Es un entrenamiento sistemático: acostumbrar a la población a ver a los “otros” como amenaza, incluso cuando la realidad lo desmiente.
Por Isabel Ginés | 20/09/2025
El caso es tan claro como doloroso: un incendio en La Isleta, en el que una menor resultó gravemente herida, ha sido investigado durante meses. La justicia, los informes policiales y la propia declaración de la víctima han concluido que se trató de un accidente fortuito. No hay indicios de ataque, no hay intención dolosa, no hubo rociado de líquidos inflamables. La víctima, cuando pudo declarar, lo confirmó con sus propias palabras. Y sin embargo, en paralelo a esa verdad judicial y humana, se fabricó una mentira que sirvió para encender la maquinaria del odio.
Lo grave aquí no es solo la confusión inicial propia de cualquier investigación. Lo verdaderamente intolerable es cómo una parte del espectro político decidió manipular el caso desde el primer minuto, señalando al investigado únicamente por su origen. Se agitó la sospecha como si fuese certeza, se difundió la versión más sensacionalista y cruel sin esperar a las pruebas, y se alimentó una narrativa de criminalización colectiva. Eso no es política: eso es odio organizado, canalizado y rentable.
Estamos hablando de la tercera fuerza política de este país, con representación institucional y con aspiraciones de gobernar, utilizando una tragedia personal para inocular racismo a millones de personas. Es un entrenamiento sistemático: acostumbrar a la población a ver a los “otros” como amenaza, incluso cuando la realidad lo desmiente. El resultado no es solo una opinión más en el debate público: son barrios enteros marcados, son personas convertidas en sospechosas permanentes, es el veneno del racismo convertido en política de masas.
Y mientras tanto, el contraste duele: si un ciudadano cualquiera hace un chiste sobre un tema polémico o cuestiona a la monarquía en redes sociales, se expone a acabar en la Audiencia Nacional. Pero cuando un aspirante a presidente difunde un bulo racista, manipulando un caso abierto y apuntando con ello a toda una comunidad, no pasa absolutamente nada. Esa asimetría es la prueba más clara de que lo que se protege no es la verdad ni la convivencia, sino los privilegios de quienes han aprendido a vivir del odio.
El precio es demasiado alto. Una menor ha sufrido graves quemaduras, una familia ha vivido el infierno del señalamiento, y la sociedad en su conjunto paga las consecuencias de este parásito que se alimenta de la mentira. No hay democracia sana si permitimos que la manipulación se normalice, si asumimos que odiar en prime time forma parte del juego político. La democracia exige responsabilidad, exige respeto a la verdad, y exige poner límites claros a quienes convierten la mentira en arma política.
Porque aquí lo que se está sembrando no es solo confusión: es miedo, es rencor, es la idea de que unos ciudadanos valen menos que otros. Y eso, cuando prende, cuesta generaciones arrancarlo de raíz.
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