Rohingyas y el silencio de la comunidad internacional

Por Dani Seixo

Rescatamos este artículo publicado a mediados de abril de 2017, escrito por nuestro compañero Dani Seixo, que, desgraciadamente, en esencia, podría haber sido escrito ayer, la cuestión del genocidio del pueblo rohingya  sigue siendo una realidad, que cuenta  con el silencio cómplice de esa comunidad internacional, a la que tanto se le llena la boca cuando habla de derechos humanos en otras partes del mundo.

Los rohingyas forman parte de las minorías olvidadas del mundo, un pueblo sin estado, sin aliados, perseguidos y asesinados durante décadas por sus creencias, por su cultura. Actualmente, cerca de un millón de ellos sobreviven en Myanmar pese a las dificultades que procesar el islam les provoca frente a las autoridades de este país asiático de mayoría budista. Un país de «acogida» que no los reconoce como grupo étnico, y por tanto, tampoco los considera ciudadanos. Una situación que para ellos se traduce en la falta de derechos tan básicos como la educación o la sanidad.

Hubo una época no tan lejana, en que en la antigua Birmania los rohingyas convivían con otras comunidades a ambos lados de la frontera. Eso fue antes de un proceso de descolonización del Reino Unido deplorable, diversos coqueteos armados con Pakistán y la imposición definitiva de la lógica militar y la venganza en la región. Hoy la realidad del pueblo rohingya, es la de un pueblo perseguido y masacrado. Tan solo en las últimas semanas, más de 87.000 miembros de este grupo étnico, han llegado al vecino Bangladesh huyendo del oeste de Myanmar, donde una campaña militar de represalia contra la insurgencia rohingya ha vuelto a despertar los viejos fantasmas de la persecución étnica, del genocidio. Una amenaza que nunca ha llegado a disiparse totalmente del imaginario de un pueblo demasiado acostumbrado al temor que produce el ruido de los machetes contra el suelo y los fusiles en manos del ejercito, o las «guerrillas» civiles budistas auspiciadas por el estado.

Todo sucede en medio del profundo silencio de una comunidad internacional, que al igual que sucedió con el ‘Gran Crimen’ en Armenia o la barbarie de Ruanda, prefiere mirar para otro lado ante las crueles disputas por las diferencias étnicas y religiosas entre los desheredados del mundo. Unas guerras creadas y azuzadas por la secuelas propias de una realidad postcolonial, en donde en la mayoría de las ocasiones, la presencia de las antiguas colonias no puede seguirse mucho más allá del escaso rastro que el negocio del tráfico de armas deja tras de sí.

La sombra de la muerte y la persecución no supone una novedad en la región, pese a que muchos de ustedes nunca hayan escuchado hablar del drama de esta minoría olvidada en los folletos que las grandes compañías de turismo occidentales ofertan en sus tours a Myanmar. Después de todo, pese a la matanza que se está llevando a cabo contra los rohingyas, quien la lleva a cabo un país aliado, un fiel socio militar de Washington, y eso hace que ni Donald Trump, ni ninguno de sus socios internacionales, estén preparando apresuradas sanciones contra un país cuyo ejercito está acusado incluso de decapitar y quemar vivos a niños.

En 2012, tras el hallazgo del cadáver de una mujer budista que al parecer había sido violada y asesinada por tres musulmanes, funcionarios, líderes comunitarios de la etnia Arakanese y monjes budistas, lanzaron un llamamiento a la población del estado de Arakán para llevar a cabo lo que sin duda podría considerarse como una limpieza étnica contra los rohingyas.

Entre los cargos públicos o religiosos que fomentaron el enfrentamiento uno puede encontrarse a personajes como el monje budista Ashin Wirathu, más conocido como el Bin Laden birmano. Una especie de predicador del odio que utilizó su monasterio en la ciudad de Mandalay, al norte de Myanmar, para lanzar  mensajes a sus fieles fomentando el odio religioso y la persecución étnica contra los rohingyas. Un llamamiento a la muerte que desafiaba definitivamente, sin que nadie quisiese aceptarlo, la idealización del budismo tan propia de occidente. La violencia desatada por los principales estamentos del estado se alargó durante meses imponiendo con ella su delirante visión de la justicia, una visión basada exclusivamente en los prejuicios hacia el Islam y en la fuerza de las armas.

De ese modo, los largos cuchillos y los garrotes tachonados de clavos; que portaba la multitud durante los ajusticiamientos, terminaron cobrándose  más de 200 muertos, 800 edificios y casas flotantes destruidas, además de suponer el principal punto de partida para el éxodo de más de 100.000 rohingyas que huyeron del país buscando un futuro lejos de la violencia. Un desplazamiento forzado ante la amenaza real de un genocidio organizado. Un viaje que sin que ellos lo supiesen, no los alejaría demasiado de las mismas puertas del infierno.

Decenas de miles de personas huyeron de la ola de violencia y las políticas de exclusión sistemática en Myanmar hacia al vecino Bangladés, un supuesto país de acogida en donde tan solo 32.000 rohingyas poseen el estatus de refugiado, en una población estimada de entre 300.000 y 500.000 desplazados pertenecientes a esta etnia. La mayoría de estos emigrantes, que huían de una muerte segura, fueron obligados a vivir en campamentos ciertamente insalubres donde enfermedades como la tuberculosis o la diarrea, los amenazaban cada día con la muerte. Muchos otros,  sin duda fruto de la desesperación, optaron por embarcarse en peligrosos viajes rumbo a Malasia, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, India o diferentes Estados de Oriente Medio donde todavía existía para ellos la remota posibilidad de buscar un trabajo digno con el que comenzar una nueva vida. Ya en manos de las redes de tráfico de personas, y hacinados en barcos junto a los bengalíes que huían de la extrema pobreza en su país, los rohingyas se encontraron finalmente en condiciones deplorables vagando a la deriva  por las aguas del Mar de Andamán.

Todo sucede en medio del profundo silencio de una comunidad internacional, que al igual que sucedió con el ‘Gran Crimen’ en Armenia o la barbarie de Ruanda, prefiere mirar para otro lado ante las crueles disputas por las diferencias étnicas y religiosas entre los desheredados del mundo

Una situación límite que recuerda demasiado a lo que sucede cada año en el Mediterráneo. Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, que en esta región se alarga entre octubre y abril, miles de desplazados rohingyas pagan grandes sumas de dinero a las mafias de seres humanos para intentar alcanzar un futuro lejos de las fronteras birmanas. Las mafias por su parte, ven en la comunidad rohingya un prospero negocio en el que cada año decenas de miles de personas se arrojan a sus manos buscando un futuro, un destino que en el mejor de los casos suele terminar en campos de prisioneros en mitad de la jungla (en los que los permanecerán cautivos hasta que sus parientes en Birmania o Malasia paguen un rescate para liberarlos) o sí por desgracia uno no ha corrido tanta suerte, acabará directamente en alguna de las numerosas fosas comunes que plagan esta región del Sudeste Asiático.

Pese a todo, cada día parten de las costas de Arakan varias decenas de barcos repletos de refugiados que han estado esperando durante semanas a completar una carga de entre 300 y 500 personas, hacinadas en cada rincón de viejos barcos que a duras penas podrán soportar el trayecto. Inevitablemente, parte del pasaje morirá fruto del hambre, la deshidratación o por las numerosas enfermedades presentes a bordo. Sus cuerpos, simplemente serán arrojados al mar.

Tailandia supone uno de los principales puntos de destino de esta red de tráfico de personas. En plena confluencia de las rutas migratorias que se dirigen a Malasia, son muchos los desplazados rohingyas que en este territorio pasan a formar parte de un negocio de explotación humana que cada año reporta  a al país millones de dólares de forma ilícita. Explotados con eternos turnos en barcos de pesca, hacinados en las fábricas de la gran capital, encadenados al trabajo esclavo en las plantaciones de caucho o directamente  en el caso de las mujeres y los menores, obligados a prostituirse o mendigar en las calles por un jornal en forma de dólares o euros.

La existencia del los rohingyas parece destinada al olvido y a la tortura. La mayoría de los desplazados de esta etnia traen consigo relatos sobre asesinatos y violaciones, que en muchas ocasiones se repetirán durante las largas travesías que a cambio de unos cientos de dólares  les permitirán alcanzar, en el mejor de los casos,  las costas de Malasia o Indonesia.

¿POR QUÉ ARRIESGARSE ENTONCES A EMPRENDER ESTA TRAVESÍA?

La mayor parte de los hombres huyen de los enfrentamientos armados y la falta de trabajo, mientras que las mujeres buscan una salida a la constante violencia sexual y a una sociedad profundamente machista que habitualmente les impedirá salir del domicilio familiar tras la primera menstruación. Sin que lo sepan, el futuro que les espera en en Malasia no es mucho más prometedor. En caso de que logren escapar de la violencia que se produce en las rutas migratorias, al otro lado les aguarda un matrimonio concertado con un hombre mucho mayor que ellas.

Sin duda, todo parece apuntar a que en el tráfico de Rohingyas están implicados (entre otras autoridades) funcionarios estatales y miembros de las propias fábricas locales. Durante décadas y sin que nadie haya hecho nada por evitarlo, los campos dedicados al tráfico de personas han permanecido ocultos entre las paradisiacas costas del sudeste asiático y los resorts de lujo propios del turismo internacional.

¿PERO CUAL ES LA VERDADERA SOLUCIÓN?

En 2015 argumentando un intento por impedir un posible “factor de atracción” para los refugiados, que haría que estos terminasen robando los puestos de trabajo y los medios de subsistencia a sus ciudadanos (un argumento que tristemente debería resultarnos familiar) los gobiernos de Tailandia, Malasia e Indonesia se decidieron a impedir que cerca de 8.000 desplazados arribaran a sus costas. Pronto la realidad tras esa decisión fue la de barcos a la deriva durante semanas en alta mar, sin alimento ni agua potable. Las denuncias de asociaciones como «Asia Human Rights Watch» exponiendo ante la comunidad internacional lo inhumano de esta decisión, dejaron de manifiesto que no había un plan para los refugiados rohingyas. No existía un verdadero interés por solucionar un problema que solo afectaba a los más desheredados de la región. ¿Acaso sucedería lo mismo si en los barcos hubiese ciudadanos blancos y cristianos?

La actual crisis en Myanmar se desató el 9 de octubre, tras un ataque de La guerrilla del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) que se cobró la vida  de nueve policías y cinco soldado en tres puestos fronterizos. Tras tildar el ataque como un intento de invasión por fuerzas extranjeras, las autoridades birmanas decidieron dotar con armas a los colectivos civiles budistas para que de esa forma pudiesen proteger sus pueblos. Mientras tanto,  el ejercito del país decidió llevar a cabo una operación militar de castigo contra la guerrilla que terminó afectando a toda la población. Las consecuencias de aplicar de nuevo la lógica de las armas, fueron una vez más los desplazamientos forzados, la persecución étnica y la muerte como forma de diálogo. La propia ONU aseguraba en recientes declaraciones, que los rohingyas están siendo «castigados de forma colectiva» con el objetivo último de llevar a cabo una «limpieza étnica».

Destacadas figuras birmanas como la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, parecen respaldar de forma directa la represión de su gobierno contra los rohingyas. Presionada políticamente por un país que con la llegada de la democracia ha permitido que la discriminación entre en el debate político, la postura de la que en otra hora fuese líder del movimiento por la democratización de Birmania, ha sido la de entrar directamente en el peligroso discurso populista propio de la oposición del país. Una oposición curiosamente volcada con el mensaje islamófobo de los monjes budistas, en un intento por conservar cierta representación política frente a Liga Nacional por la Democracia, el partido al que actualmente pertenece Aung San Suu Kyi. Paradójicamente, la prestigiosa academia sueca ve de este modo, como tanto en Asia como en Europa, sus Premio Nobel de la Paz se encuentra directamente relacionados con las grandes tragedias de la emigración forzada por la guerra y el tráfico de personas.

El Genocidio al que Myanmar está sometiendo al pueblo rohingya, supone para cualquier observador una profunda vena abierta en el cuerpo de la comunidad internacional y su legitimidad. Desde que en 1948 el país consiguiera finalmente su independencia,  esta minoría étnica ha sido víctima de tortura, negligencia y represión. Ni la llegada de la democracia, ni el reconocimiento internacional de sus figuras políticas ha parecido variar de forma alguna esta cruel realidad, puede que sea por tanto hora de pensar en aplicar posibles sanciones contra un gobierno que ha dado sobradas muestras de estar llevando a cabo un genocidio contra gran parte de los habitantes de su territorio, sean o no considerados estos como ciudadanos de ese país.

El aumento de la presencia de grupos insurgentes como La guerrilla del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan o la difusión de videos de grupos extranjeros que llaman a la yihad en el país, deberían hacernos reflexionar sobre cuanto más podrá resistir esta etnia el abuso llevado a cabo contra sus ciudadanos, sin caer en las profundas redes de un terrorismo internacional que opera ya en una región con un equilibrio geopolítico de por sí demasiado frágil. Lo que hoy parecen pequeños grupos armados escasamente organizados, podrían convertirse en un futuro no muy lejano fruto de la continua represión, en un problema con un cariz mucho más serio para la estabilidad del continente.

Por una vez, la comunidad internacional debería estar dispuesta a implementar medidas contra gobiernos considerados amigos de las potencias occidentales, antes de que la escalada militar sea la única solución en la región. Sí la hambruna, las precarias condiciones del pueblo rohingya o la persecución étnica a la que se ven sometidos, no suponen motivos suficientes para la intervención internacional contra sus causantes, al menos intentemos evitar con el esfuerzo diplomático, el surgimiento de un nuevo Oriente Medio en el Sudeste Asiático.

 

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