Hace 106 años un jurado estadounidense decretaba la fragmentación de Standard Oil, que pertenecía a la familia Rockefeller, en 34 empresas independientes. Fue una de las primeras veces que se aplicaba la Ley Sherman (Anti-trust), la principal ley estadounidense destinada a eliminar los monopolios empresariales. Esta ley intentaba prevenir la acumulación de recursos y evitar que se controlara un mercado desde una sola empresa. Su intención no era proteger a los negocios del funcionamiento del mercado; sino proteger al público de abusos de poder.
Aunque ha pasado más de un siglo desde aquella fragmentación, la acumulación de recursos en el mercado, los monopolios y las malas praxis cometidas por empresas siguen al orden del día. En España tenemos varios ejemplos muy conocidos como el monopolio energético, el de telecomunicaciones y otros menos conocidos como el de líneas de autobús. Pero los mayores monopolios, ahora mismo están en el campo de las redes sociales y la comunicación.
El periodismo sufre este problema desde hace años: donde los periódicos tienen que lidiar con los algoritmos de Facebook, Google o Twitter para que sus artículos sean leídos, lo cual hace que, en el mejor de los casos, grandes cabeceras tengan que mezclar importantes noticias periodísticas con otras informaciones menos relevantes pero con potencialidad de ser “virales”. Aunque este quizá no sea el mayor de los problemas.
Es imposible negar que la nula barrera de entrada que tienen las redes sociales para subir contenido ha sido un paraíso de la libertad de expresión, dándole voz a medios, divulgadores científicos, políticos, causas justas, etc. Pero tampoco nunca ha habido tanta libertad para expresar ideas reaccionarias ni tanto aplauso confundiendo la libertad de expresión con la libertad de agresión.
Para hacer más visible el problema se puede buscar en google “inmigración masiva” y podemos ver como las dos primeras entradas son de Alertadigital o la Gaceta, dos periódicos online de extrema derecha, vociferando odio hacia los inmigrantes. Si buscamos “Feminismo” en YouTube, entre las tres primeras entradas encontraremos un video titulado La estafa del feminismo. No faltan ejemplos: Grupos de Facebook de odio al islam o las masivas y constantes campañas de amenaza que reciben personajes públicos en twitter.
El gran problema radica en que los logaritmos de las redes sociales están diseñados para enseñarnos más sobre aquellos temas que ya hemos visto. Esto hace que nuestro muro de Facebook o twitter vaya limitándose cada vez más, sumergiéndonos en una visión parcial del mundo. Esto ya lo explicaba Eli Pariser en su libro “El filtro burbuja” de 2011. Básicamente, teorizaba que las redes sociales mediante sus intentos de personalizar nuestras búsquedas nos muestran el mundo de una manera limitada, metiéndonos en un vórtice ideológico, en una “burbuja informativa” donde solo encontramos información que reafirma nuestras ideas. Internet debería de ser una puerta abierta al mundo. Sin embargo, parece que cada vez hace que nos metamos más dentro de nuestra propia cueva online.
Esto convierte las redes sociales en una maquinaria perfecta para la radicalización ya que los contenidos que difunden el odio no son discriminados. O, por lo menos, así había sido hasta este año. Son más que conocidos los intentos de Facebook por eliminar contenido que pueda afectar elecciones nacionales después de la evidente manipulación Rusa en las elecciones estadounidenses, o los intentos de Twitter por controlar los Bots que expanden mensajes de odio. Otro ejemplo es YouTube que el 1 de Agosto de 2017 publicó un nuevo “User Agreement” que le permite eliminar publicidad a contenido que promulgue el odio, lo cual corta la financiación de sus autores.
Estas medidas van en la buena dirección, pero abren una pregunta más importante: ¿Podemos los ciudadanos permitirnos dejar en manos de grandes corporaciones privadas lo que puede ser censurado y lo que no? Lógicamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que tiene que ser censurado y lo que no, pero ahora mismo los únicos reguladores son los logaritmos secretos de las plataformas de internet. ¿No debería ser un proceso más abierto, transparente y democrático?
En un minuto se suben 400 horas de video a YouTube, se envían medio millón de tweets y se publican un millón de post en Facebook. Obviamente, no hay una manera perfecta de regularlo y evitar que se difundan mensajes de odio, pero esa regulación debería ser pública y estar abierta a debate.
La Ley Sherman anti-monopolios de estados unidos perseguía un objetivo básico: defender al consumidor de abusos de poder. Creo que no es un mal momento para plantearnos una legislación que evite el monopolio de la radicalización.
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