ofrecen explotación y vidas precarias endulzadas con el sueño inalcanzable de que con el esfuerzo individual un día quienes hoy son pobres, mañana nadarán en la abundancia gracias a los 10 euros que les prometen a cambio de no tener retenciones o cotizaciones.
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