Esta protesta revive el espíritu de la Revuelta de la España Vaciada de 2019, pero con un enfoque ampliado hacia las amenazas actuales.
Por Javier Guijarro | 6/10/2025
Madrid fue testigo este domingo 5 de octubre de una movilización del mundo rural español. Bajo el lema «Salvemos el mundo rural», cientos de personas, estimadas en alrededor de 1.500 por la Delegación del Gobierno, procedentes de pueblos de toda España, recorrieron las calles de la capital para denunciar el progresivo abandono de los territorios rurales, el vaciado de servicios públicos y las agresiones ambientales derivadas de macroproyectos extractivistas.
La marcha, convocada por más de 400 plataformas y colectivos como la España Vaciada, Teruel Existe o Soria Ya, partió desde la plaza de Carlos V (Atocha), transitó por el Paseo del Prado y concluyó en la plaza de Cibeles, donde se hizo lectura de un manifiesto redactado por el escritor Javier Sierra.
Esta protesta revive el espíritu de la Revuelta de la España Vaciada de 2019, pero con un enfoque ampliado hacia las amenazas actuales que, según los organizadores, han empeorado la situación en los últimos años. Representantes de regiones como Jaén, Zamora, Teruel, Salamanca o Granada participaron activamente, portando pancartas contra proyectos específicos como la megaplanta solar de Lopera (Jaén), la mina de litio en Cañaveral (Cáceres) o plantas de biogás en Machacón (Salamanca). La manifestación se desarrolló con cánticos como «¡Que pongan los molinos en la Puerta del Sol!» o «¡El campo es mucho más que un resort en vacaciones!», poniendo de manifiesto el rechazo a la especulación y la defensa de un modo de vida sostenible.
Principales demandas
Los participantes exigieron un cambio de modelo territorial que priorice el desarrollo equilibrado y sostenible del medio rural, oponiéndose a la «colonización» por parte de grandes fondos de inversión y empresas que priorizan el lucro sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Entre las demandas clave destacan, por ejemplo, la mejora de servicios públicos esenciales. El mundo rural reclama acceso igualitario a sanidad, educación y transporte en los pueblos, criticando el «vaciado» que obliga a los habitantes a emigrar. Ejemplos concretos incluyen la reducción de listas de espera en sanidad en Teruel o la reapertura de líneas ferroviarias como la Guadix-Baza-Almanzora-Lorca en Andalucía.
Otro elemento central es la oposición a macroproyectos extractivistas. Denuncian las «macrorrenovables» (como parques eólicos y solares masivos), macrogranjas, plantas de biogás y minas, que consideran responsables de la «mayor destrucción medioambiental de la historia de España». Estos proyectos, a menudo subvencionados con fondos europeos sin control adecuado, contaminan suelos, agua y aire, expropian tierras agrícolas y no generan empleo local, sino que benefician a intereses extranjeros.
Además, exigen inversiones en infraestructuras y comunicaciones. Piden más recursos para carreteras, ferrocarriles y vías rápidas que vertebren el territorio, como la transformación de la N-122 en autovía en Zamora o el mantenimiento del tren convencional en Jaén, para combatir la despoblación y fomentar la igualdad territorial.
También centran sus demandas en la protección ambiental y políticas contra la despoblación. El mundo rural exige planes de prevención de incendios, se opone a la privatización de recursos antiincendios y reclama medidas para la soberanía alimentaria y la protección del agua.
La España rural aboga por un «cambio de modelo de país más justo», con deducciones fiscales y ayudas a la rehabilitación rural, reconociendo el valor del campo no solo como proveedor de alimentos y oxígeno, sino como pilar de la biodiversidad y la salud colectiva.
Durante la manifestación se subrayó que el problema no es solo rural, sino nacional: «La gente en las ciudades necesita el medio rural: come del medio rural, respira el oxígeno que hace el medio rural», recordó Ernesto Romeo, de Teruel Existe. Con esta movilización, los colectivos rurales buscaban llamar la atención al Gobierno central y autonómico para que actúen de inmediato, evitando que los pueblos se conviertan en «el patio trasero de las ciudades».
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