Ni Historia es Propaganda, ni Documento es Monumento

Santoña no es un caso aislado. En Cantabria, siete ayuntamientos mantienen aún homenajes al franquismo y desafían a la Fiscalía de Memoria Democrática.

Por Lucio Martínez Pereda | 8/08/2026

En septiembre de 2026 el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha vuelto a recordar una verdad molesta para algunos ayuntamientos: la dictadura no es patrimonio local, ni folklore, ni “historia que hay que conservar”. El monumento a Carrero Blanco en Santoña ha sido incorporado al catálogo de simbología franquista y se da al Ayuntamiento seis meses para retirarlo de la vía pública. La resolución es clara: no existen razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento; su función es la exaltación de la sublevación militar, la guerra y la dictadura.

El Ayuntamiento de Santoña intentó salvar la estatua argumentando que Carrero Blanco fue también “víctima del terrorismo”, dado que murió en un atentado de ETA. Es la misma maniobra que ya hemos visto en otros contextos: convertir al verdugo en mártir. Decir “Carrero Blanco también fue víctima” no es un ejercicio de complejidad histórica; es un procedimiento de blanqueo. Permite construir una simetría ficticia entre víctimas y victimarios, entre los que sufrieron la dictadura y los que la diseñaron, ejecutaron y legitimaron.

Carrero Blanco fue vicepresidente del Gobierno y luego presidente del Gobierno designado por Franco; pieza clave de la continuidad del régimen y arquitecto de la represión en los últimos años de la dictadura. Su monumento no recuerda a una “víctima”; celebra a un dirigente de un Estado que encarceló, torturó, fusiló y negó derechos fundamentales durante casi cuatro décadas. La resolución ministerial llega en un momento en que varias comunidades y ayuntamientos gobernados por PP y Vox ensayan leyes de “concordia” que, bajo un nombre amable, buscan neutralizar la Ley de Memoria Democrática. Extremadura derogó su ley de memoria en 2025; Andalucía se prepara para seguir ese camino.

Santoña no es un caso aislado. En Cantabria, siete ayuntamientos mantienen aún homenajes al franquismo y desafían a la Fiscalía de Memoria Democrática. El monumento a Carrero Blanco se ha convertido en un símbolo de esa resistencia: una pieza de 40 metros que los informes técnicos descartan como valor arquitectónico singular, pero que ciertos sectores defienden como “identidad local” y “historia que no se elimina”.

La Ley de Memoria Democrática no ordena “eliminar la historia”; ordena dejar de exaltar en el espacio público a quienes construyeron y sostuvieron una dictadura. La historia se estudia, se investiga, se debate; no se convierte en estatua de honor en una plaza. Cuando un gobierno local dice “la Historia no se elimina; se estudia” para justificar la permanencia de un monumento franquista, lo que está haciendo es confundir deliberadamente museo con pedestal propagandístico . Y esa confusión no es inocente. Es el núcleo de la operación política que hoy se intenta en Santoña y en otros lugares: presentar la retirada de símbolos franquistas como un ataque a la historia, cuando en realidad es un acto de higiene democrática.

La historia como disciplina, la propaganda como herramienta

La Historia, entendida como disciplina crítica, se nutre de la duda metódica, del contraste de fuentes, de la interpretación rigurosa y del debate abierto. No canoniza, no santifica, no erige altares. La propaganda, en cambio, necesita monumentos, fechas fijas, héroes intocables y relatos unívocos. Su función no es explicar, sino persuadir; no es investigar, sino legitimar. Cuando un ayuntamiento defiende un monumento a Carrero Blanco apelando a la “historia”, lo que en realidad está defendiendo es un relato cerrado, blindado contra la crítica, diseñado para transmitir una única mensaje: que hubo un “orden” que merece ser recordado con honor.

Ese “orden” fue una dictadura. Y Carrero Blanco no fue un espectador, sino uno de sus arquitectos principales. Como vicepresidente del Gobierno desde 1967 y luego presidente designado por Franco en 1973, fue pieza esencial en la planificación de la represión, en la perpetuación del régimen y en la designación de Juan Carlos I como sucesor. Su estatua no es un “documento histórico”; es un acto de celebración política. Y la Ley de Memoria Democrática no prohíbe estudiar ese periodo; prohíbe honrarlo en el espacio público.

La simetría ficticia: convertir al verdugo en víctima

El argumento de que Carrero Blanco “también fue víctima” del terrorismo de ETA es, en el fondo, una maniobra de equivalencia moral. Se trata de instalar una idea peligrosa: que en el conflicto entre dictadura y democracia hubo “víctimas en ambos lados”, y que por tanto la memoria debe ser “equilibrada”. Pero esa simetría es falsa. No hay equivalencia posible entre quien sufre la represión de un Estado autoritario y quien forma parte de ese Estado represivo. No hay “dos lados” en una dictadura; hay un lado que ejerce el poder y otro que lo padece. Decir que Carrero Blanco fue “víctima del terrorismo” no es falso en sentido literal —lo fue, efectivamente, en 1973—, pero es engañoso en sentido histórico. Porque omite el contexto: que murió como jefe de Gobierno de una dictadura, que su asesinato fue consecuencia de la violencia política que él mismo ayudó a estructurar, y que su legado no es el de un “ciudadano cualquiera”, sino el de un dirigente clave de un régimen que negó derechos, encarceló sin juicio y ejecutó a opositores. Honrarlo como “víctima” es borrar esa realidad.

El patrimonio como coartada

Otro de los argumentos esgrimidos es el valor patrimonial del monumento. Se dice que la obra de Juan de Ávalos tiene “interés artístico” y que por tanto debe ser protegida como Bien de Interés Cultural (BIC). Pero los informes técnicos del Ministerio ya han descartado que el conjunto tenga un valor arquitectónico singular que justifique su mantenimiento en la vía pública. Y aunque lo tuviera, el patrimonio no puede ser una coartada para la exaltación franquista.

El patrimonio no es neutral. Cada monumento, cada placa, cada nombre de calle es una decisión política sobre qué merece ser recordado y qué no. Cuando un ayuntamiento declara BIC un monumento a Carrero Blanco, lo que está haciendo es usar el patrimonio como escudo para proteger un relato concreto: el de que el franquismo fue un periodo “legítimo”, “ordenado” y “digno de honor”. Esa no es una lectura histórica; es una lectura ideológica.

La memoria como obligación democrática

La Ley de Memoria Democrática no es una ley contra la historia. Es una ley contra la impunidad simbólica. No ordena olvidar; ordena dejar de celebrar. No prohíbe investigar; prohíbe exaltar. Y en un momento en que varias comunidades autónomas ensayan leyes de “concordia” que buscan neutralizar la memoria democrática, casos como el de Santoña se convierten en trincheras políticas.
Extremadura derogó su ley de memoria en 2025. Andalucía prepara algo similar. En Cantabria, siete ayuntamientos mantienen homenajes al franquismo y desafían a la Fiscalía. No es una coincidencia. Es una estrategia coordinada para presentar la memoria democrática como un “imposition” del Gobierno central, y para convertir a los ayuntamientos en “defensores de la historia local”. Pero la historia local no es incompatible con la memoria democrática; al contrario, la memoria democrática es la herramienta que permite estudiar esa historia local sin caer en la propaganda.

La historia no necesita estatuas

La historia no necesita estatuas. Necesita archivos e investigaciones. Las estatuas son para los héroes, no para los objetos de estudio. Y Carrero Blanco no es un objeto de estudio neutral; es un símbolo político. Retirar su monumento no es “eliminar la historia”; es dejar de usar el espacio público para honrar a quien diseñó y ejecutó una dictadura. Cuando un gobierno local dice “la historia no se elimina; se estudia” para justificar la permanencia de un monumento franquista, lo que está haciendo es confundir deliberadamente museo con pedestal propagandístico. Y esa confusión no es un error; es una estrategia. Porque mientras la historia se estudia la propaganda se celebra en las plazas.

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