Por Puño en alto
El gobierno de Sánchez anuncia que aprobará en Consejo de Gobierno la nueva ley de Memoria Histórica centrada en lograr el reconocimiento y dignificación de las víctimas de la dictadura al facilitar las exhumaciones y anular las sentencia franquistas y, entre otras cuestiones, pretende ilegalizar entidades que se dediquen a enaltecer figuras dictatoriales o ideas totalitarias y, en su defecto, para que dejen de recibir dinero público, así como, la retirada de condecoraciones aunque sea a título póstumo.
Aunque esta más que necesaria nueva ley estaba en la agenda del gobierno y que la pandemia ha retrasado, no deja de sorprender, las prisas en su aprobación en Consejo de gobierno. No sé si los revuelos formados dentro del gobierno y fuera del mismo por la anunciada absorción de Bankia por CaixaBank tiene que ver algo en ello.
En cualquier caso, a algunos nos ha podido sonar como “no os quejéis, que mira lo que lo vamos a aprobar”, es decir, contentar a la parroquia, mientras se acomete una aberrante privatización de una entidad bancaria nacionalizada y saneada con 20.000 millones del erario público por un gobierno de derecha, que aunque ya estaba dando beneficios no ha devuelto ni un euro, al permitir este gobierno de izquierda, si nadie lo evita, la absorción por parte de un banco privado, lo que supone una manifiesta privatización.
Bankia es una entidad pública y, por ello, no se entiende que se presente la operación de absorción y no fusión por Caixabank, como una cuestión meramente empresarial y ajena a un gobierno que debe defender los intereses públicos. Lo cierto es, como se manifiesta en determinados ámbitos de la izquierda, que se puede perder la oportunidad de que España transforme en beneficio social parte del apoyo con dinero público a la reestructuración bancaria que se hizo en la anterior crisis, además de perder también la oportunidad de disponer de una banca pública fuerte para financiar las inversiones con criterios sociales donde se necesiten y constituya un contrapeso necesario a la banca privada al supeditar la rentabilidad mercantil o empresarial al interés general.
Los aún no paliados efectos ocasionados por la anterior crisis económica y las consecuencias económica y social que la pandemia esta ocasionando, hace necesario la existencia de un banco público que actúe como referencia en las prácticas de la banca privada, muy proclives a la especulación y al oligopolio, de la que se beneficia una elite y que cuando son fallidas la acabamos pagando todos.
En un país como España que tras la crisis económica ha quedado prácticamente huérfano de entidades bancarias públicas, como fueron las Cajas de Ahorro, al ser absorbidas por entidades bancarias privadas una vez saneadas con dinero público, es imprescindible introducir el interés público en una actividad como la bancaria para dar una cierta competencia desde lo público dentro de un sistema con marcado carácter oligopólico.
Asumir esta operación bancaria es asumir postulados neoliberales en economía, que en un PSOE, por su historia reciente, no sorprende, pero si sorprende sobremanera por su socio de gobierno, Unidas Podemos, a quien solo se le ha escuchado manifestar su malestar por no haber sido consultado antes y no por lo que representa la absorción, máxime cuando en no pocas ocasiones Pablo Iglesias había propuesto convertir a Bankia en ese banco público que tanto necesita el país.
En definitiva, desde el gobierno PSOE-UP, en esta ocasión da la impresión que pretende dar una de cal y una de arena. La de cal, ya sabemos cual es y la de arena, con más o menos consenso entre ellos, también.
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