Por Puño en alto
No voy a ser yo quien defienda al ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, entre otras consideraciones, porque arrastra un curioso currículum como juez poco ejemplarizante, por no haber acometido a tiempo la necesaria limpieza en la infesta cúpula de los cuerpos de seguridad que dejó el PP y por la nefasta gestión que está haciendo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Somos muchos los que a pesar de que sea ministro del gobierno progresista, no podemos ni debemos olvidar algunas de sus más sobresalientes actuaciones como juez. La causa del Jak 42, Forum Filatélico, como se empleó de la mano del PP contra el dialogo con ETA en tiempos de Rubalcaba, la persecución de los dibujantes de la revista de “El jueves” por atreverse a satirizar a la monarquía, etc.
Tampoco voy a ser yo quien defienda a la Guardia Civil, cuyo honor dicen algunos haberse mancillado tras el cese del coronel Pérez de los Cobos, porque algunos de los más altos mandos, incluidos el coronel cesado, y otros menos altos mandos con nostalgia de tiempos pretéritos de esa vetusta y trasnochada institución se las arreglan ellos solitos para desprestigiarla día si y día también, a pesar, de la abnegada profesionalidad de la mayoría de sus miembros. Tan vetusta y trasnochada que debería desaparecer e integrar a sus miembros en el cuerpo de la policía nacional.
Que un grupo de guardias civiles hagan informes policiales por encargo de una jueza, no solo con inexactitudes gruesas y tendenciosas, sino también manipulando las declaraciones de testigos de manera igualmente tendenciosas y que no hayan sido destituidos o al menos abierto una investigación, dice muy poco a favor de la institución, acerca de la imparcialidad de la misma y como garante de la legalidad. Hay quien ve en todo, además de una evidente causa política, una venganza por la falta de decisión de no proceder a la igualación salarial entre los cuerpos de seguridad del estado con los autonómicos.
Tampoco voy a ser yo quien defienda que se ha soslayado la independencia del poder judicial, porque este poder del estado hace tiempo en este país ha dejado de ser independiente, si alguna vez lo fue, respecto al poder legislativo y mucho menos al ejecutivo y hasta del económico.
Aquellos que ahora se rasgan las vestiduras por una presunta injerencia del gobierno en la acción judicial, deberían ser más cautos y coherentes. Porque flaco favor se le hace a la independencia de la justicia, cuando la casi totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales que representan están políticamente alineadas con una determinada opción política y cuando surge alguna polémica, se sabe perfectamente cuál va a ser la posición de cada una de ellas. La lucha intestina dentro de la judicatura, al margen de los ajustes de cuentas por celos, por motivos profesionales y crematísticos, odios y animadversiones personales, se confunden con motivaciones políticas, que en muy pocas ocasiones tienen que ver con la defensa de una justicia independiente, objetiva y realmente justa, valga la redundancia. Lo cierto es que los ciudadanos, cada dos por tres ven pasmados como desde algunos juzgados o tribunales se dedican más a defender postulados políticos que procurar impartir una verdadera justicia, dando como resultado que mismos hechos y motivaciones obtienen sentencias dispares en función del relieve personal y social de quienes son juzgados, ya sean personas físicas o jurídicas. Y lo dijo aquel alcalde jerezano de infausto recuerdo que terminó en la cárcel: ”La justicia es un cachondeo”. Muy probablemente lo más certero que pudo decir nunca.
Supone unas simples reflexiones con la destitución o cese del coronel Pérez de los Cobos como fondo, polémica que la derecha y ultraderecha y sus medios de comunicación afines alimentados por el poder económico temeroso de perder algo de sus enormes privilegios están aprovechando para erosionar más al gobierno, olvidando como de una súbita amnesia, lo que el PP llegó a hacer desde el ministerio del interior en tiempos del gobierno de Rajoy.
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