Sin un marco claro que regule la entrada al país y planifique los recursos necesarios, el sistema seguirá reaccionando de forma improvisada, parcheando una crisis tras otra.
Por Javier Guijarro | 19/03/2025
En los últimos años, España ha enfrentado un debate recurrente sobre el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La llegada de estos jóvenes, muchos de ellos procedentes de países del Magreb o del África subsahariana, ha generado tensiones entre gobiernos regionales, acusaciones de insolidaridad y un ruido mediático que a menudo simplifica un problema complejo. Sin embargo, centrarse únicamente en el reparto es quedarse en la superficie de un desafío mucho mayor: la ausencia de un modelo migratorio planificado que aborde de manera integral la integración de los inmigrantes en la sociedad española.
Más allá del reparto
La discusión sobre cómo distribuir a los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas suele girar en torno a cuestiones logísticas y de capacidad: ¿qué regiones tienen más recursos para acogerlos? ¿Es justo que Andalucía o Canarias, por su posición geográfica, asuman una carga desproporcionada? Estas preguntas son legítimas, pero desvían la atención del problema de fondo. El reparto, por sí solo, no soluciona las carencias estructurales que impiden una integración efectiva de estos menores y de otros flujos migratorios. Sin un marco claro que regule la entrada al país y planifique los recursos necesarios, el sistema seguirá reaccionando de forma improvisada, parcheando una crisis tras otra.
La verdadera cuestión no es cuántos menores se envían a Castilla y León o a Cataluña, sino por qué España carece de una política migratoria que establezca cuotas de entrada razonables y sostenibles.
Un modelo así permitiría anticipar la llegada de personas, calcular los recursos necesarios —empleo, vivienda, educación, servicios sociales— y garantizar que la integración sea efectiva, evitando la formación de guetos y los problemas de convivencia que surgen cuando la acogida se deja al azar o a la buena voluntad de unos pocos.
La necesidad de un enfoque progresista y estratégico
Desde una perspectiva progresista, es fundamental desmarcarse tanto de la improvisación como de las narrativas excluyentes de la extrema derecha, que aprovecha estas tensiones para alimentar el miedo y el rechazo al diferente. La inmigración no es un problema en sí misma; es una realidad inherente a un mundo globalizado y una oportunidad para sociedades como la española, que enfrenta retos demográficos como el envejecimiento de la población. Pero para que esta oportunidad se materialice, hace falta visión y planificación.
Un modelo migratorio bien diseñado debería empezar por establecer cuotas de entrada basadas en las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país. Esto significa gestionar los flujos de manera ordenada. Además, es crucial invertir en recursos para la integración: formación profesional, acceso a la vivienda y programas de cohesión social que eviten la marginalización. Los guetos no son un destino inevitable; son el resultado de la desatención y la falta de políticas públicas ambiciosas. Si los menores inmigrantes crecen sin oportunidades, el coste social a largo plazo será mucho mayor que cualquier inversión inicial en su integración.
Desmontando el discurso racista con soluciones reales
La extrema derecha suele presentar la inmigración como una amenaza cultural o económica, un discurso que prospera en el vacío de propuestas concretas. Un enfoque progresista debe desarticular esta narrativa con hechos y soluciones tangibles. No se puede mirar para otro lado, la inmigración no puede ser un tema tabú en el seno de la izquierda. Y eso pasa por abordar la cuestión y garantizar una inmigración bien gestionada.
La polémica por el reparto de menores inmigrantes es un recordatorio de que España no puede seguir improvisando. Necesita un modelo migratorio que mire al futuro, que combine solidaridad con pragmatismo y que devuelva la confianza a una ciudadanía que, en su mayoría, no rechaza la inmigración, sino los efectos de la falta de planificación y la marginalidad.
Este enfoque no solo es posible, sino urgente. Construirlo requiere voluntad política, diálogo entre comunidades autónomas y un liderazgo que apueste por la cohesión social sobre el cortoplacismo electoral. Solo así se podrá transformar un debate estéril en una oportunidad para una España más justa y próspera. La pregunta no es si acoger o no a los inmigrantes, sino cómo hacerlo bien. Y la respuesta está en nuestras manos.
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