Nicaragua, la revolución robada

Por Daniel Seijo

«Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido.»

Malcolm X

«Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza.»

Augusto C. Sandino

Pocos son los que todavía hoy en Nicaragua consideran a Daniel Ortega como un General de Hombres Libres. El abismo ideológico y práctico que separa al que fuese líder de la Revolución Sandinista (1979-1990) del legado de la figura del revolucionario Augusto Sandino se ha ensanchado a lo largo del tiempo fruto de la concentración del poder institucional –que ha provocado que el Frente Sandinista de Liberación Nacional en ocasiones se aleje peligrosamente del diálogo democrático con el conjunto social– y de las políticas económicas liberales –avaladas incluso por agencia Fitch Ratings– que han favorecido decididamente al sector empresarial. Pero seamos claros, antes de abrazar decididamente la unísona tendencia mediática que califica al actual presidente de Nicaragua como un dictador, deberíamos pararnos en un amplio debate en el que nombres como Salmán bin Abdulaziz, Mohamed VI, Teodoro Obiang, Michel Temer o Juan Orlando Hernández podrían generar serias dudas a la hora de aplicar indiscriminadamente el criterio occidental para discernir entre democracias y regímenes no democráticos. Ni Daniel Ortega es el líder de izquierda que el mismo reivindica, ni con toda certeza Nicaragua supone hoy un estado con menos libertades que Arabia Saudi o Guinea Ecuatorial. El caso es que el que hoy escribe no olvida la sentencia de la Haya contra Estados Unidos por su actuación en Nicaragua, ni tampoco guarda simpatía alguna por ningún «hijo de puta»por mucho que este finja ser de los míos, ni por mucho que los medios de comunicación se empeñen en llamar universitarios pacíficos a jóvenes que portan armas de asalto. Continuemos.

Hablar de Ortega es hablar de la oposición al somozismo y de la perseverancia de un joven guerrillero que tras alistarse en filas del FSLN y recibir entrenamiento guerrillero en Cuba, regresó a su país con el objetivo de verlo al fin libre de la tiranía. Es hablar de oposición política y de victoria, pero también supone hoy hacer hincapié en las contradicciones propias de un modelo político que abandonó la inspiración socialista, para al igual que sucedió en Brasil o Venezuela enfrentarse a los límites establecidos sobre aquellos que creyeron poder hacer la revolución dentro del modelo capitalista. Arropado por su compañera, Rosario Murillo, Daniel Ortega ha derivado el antaño ideal de organización social sandinista hacia un populismo basado en ejercer políticas sociales redistributivas –sostenidas a lo largo del tiempo por un crecimiento económico superior al promedio de los países de Latinoamérica– fruto de la buena marcha de la minería, los servicios de intermediación financiera, la construcción y el turismo. El supuesto progresismo de Ortega ha permitido al mandatario conquistar un amplio apoyo popular fruto de amplias inversiones sociales destinadas a la disminución la pobreza –Hambre Cero-, proyectos habitacionales –Plan Techo-, la puesta en marcha del programa de microcrédito Usura Cero o ayudas técnicas al sector del campesinado, en un país en donde la tierra y el alimento todavía suponen un serio problema para muchas familias. La popularidad y el apoyo electoral del FSLN y de su líder, no provienen de fuentes espurias tal y como la prensa occidental nos pretende hacer creer en demasiadas ocasiones, Daniel Ortega ha cimentado su poder en las clases sociales depauperadas y en un débil pacto con el empresariado y la jerarquía católica que hoy parece a ciencia cierta roto.

El sandinismo convertido en dogma, la influencia política en la justicia y el férreo control policial no han sido suficientes para garantizar la viabilidad de un modelo de estado muy dependiente de la inversión extranjera y de la coyuntura económica de los países del ALBA

Como si de la fábula del escorpión y la rana se tratase, y adelantándose a una futura coyuntura política ciertamente adversa, la luna de miel entre el gran empresariado y la revolución sandinista ha llegado a su fin, al calor de la creciente movilización espontánea de cientos de estudiantes en protesta por una reforma de la Seguridad social que pretendía reducir las pensiones con el objetivo de garantizar la viabilidad del Instituto Nicaragüense del Seguro Social. Una reforma económica que anteriormente ha sido aplicada con mayor dureza en países europeos como el nuestro propio, pero que tomada una vez más de forma unilateral por un gobierno con escaso margen produjo las primeras protestas en las calles. Llegados a este punto, resulta complicado discernir si se produjo antes la rebelión o la traición del empresariado y la iglesia –sectores hasta ese momento neutrales con el gobierno-, pero la reacción de Ortega fue la de un líder político poco hábil, la de un general sin visión global y un individuo poco dado al diálogo. Curiosamente, lo único claro a día de hoy es el peso de las decisiones promovidas por el Fondo Monetario Internacional en el debilitamiento de un gobierno de izquierda.

Parecía olvidar Daniel Ortega que ya en 2016 había concurrido a su reelección como presidente bajo amplias sospechas de fraude electoral y serias amenazas de deslegitimación internacional de los resultados, pese a que nadie en su sano juicio podía dudar de una victoria sandinista, que se daba por segura frente a una oposición seriamente desorganizada, la destitución de 28 diputados opositores pertenecientes al Partido Liberal Independiente (PLI), dio al mundo –al menos a la parte del mundo interesada en ello– una excusa perfecta para instalar el mensaje del creciente caudillismo del «régimen político» de Daniel Ortega. Poco parecían importar ya los sondeos previos que auguraban una victoria del sandinismo o que la decisión del CSE respondiese a una petición del propio presidente del PLI Pedro Reyes –cierto que cabría matizar este punto-. En realidad nadie podía imaginar una alternativa política a Ortega dibujada en un ex comandante de «la Contra» como Maximino Rodríguez o en el pastor evangélico Saturnino Cerrato, pero tras la torpeza política de Ortega, a ojos de occidente Nicaragua comenzaba poco a poco y de forma sencilla a convertirse en una dictadura, en un nuevo objetivo mediático a abatir.

Cuando uno se enfrenta a los planes estadounidenses en la región tras 14 años de gobierno de forma ininterrumpida, se necesita algo más que simplemente acumular poder…, la decisión de la principal agrupación de la oposición de no participar en los comicios de 2016 tras denunciar que estos eran una «farsa», las acusaciones de pretender instaurar un régimen de partido único al estilo cubano, las continuas alusiones a una sucesión dinástica o el llamamiento a una abstención masiva, son tácticas que a cualquier venezolano le hubiesen sonado familiares ya en los inicios de la puesta en marcha de una contrarrevolución política en Nicaragua. Ajeno a ello, el gobierno sandinista continuó inmutable su camino convencido de que el control del poder político le garantizaba la supervivencia a una «revolución» que había nacido en la guerrilla, un movimiento político acostumbrado a luchar contra quienes gestionaban el ejercicio del terror.

Pese a los claros indicios de una injerencia externa en las protestas, a los pasos dados o al enrocamiento político de la oposición, hoy es a Daniel Ortega al que le corresponde dar los pasos necesarios para evitar aún más muertos

El sandinismo convertido en dogma, la influencia política en la justicia y el férreo control policial no han sido suficientes para garantizar la viabilidad de un modelo de estado muy dependiente de la inversión extranjera y de la coyuntura económica de los países del ALBA –especialmente Venezuela-, dos factores que en medio de una creciente ofensiva neoliberal en la región parecen adelantar una creciente incertidumbre para el gobierno nicaragüense. Acostumbrado a sofocar las protestas con políticas sociales y no con diálogo, hoy el gobierno de Daniel Ortega parece posar sus esperanzas económicas en el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que se construirá con capitales chinos y que supondría la inyección directa de enormes inversiones, además de crear unos 25,000 empleos en el país. Pero la realidad inmediata es muy distinta, el pueblo nicaragüense continua desangrandose mientras el megaproyecto sandinista se encuentra paralizado en medio de una crisis económica que ha hecho que la empresa china HKND cese sus avances sobre el terreno.

De nada parece servir ya la decisión del presidente Daniel Ortega de derogar la resolución 1.317 sobre la reforma al seguro social y el llamamiento al diálogo con los manifestantes, la represión estatal y la respuesta de grupos opositores fuertemente armados –que recuerdan inevitablemente a la criminalidad de la oposición venezolana– ha provocado cerca de 150 muertos en un país que hasta el momento permanecía ajeno a la violencia instaurada en países vecinos como Honduras, Guatemala o El Salvador. Hoy Nicaragua necesita diálogo para profundizar en un proceso de reconciliación nacional que evite un baño de sangre cada vez más cerca de repetirse. No necesitamos la intervención de Marco Rubio,  ni tampoco agentes externos que legitimen las decisiones adoptadas por los nicaragüenses, no necesitamos la financiación a individuos violentos o una guía política made in Estados Unidos, hoy el país centroamericano necesita ante todo diálogo y cordura. Pero pese a los claros indicios de una injerencia externa en las protestas, pese a los pasos dados o al enrocamiento político de la oposición, hoy es a Daniel Ortega al que le corresponde dar los pasos necesarios para evitar aún más muertos, para devolver la paz al país. Quizás hoy el líder del sandinismo deba recuperar el espíritu de la revolución del 70, deba al fin devolver la revolución robada. Démosle una oportunidad a la paz.