Ninguna pensión por debajo de mil euros

Por Nuria Suárez, co-portavoz de 
Viñetas de Iñaki y Frenchy


De forma prácticamente diaria amanecemos con noticias, estadísticas y rumores sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Uno de los focos emisores principales de estos sombríos diagnósticos es el Fondo Monetario Internacional. En abril del 2012 su directora gerente Christine Lagarde llegó a reclamar que se recortaran las prestaciones y se retrasara la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Desde entonces sus amenazantes recomendaciones han sido constantes, sin ir más lejos el pasado mes de octubre atacó la revalorización de las pensiones en España diciendo que ponía en peligro “la sostenibilidad finaciera”.

Pero aunque estas declaraciones en muchas ocasiones nos produzcan escalofríos, no debemos pensar mal, esta fijación con el sistema público de pensiones español como decía genialmente Al Pacino en El Padrino “no es personal, Sony, solo es negocio”. Negocio, un gran negocio, en concreto de aproximadamente 140 mil millones de euros, más de la décima parte del producto interior bruto de nuestro país. Este es el suculento bocado por el que luchan los fondos privados de pensiones y el motivo del clima de opinión incesante que  generan con estudios y artículos de opinión acerca de la “insostenibilidad de las pensiones públicas”

Es necesaria una reforma que introduzca de forma explícita en la Carta Magna la prohibición de privatizar las pensiones y degradar su poder adquisitivo

Sin embargo el sistema público de pensiones español es un ejemplo de solidaridad intergeneracional e interterritorial que en los momentos más duros del paro y los recortes ha sido un factor de cohesión social. Frente a la estabilidad de este sistema público;  en 2008, tras la caída de Lehman Brothers los fondos de inversión privados de todo el planeta perdieron un 18’3% de su valor, según datos proporcionados por la patronal de planes privados, Inverco.

Blindar las Pensiones en la Constitución es una prioridad

Hace 25 años el negocio de los planes privados de pensiones en nuestro país no llegaba al 1% del PIB, en estos momentos supone ya un 8%. El peligro de privatización de las pensiones es un hecho y por eso la lucha que encabeza la MERP – una plataforma que une a más de trescientas organizaciones muy diversas – por el Blindaje Constitucional de las Pensiones es absolutamente prioritaria.

Las pensiones son la lucha más unitaria porque afectan al 90% de la población, de cualquier sector seas trabajador del régimen general o autónomo; seas catalán, canario o gallego. Y además nos afectan en los momentos más difíciles de la vida. Por eso es necesaria una reforma estructural, una reforma que convierta las pensiones públicas en un derecho fundamental incuestionable, que las incorpore en el capítulo de la Constitución de Derechos y Libertades. Es necesaria una reforma que introduzca de forma explícita en la Carta Magna la prohibición de privatizar las pensiones y degradar su poder adquisitivo asegurando que con independencia del gobierno de turno quede blindado legalmente nuestro sistema público de pensiones. Esta batalla es necesaria pero además puede ser un salto en la lucha por los derechos, un salto a la altura de lo que supuso en la transición democrática la conquista de determinadas libertades, puede ser un antes y un después.

Ninguna pensión por debajo de mil euros

Pero en la lucha por la defensa de las pensiones debemos ir sin duda más allá. Si es común valorar que la exigencia de un salario mínimo interprofesional de mil euros es un punto básico de  unas condiciones de vida dignas; de igual manera la pensión mínima debe ser de mil euros. No hay ninguna razón para que sea menor porque la cuantía de las  necesidades de un jubilado son similares a las de un trabajador e incluso en algunos casos por motivos de dependencia, medicación.. pueden ser mayores.

La propuesta no es que el Estado se endeude para poner en marcha esta necesidad social, sino que una parte de las ingentes riquezas que generamos en nuestro país se destine a ello.

La pregunta obligada es si hay dinero para ello. Por supuesto que lo hay si se redistribuye la riqueza . El concepto de redistribuir la riqueza es contrario al de reparto o endeudamiento, por tanto  no propongo que el Estado se endeude para poner en marcha esta necesidad social, sino que una parte de las ingentes riquezas que generamos en nuestro país se destine a ello. Por ejemplo para garantizar una pensión mínima de 1000 euros son necesarios 11.800 millones, si aplicásemos a los enormes beneficios de los que se apropian bancos, monopolios y multinacionales un impuesto de sociedades del 50% se recaudarían 50.000 millones más de euros y nos quedaría un saldo bastante holgado, ni más ni menos que de 38.200.

La situación actual es muy diferente. De hecho el Banco de Santander en los últimos años ha pagado de media un 7% de sus beneficios, muy por debajo del tipo oficial del 30%, es más en el 2014 le salió a devolver y Hacienda le reembolsó 315 millones. Este es la actual e injusta distribución de la riqueza.

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